La Cámara de Representantes rechaza dos propuestas para impedir a Trump lanzar un ataque unilateral contra Venezuela

La Cámara de Representantes de Washington rechazó este miércoles dos resoluciones sobre poderes de guerra presentadas para impedir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda lanzar una ofensiva de manera unilateral, sin contar con el Congreso, contra Venezuela. Los votos republicanos, partido que cuenta con una magra mayoría en la Cámara baja, fueron suficientes, con el añadido de un apoyo demócrata, para que estas no salieran adelante.

Gregory Meeks (Nueva York) y Jim McGovern (Massachussetts) lideraron ambas iniciativas legislativas en su condición de demócratas de mayor rango en los Comités de Asuntos Exteriores y de Reglamento de la Cámara de Representantes.

McGovern publicó después un comunicado: “Estoy furioso de que unos legisladores cobardes hayan vuelto a ceder la responsabilidad constitucional del Congreso en materia de guerra a un aspirante a dictador en la Casa Blanca”, escribió. “Los Padres Fundadores no querían que ningún presidente tuviera el poder unilateral de iniciar una guerra, y mucho menos uno como Donald Trump, que hizo campaña prometiendo poner fin a los conflictos extranjeros innecesarios. Ahora está incumpliendo esa promesa, y sus lacayos débiles y patéticos en el Congreso le están permitiendo arrastrarnos a otra guerra interminable que nadie desea, excepto sus amigos multimillonarios de la industria petrolera”.

McGovern hacía referencia a las últimas novedades en la creciente presión que Washington lleva ejerciendo sobre Caracas desde el inicio, en septiembre, de una campaña de ejecuciones extrajudiciales, que ya se han cobrado la vida de 99 tripulantes de, hasta la fecha, al menos 26 supuestas narcolanchas bombardeadas en el Caribe y, en menor medida, en el Pacífico.

La última operación militar −ilegal, según el derecho internacional− se conoció este miércoles por la noche (hora de Washington). Fue en el Pacífico y en ella murieron cuatro personas.

Desde entonces, Estados Unidos ha desplegado una fuerza militar con pocos precedentes en el Caribe, con el objetivo, que ya nadie pretende hacer pasar por otra cosa, de forzar una renuncia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La semana pasada, Washington fue un poco más lejos con la interceptación de un petrolero frente a las costas de ese país. Después, llegó el anuncio de nuevas sanciones contra media docena de compañías navieras que transportan petróleo venezolano y a otras seis embarcaciones similares, lo cual abrió la puerta a nuevas confiscaciones. También se impusieron castigos contra tres sobrinos de Maduro.

Este martes, Trump ordenó en su red social el“bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela. Con ese anuncio, que aún no está claro qué forma tomará más allá de las amenazas del presidente en las redes sociales, sirvió al menos para despejar las pocas dudas que podían quedar sobre el interés de Washington en el crudo venezolano como parte de la ofensiva contra el régimen chavista.

Trump argumentó en ese mensaje en su red social que el fenomenal despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe continuará “hasta que [el chavismo] devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y demás activos” que, dijo, les robaron.

“El bloqueo no permitirá que pase nadie que no deba pasar”, declaró Trump este miércoles a la prensa, día en el que se supo que Maduro había ordenado a la Armada la escolta de buques petroleros salidos de sus puertos.

“Nos robaron todo nuestro petróleo no hace tanto tiempo”, añadió Trump, por su parte. “Y lo queremos de vuelta. Se lo llevaron ilegalmente. Nos quitaron las tierras, los derechos petroleros, todo lo que teníamos, porque había un presidente que quizá no estaba atento. Pero no van a salirse con la suya. Expulsaron a nuestras empresas”.

Todo indica que Trump se refería a la nacionalización emprendida por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez a principios de 1976, cuando Gerald Ford, republicano, era el inquilino de la Casa Blanca. Caracas puso el sector bajo el control de la empresa estatal PDVSA. En 2007, Chávez nacionalizó los proyectos petroleros extranjeros restantes en Venezuela, y expulsó de facto a gigantes estadounidenses como ConocoPhillips y Exxon Mobil.

Esas empresas presentaron recursos legales para impugnar el proceso de expropiación, y en 2014, un tribunal de arbitraje del Banco Mundial ordenó a Venezuela pagar a Exxon Mobil 1.600 millones de dólares. Los procesos siguen abiertos.

Estados Unidos impuso, por su parte, sanciones a PDVSA en 2019, durante la primera presidencia de Trump.