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Congresistas de Estados Unidos piden investigar el bombardeo de una narcolancha por sospechas de crímenes de guerra

El Congreso se compromete a investigar el suceso, uno de los ataques en aguas de Venezuela el pasado 2 de septiembre, que había dejado supervivientes

Jesús Sérvulo González

Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos han acordado aumentar el escrutinio sobre los ataques lanzados por el ejército estadounidense sobre narcolanchas que navegan en aguas del Mar Caribe en los que han sido asesinadas más de 80 personas. Varios congresistas demócratas han advertido sobre la posibilidad de que uno de los ataques, ordenados por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, podría haber violado las normas internacionales y ser considerado como un crimen de guerra. Un informe publicado por The Washington Post responsabiliza a Hegseth de ordenar un segundo bombardeo contra los supervivientes de una narcolancha junto a las costas de Venezuela el pasado 2 de septiembre.

Las imágenes captadas por un dron muestran que hubo dos supervivientes de los 11 que componían la tripulación, que estaban aferrados a los restos de la embarcación, según relata el rotativo estadounidense. Entonces, el jefe de operaciones dio la orden de volver a atacar para cumplir con las directrices de Hegseth, que ha cambiado el nombre de su ministerio para pasar a denominarlo Departamento de Guerra. Las fuentes consultadas por el Post aseguran que Hegseth dio una orden verbal para acabar con todos los tripulantes. “Maten a todos”, dijo, según esas fuentes.

Varios congresistas demócratas consideran que la operación ordenada por el secretario de Defensa podría constituir un crimen de guerra. “Esto se eleva al nivel de un crimen de guerra si es cierto”, dijo el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine. “Si ese informe es cierto, es una clara violación de las propias leyes de guerra, así como de las leyes internacionales sobre la forma en que se trata a las personas que están en esas circunstancias”, dijo Kaine en una entrevista en la cadena CBS.

Otro senador demócrata, Mark Kelly (Arizona), sugirió que se habrían violado las normas de derecho internacional. Kelly, un antiguo piloto de combate, ha sido fuertemente reprendido por La Casa Blanca, porque pidió desobedecer algunas órdenes a militares que sean “ilegales” o contrarias a la Constitución Americana. “Si eso es cierto, si lo que se ha informado es preciso, tengo serias preocupaciones de que alguien en esa cadena de mando cruce una línea que nunca debería cruzar”, aseguró Kelly a la CNN.

“Me alegra que los senadores Wicker y Reed estén trabajando juntos de manera bipartidista para investigar informes extremadamente preocupantes sobre órdenes ilegales dadas en el Departamento de Defensa” había escrito previamente el congresista Tim Kaine en X.

Kaine se refiere al hecho de que los principales comités de las dos cámaras del Congreso, el Senado y la de Representes, han advertido que pedirán explicaciones por la polémica operación militar. El senador republicano por Misisipi, Roger Wicker, que preside el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, y el demócrata por Rhode Island, Jack Reed, que es miembro del mismo órgano, publicaron un comunicado conjunto el pasado viernes: “El Comité está al tanto de informes periodísticos recientes, y de la respuesta inicial del Departamento de Defensa, respecto a presuntos ataques posteriores a supuestos buques de narcóticos en el área de responsabilidad de Southcom”. Y agregaron: “El Comité ha dirigido requerimientos de investigación al Departamento de Defensa y llevaremos a cabo una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con las circunstancias”.

Al día siguiente, los representantes del comité de las fuerzas armadas de la Cámara de Representantes, el congresista republicano por Alabama, Mike D. Rogers, y el demócrata por Washington, Adam Smith, emitieron otro comunicado similar. “Este comité está comprometido a proporcionar una supervisión rigurosa de las operaciones militares del Departamento de Defensa en el Caribe”, dijeron ambos representantes. Turner fue preguntado qué opinaba si se hubiera producido un ataque sobre personas que no pueden defenderse. “Obviamente, si eso ocurriera, sería muy grave y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”, dijo.

El ataque que está en cuestión se produjo el pasado 2 de septiembre. Fue el primero de los más de veinte bombardeos contra narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico Oriental, donde han sido asesinadas más de 80 personas en operaciones que no cuentan ni con autorización del Congreso de los Estados Unidos, ni con aval judicial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue preguntado este domingo cuando viajaba en el Air Force One de regreso a Washington sobre el asunto. El mandatario republicano aseguró que desconocía la historia. “No sé nada de eso”. Y agregó: “Él (Hegseth) asegura que no dijo eso y le creo”. En el habitual encuentro con periodistas en el avión presidencial apuntó: “Lo investigaremos”. Ante la insistencia de las preguntas de los periodistas, reconoció: “No habría querido eso. Pete dijo que eso no pasó”.

Hegseth ha rechazado las acusaciones sobre crímenes de guerra. A través de una publicación en la red social X escribió el viernes: “Las noticias falsas están difundiendo más información fabricada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger la patria”. Y prosiguió: “Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional, y todas nuestras acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados, y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.

La polémica se produce en un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela. La Administración Trump ha lanzado una ofensiva retórica contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. La Casa Blanca ha desplegado en la región el mayor contingente militar en décadas, con miles de soldados y varios buques de guerra, entre ellos el USS Gerald R. Ford, el más avanzado y mayor portaviones del ejército estadounidense.

Estados Unidos acusa a Venezuela de ser un narcoestado. Y a su presidente de ser el líder del cartel de los soles, un supuesto grupo criminal de narcotráfico, aunque no ha aportado suficientes pruebas. Hace un par de semanas, declaró al cartel de los Soles como organización criminal, según el Departamento de Estado. Con esta maniobra, se llena de argumentos para un ataque militar, una posibilidad con la que anda coqueteando el presidente estadounidense desde hace casi un mes.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Corresponsal en Washington. Ha sido redactor jefe de Economía y Negocios. Antes, contó las consecuencias de la crisis financiera y de los años de los ajustes presupuestarios. Aprendió el oficio durante su paso por la información local de Madrid.
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