El Gobierno de Trump negoció con Venezuela un canje de presos políticos y estadounidenses por migrantes deportados a El Salvador

Por casi cuatro meses, el argumento de la Administración de Donald Trump ha sido el mismo: Estados Unidos no tiene control sobre los más de 200 venezolanos que deportó a El Salvador a mediados de marzo porque se encuentran bajo custodia del país centroamericano y, por tanto, no puede acatar las órdenes de varios tribunales federales que han exigido la devolución de algunos de estos migrantes. No obstante, esa excusa ha comenzado a desmoronarse. Esta semana se supo que el Gobierno salvadoreño reconoció a la ONU que el presidente estadounidense mantiene total “jurisdicción y responsabilidad legal” sobre los hombres. Y ahora, ha salido a la luz que Washington mantuvo negociaciones con Caracas para realizar un canje de presos que involucraba precisamente a los deportados a El Salvador.

El jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio, lideró la iniciativa para cerrar el acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro, según The New York Times. Bajo el mismo, Venezuela se comprometía a liberar unos 80 presos políticos y 11 ciudadanos estadounidenses encarcelados en el país a cambio de que Estados Unidos enviara a casa a los venezolanos que expulsó a El Salvador, quienes permanecen retenidos en una megacárcel de máxima seguridad denunciada por sus malas condiciones y la violación de derechos humanos de los reclusos.

El acuerdo estuvo a punto de concretarse. Avanzó hasta el punto en que, en mayo, el régimen venezolano estaba listo para enviar un avión a El Salvador para recoger a sus ciudadanos, de acuerdo con el periódico neoyorquino, mientras que Estados Unidos planeaba enviar uno suyo a Caracas para recoger a los presos políticos y a los estadounidenses. John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, también participó en las conversaciones y tenía previsto supervisar el canje.

Sin embargo, el acuerdo nunca se materializó debido a un conflicto interno dentro del Gobierno de Trump. Se vino abajo después de que Richard Grenell, enviado especial del presidente Trump para Venezuela, iniciara una negociación paralela ofreciendo permitir que Chevron continuara sus operaciones petroleras en el país andino. Grenell no se coordinó con Rubio ni el Departamento de Estado, y, de acuerdo con el periódico, tampoco tenía el visto bueno explícito de Trump para ofrecerle a Carcas el levantamiento de las sanciones petroleras.

Las dos iniciativas acabaron generando confusión entre los funcionarios venezolanos, quienes, según se informa, no estaban seguros de cuál enviado representaba realmente al presidente Trump. La Administración republicana, por su parte, ha negado que exista una doble agenda entre sus filas. “No hay fracciones ni divisiones”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. “El presidente tiene un solo equipo y todo el mundo sabe que él es quien toma las decisiones en última instancia”.

Antes de que estos dos planes chocaran, Grenell había estado negociando en privado con altos funcionarios de Maduro un acuerdo económico que permitiría a Chevron continuar exportando petróleo venezolano a Estados Unidos a cambio de que Caracas aceptara el regreso de miles de sus ciudadanos que perderán su estatus legal en EE UU este año después de que el Gobierno de Trump acabara con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 350.000 venezolanos. La licencia de Chevron para producir en Venezuela expiró a finales de mayo pasado después de meses de negociaciones entre ambos países.

De acuerdo con las fuentes citas por The New York Times, la oferta de canjear migrantes venezolanos en El Salvador por presos políticos y estadounidenses sigue sobre la mesa. Estados Unidos deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador a mediados de marzo, acusándoles de formar parte del Tren de Aragua, una pandilla venezolana que Estados Unidos ha designado un grupo terrorista extranjero. El Gobierno de Trump invocó una ley de tiempos de guerra de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, para llevar a cabo las expulsiones, a pesar de que un juez federal ordenó frenarlas.

En los vuelos también viajaban dos docenas de migrantes salvadoreños acusados de tener vínculos con pandillas, en su caso la salvadoreña MS-13. En El Salvador, los inmigrantes han sido encarcelados en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), la infame prisión del presidente Nayib Bukele. El mandatario del país ha recibido millones de dólares de parte de Estados Unidos a cambio.

Desde entonces, se han presentado numerosas demandas impugnando estas deportaciones, y varios tribunales federales han exigido que la Administración Trump facilite el retorno de algunos de los deportados, siendo el más mediático el caso de Kilmar Abrego García. Una y otra vez, el Gobierno del republicano se ha lavado las manos de la responsabilidad sobre estos hombres, a la vez que tampoco ha aportado pruebas suficientes para demostrar que son criminales.