Un almirante niega en el Congreso de Estados Unidos que Hegseth diera orden de rematar a dos supervivientes en una narcolancha

La polémica sobre un posible crimen de guerra perpetrado por el Pentágono en el primer ataque militar estadounidense contra una supuesta narcolancha en el Caribe, el pasado septiembre, no da señales de remitir. Este jueves ha comparecido ante el Congreso el almirante Frank Bradley, que, según la Administración de Donald Trump, después de que un primer golpe hundiera la embarcación, dio la orden de lanzar una segunda ronda que mató a los supervivientes. Uno de los legisladores presentes en la reunión a puerta cerrada ha descrito el vídeo de aquellos momentos como “una de las cosas más turbadoras” que ha visto en su vida.

Bradley, según los legisladores, ha negado haber recibido ninguna instrucción, por escrito o de palabra, que le exigiera “matarlos a todos” o “no dar cuartel”. Con ello rechazaba las informaciones que aseguraban que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había ordenado el segundo ataque para no dejar supervivientes.

Pero los detalles sobre lo que se ha contado en esa sesión informativa han ido saliendo con cuentagotas. Y las conclusiones son diferentes, dependiendo del partido al que pertenezca el legislador que lo cuente. Los demócratas se declaran horrorizados. Los republicanos que se han manifestado apuntan que el ataque fue “legal y letal”: los mandos militares estadounidenses se comportaron “exactamente como se esperaba de ellos”, ha declarado el senador republicano Tom Cotton. El congresista Rick Crawford, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ha opinado que “sin duda” el ataque se desarrolló “de manera muy profesional”.

El demócrata de más rango en el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, Jim Himes, ha declarado por contra que el vídeo mostrado durante la sesión -sin audio que lo acompañara- es problemático. “Tienes a dos individuos (los supervivientes) claramente necesitados de ayuda, sin ningún medio de locomoción, con una embarcación destruida, que fueron asesinados por Estados Unidos”, sostiene el legislador.

Él y sus compañeros de bancada se declaraban tan preocupados como antes por la campaña contra las narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental que hasta el momento ha hundido al menos 21 embarcaciones y ha matado a 83 personas, en una operación que el Pentágono denomina “Lanza del Sur” y que expertos y legisladores consideran de legalidad más que dudosa. Washington sostiene que el despliegue militar que mantiene en el Caribe tiene como objetivo la lucha contra la droga, aunque el Gobierno de Venezuela, y otros, consideran que la verdadera misión es tratar de forzar un cambio de régimen. El Comando Sur ha informado esta tarde de un nuevo ataque contra una narcholancha en el Pacífico ordenado por Pete Hegseth y perpetrado este mismo jueves. “El trabajo de inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida. Cuatro narcoterroristas a bordo de la embarcación murieron”, señala el breve comunicado difundido a través de las redes sociales.

La sesión celebrada horas antes se había convocado a instancias de los legisladores después de que el periódico The Washington Post hubiera publicado el pasado viernes que, tras el primer golpe contra la lancha el 2 de septiembre, hubo un segundo del que el Pentágono no había informado, y que mató a dos supervivientes. El golpe, apuntaba el medio, se había ordenado para cumplir con una supuesta orden verbal de Hegseth que reclamaba “matarlos a todos”. El jefe del Pentágono niega tajantemente haber dado esa orden. Las leyes de guerra prohíben matar a supervivientes de un ataque en el mar.

La sesión coincidía con la publicación este jueves de un informe oficial que acusa a Hegseth de haber violado los protocolos de seguridad del Pentágono y haber puesto en peligro con ello a las tropas cuando envió a un grupo en una red social mensajes con información confidencial sobre bombardeos en Yemen, en un escándalo apodado Signalgate.

El documento encuentra que, al usar una red social comercial para sus comunicaciones y al compartir información sobre una operación militar en curso, el secretario de Defensa incurrió en riesgo de revelar tácticas militares estadounidenses y de exponer a los soldados estadounidenses. Pero no le acusa de haber divulgado información clasificada, al determinar que el antiguo presentador de la cadena de televisión Fox tiene potestad en su cargo de desclasificar la información que quiera antes de enviarla. El documento no entra en opinar si la política de desclasificación de Hegseth es adecuada o no.

La investigación se inició después de que el pasado marzo un periodista, el director de la revista progresista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, se encontrara incluido por error en un grupo en la plataforma encriptada Signal, en el que altos cargos de la Administración Trump intercambiaban información y comentarios sobre una operación para bombardear Yemen. El periodista, que inicialmente pensó que se trataba de algún tipo de inocentada, reveló la existencia del grupo cuando comprobó que era auténtico y que los mensajes, efectivamente, habían ido describiendo una operación real para bombardear instalaciones de las milicias hutíes en Yemen.

A lo largo del hilo en el llamado “grupo pequeño de altos cargos sobre los hutíes”, el jefe del Pentágono y otros altos cargos —estaban incluidos en la conversación personalidades como el vicepresidente, J. D. Vance, el jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, o el secretario de Estado, Marco Rubio— comunicaron diversos detalles sobre la operación. Dos horas antes de que el bombardeo tuviera lugar, el 15 de marzo, Hegseth envía un programa con las horas previstas de vuelo y ataque.

La revelación costó el cargo al hasta entonces consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, que fue quien se equivocó al incluir en el grupo a Goldberg. A raíz del fallo, Waltz quedó propuesto como embajador ante la ONU, un cargo para el que fue confirmado en verano, y sus funciones como coordinador de la política exterior estadounidense pasaron a ser cubiertas desde entonces por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Ante el escándalo, legisladores de los dos partidos exigieron al inspector general del Pentágono, encargado de que este Departamento cumpla sus reglas internas, que examinara el caso. En abril, el inspector general anunció la apertura de una investigación. Ese mismo mes salía a la luz que Hegseth había compartido información sensible en un segundo chat, en el que estaban incluidos su esposa y su hermano.