Los muertos por los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas superan el centenar

Ya son más de 100 las personas asesinadas por Estados Unidos en aguas internacionales desde que el Gobierno de Donald Trump inició en septiembre una campaña militar en el mar Caribe y el océano Pacífico contra el tráfico de drogas desde la región. El ejército estadounidense llevó a cabo el jueves otro ataque contra dos supuestas narcolanchas, en el que mató a cinco individuos, elevando así la cifra de muertos a 104 en al menos 27 ataques de este tipo.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció el último ataque la noche del jueves de la misma manera que lleva haciéndolo durante meses: con un breve mensaje publicado en la red social X en el que acusa a los tripulantes de las embarcaciones de ser “narcoterroristas” y un vídeo del operativo. “La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas masculinos murieron durante estas acciones, tres en la primera embarcación y dos en la segunda”, informó.

El del jueves es el segundo bombardeo que el ejército estadounidense lleva a cabo solo esta semana: el pasado lunes, ocho personas fallecieron en otro, también en el Pacífico. Los ataques forman parte de lo que el Pentágono ha denominado Operación Lanza del Sur, una campaña militar con la que pretende “expulsar a los narcoterroristas” del Hemisferio Occidental. Con ese fin, Estados Unidos mantiene también un enorme despliegue militar en el Caribe, bajo el mando del Comando Sur, con unos 15.000 soldados y el portaaviones Gerald Ford, el mayor del mundo y el más moderno de la flota estadounidense.

Los ataques en aguas internacionales han sido cuestionados por expertos jurídicos y congresistas de EE UU, que consideran que equivalen a ejecuciones extrajudiciales ilegales. La Administración Trump, por su parte, los ha defendido, aferrándose al argumento de que son necesarios para garantizar la seguridad nacional del país. Este viernes, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado que “la amenaza más grave” para Estados Unidos desde el Hemisferio Occidental “proviene de grupos criminales terroristas transnacionales”, enfocados principalmente en el narcotráfico.

En una rueda de prensa en la que el secretario ha hecho un balance sobre las acciones que el Gobierno ha tomado este año en materia de política exterior, Rubio ha señalado una vez más al Gobierno de Nicolás Maduro, a quien la Administración Trump mantiene en la mira y le acusa de narcotraficante. Tanto el presidente venezolano como algunos legisladores estadounidenses consideran que el despliegue militar de EE UU en el Caribe tiene como objetivo forzar la salida de Maduro.

“Venezuela es un régimen ilegítimo, que no solo no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbolá, Irán y otros, y obviamente estos grupos narcos”, ha dicho Rubio. El alto funcionario ha recalcado además que EE UU se “reserva el derecho, y tiene el derecho, de utilizar todos los elementos del poder nacional para defender el interés nacional”, incluyendo contra narcotraficantes.

Las declaraciones de Rubio llegan después de que Trump elevara la presión sobre Maduro y anunciara el martes un “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela. El republicano lleva semanas amenazando al líder chavista con que Estados Unidos “pronto” pasará a una nueva fase en su ofensiva, que incluirá ataques terrestres en Venezuela.

Mientras, en el Capitolio, un grupo de legisladores exige desde hace semanas que el Gobierno dé explicaciones sobre sus planes contra Maduro y los ataques contra las supuestas narcolanchas. Los congresistas, en su mayoría del Partido Demócrata, piden que el Pentágono haga público el vídeo del primer ataque, en septiembre, en el que el Gobierno remató a dos personas que habían sobrevivido. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue acusado de haber dado la orden para matarlos, algo que algunos legisladores consideraron podría haber sido un crimen de guerra.

El almirante a cargo de las operaciones en el Caribe, Frank Bradley, aseguró ante el Congreso que Hegseth no dio dicha orden, pero el Pentágono se ha negado a publicar la grabación, que sí ha sido vista por miembros del Congreso.