Localizados en cárceles de Bukele cuatro salvadoreños desaparecidos, deportados por Trump y detenidos sin cargos oficiales

Cuatro salvadoreños deportados por el Gobierno de Donald Trump en marzo pasado, y que habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares, fueron finalmente localizados en distintas cárceles del sistema penitenciario del país centroamericano, según documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de José Osmín Santos Robles, Brandon Bladimir Sigarán Cruz, William Alexander Martínez Ruano e Irving Geovani Quintanilla García, que fueron deportados en marzo de 2025 junto a más de 238 venezolanos, acusados de ser miembros de estructuras terroristas sin que la Administración republicana aportara pruebas en su contra.

Tras su deportación, el aparato gubernamental a las órdenes de Nayib Bukele se negó durante meses a dar información sobre el paradero de los jóvenes a sus familiares; sin embargo, tras reiteradas peticiones de información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ejecutivo finalmente ha reconocido que se encuentran bajo su poder. Según los documentos obtenidos por EL PAÍS, únicamente Brandon Sigarán se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel promovida por Bukele y hoy aciago símbolo de la falta de garantías de los presos salvadoreños. Los otros tres se encuentran en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, una cárcel de menor rigor.

La CIDH emitió esta semana medidas cautelares a favor de los tres primeros, mientras que para Quintanilla García ya las había solicitado desde el pasado 2 de octubre. Según el organismo internacional, la vida de los cuatro jóvenes se encuentra en riesgo de sufrir un “daño irreparable”, por lo que ha pedido al Estado salvadoreño que garantice su integridad.

La Comisión también pidió al Gobierno de Bukele aclarar formalmente la situación jurídica de los cuatro detenidos, especificando de qué delito se les acusa y si ya fueron presentados ante un juez. Los demandantes ante la CIDH aseguran que no se les ha informado de qué delito se les acusa, ni por qué permanecen en prisión, ya que no han tenido acceso a ellos desde que fueron deportados. El organismo regional ha pedido además poner fin al aislamiento de los presos y permitir el contacto regular con sus familiares y abogados.

En los meses anteriores, las familias de los cuatro denunciaron su desaparición, poniéndose en contacto con distintos medios de comunicación. A hilo de estos contactos, el Gobierno salvadoreño acusó a la CIDH de la filtración de información de sus comunicaciones internas y pidió tomar medidas para “garantizar el carácter confidencial de la información”. EL PAÍS ha tenido acceso al documento, fechado el 6 de noviembre y firmado por la Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que las autoridades del país centroamericano argumentan que el conocimiento público de estos casos “facilita su instrumentalización con fines ajenos al objetivo de las medidas cautelares”.

Durante siete meses, el Gobierno salvadoreño negó tener conocimiento del paradero de los cuatro jóvenes. Hasta mediados de octubre, cuando confirmó su ubicación. Sin embargo, ninguno de los familiares ha podido ver todavía a los detenidos.

Detenidos sin saber por qué

Aunque el Ejecutivo salvadoreño ha admitido que mantiene detenidos a los cuatro jóvenes deportados, en varias ocasiones intentó desentenderse de dar información sobre ellos. En otro documento fechado el 29 de agosto de 2025, el Gobierno respondió a la CIDH que no tenía información sobre Irving García, puesto que “el arresto del joven ocurrió bajo la jurisdicción de otro Estado”. Además, añadió que ese hecho colocaba a El Salvador “en una posición de imposibilidad para proporcionar información”.

Lo mismo ocurrió en el caso de Brandon Sigarán Cruz. Un familiar del migrante compartió con EL PAÍS decenas de capturas de pantallas y documentos oficiales en los que se refleja las solicitudes de información hechas por la familia a diferentes instancias gubernamentales como la Embajada salvadoreña en Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Centros Penales. En las capturas de pantalla, se ve cómo los oficiales de información se pasan la responsabilidad unos a otros sin que nadie le diera una información real al familiar que pedía ayuda.

Sigarán fue capturado el pasado 22 de febrero de 2024 mientras iba hacia el trabajo con su hermano. Tras un año detenido fue deportado en marzo de 2025 junto a cientos de venezolanos. Tras identificarlo en un video publicado por el presidente Bukele, la familia inició un proceso legal para ubicarlo y buscar su liberación. “Una abogada nos ayudó a buscar en todas las prisiones de El Salvador hasta que logró saber que estaba en el Cecot. Después de eso, renunció porque dijo que tenía miedo de represalias por ir contra el Gobierno del presidente Bukele”, afirma una familiar de Sigarán.

Las medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor de los cuatro salvadoreños señala que se desconoce los delitos por los que están siendo acusados y si han sido presentados ante un juez, tal como lo exige la ley.

El pasado 15 de marzo, el presidente Bukele anunció a través de su cuenta de X que El Salvador recibiría a cientos de venezolanos y deportados de otras nacionalidades desde Estados Unidos a cambio de un pago por alquiler que permitiría al país norteamericano extender su sistema carcelario. Sin embargo, meses después, se supo que detrás de aquel acuerdo había otro interés: Bukele quería a una docena de líderes pandilleros en poder de las autoridades estadounidenses que podrían declarar en su contra.

Tras múltiples obstáculos, el acuerdo carcelario entre Trump y Bukele para encarcelar a migrantes indocumentados parece haber llegado a su cierre definitivo. En julio, el mandatario salvadoreño entregó a más de 200 venezolanos que habían pasado meses en el Cecot a cambio de una cuota de presos políticos estadounidenses. Un informe reciente de Human Rights Watch y Cristosal confirmó que esos venezolanos fueron sometidos a torturas. Mientras tanto, el destino de los salvadoreños recluidos en la misma prisión sigue sin conocerse. El Cecot, pese a la intensa propaganda oficial, continúa siendo un agujero negro del casi nadie sale.