La Fiscalía francesa pide inhabilitar cinco años a Marine Le Pen, pero deja la puerta abierta para que pueda ser candidata

Las opciones presidenciales se le complican a Marine Le Pen. La Fiscalía ha solicitado este martes al tribunal de apelación que juzga a la líder de extrema derecha francesa por el caso de desvío de fondos europeos una pena de cuatro años de prisión (uno en firme, con brazalete electrónico) y cinco de inhabilitación, lo que le impediría presentarse a las elecciones de 2027. A diferencia de la sentencia en primera instancia, pide que esta medida no se aplique de manera provisional, así que quedaría en suspenso si ella recurre el fallo, que se prevé antes de verano.

Le Pen fue condenada en marzo de 2025 a cuatro años de cárcel (dos firmes) y a cinco de inhabilitación, aunque con aplicación provisional, y recurrió el fallo. Que se pueda presentar o no es un tema de tiempos. La líder de Reagrupamiento Nacional puede aún recurrir a la Corte de Casación, el equivalente al Supremo en España. La inhabilitación quedaría en suspenso hasta que este tribunal se pronuncie. Si no lo hace antes de las presidenciales, Le Pen podría ser candidata. El problema para ella es la Corte, que ya adelanto que se complicaría “lo antes posible, antes de la cita electoral”, complicando las opciones de la líder ultraderechista.

El proceso en apelación comenzó en enero y acaba el 12 de febrero. La Fiscalía considera a Le Pen culpable de los delitos y pide, en línea con el fallo dictado, que se la inhabilite. Aunque “el objetivo de eficiencia puede lograrse sin recurrir a la ejecución provisional”, han argumentado los dos representantes de la Fiscalía, cuyos alegatos finales comenzaron pasada la una de la tarde y duraron unas seis horas.

La sentencia consideró probado que entre 2004 y 2016 existía en su partido, Reagrupamiento Nacional (antes Frente Nacional), un “sistema fraudulento” de desvío de fondos del Parlamento Europeo. El dinero estaba destinado a contratar asistentes parlamentarios en Estrasburgo, que en realidad trabajaban para los intereses del partido en Francia. “Eran trabajadores del partido pagados por Europa”, según los fiscales.

Pieza clave

Las autoridades consideran que Le Pen fue un elemento clave en este entramado. Hay otros 25 condenados, entre ellos el partido, de los cuales 12 recurrieron la sentencia. “Ella firmó los contratos, no puede negar que no lo sabía”, ha señalado uno de los fiscales adjuntos, Thierry Ramonatxo, que cree que ella estaba “bien informada” sobre el funcionamiento interno el partido y, por tanto, de los contratos que se hacían en Estrasburgo y las labores que desempeñaban los asistentes.

En este juicio, Le Pen, que siempre ha negado la existencia del delito, ha cambiado de estrategia. Ahora admite que pudo “haber irregularidades”, pero que ella no era consciente de que suponían un delito. Además, en su declaración hace dos semanas, delegó parte de la responsabilidad en su padre, Jean Marie Le Pen, pues, según defendió, el sistema de contratación de los asistentes y las decisiones al respecto se tomaron antes de que ella fuese nombrada eurodiputada en 2004 y antes de que asumiese la presidencia del partido.

La fiscalía considera que Le Pen “fue la instigadora, tras su padre [Jean-Marie Le Pen], de un sistema que permitió desviar 1,4 millones de euros en nombre del partido”, según ha declarado el fiscal Stéphane Madoz-Blanchet en sus alegatos.

Se complican las opciones para Le Pen, que ha sido candidata al Elíseo en tres ocasiones y está más cerca de conseguir su objetivo, pues su partido es favorito en los sondeos. La única vía para poderse presentarse es que el tribunal de apelación no siga las indicaciones de la Fiscalía y le rebaje el periodo de inhabilitación a dos años, en lugar de cinco. Como fue condenada en marzo de 2025, ya habría cumplido uno.

Los fiscales han denunciado “la politización que se ha hecho del proceso judicial”. La propia Le Pen dijo al ser condenada que era víctima de una persecución para impedirle ser candidata al Elíseo. Este martes ha denunciado que la fiscalía “se alinea con la de primera instancia”. “Sugerir que la Justicia podría oponerse a la libertad del pueblo soberano es inexacto. Es olvidar que los jueces son los guardianes de la ley y que esta simplemente se aplica”, han señalado.