Ortega y Murillo refuerzan el Estado policial en Nicaragua tras la caída de Maduro

La paranoia de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha disparado en Nicaragua después de un largo silencio de 14 horas tras el derrocamiento de Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero. El régimen se había limitado a publicar tres comunicados tibios, pero ha reaccionado con nerviosismo, en parte, por las advertencias lanzadas desde Washington por el entorno del presidente Donald Trump, como la del senador Rick Scott, quien aseguró que Cuba y Nicaragua también “serán arregladas”. Los copresidentes han respondido declarando “alerta máxima” ante su aparataje político y dispusieron redoblar el estado policial en el país centroamericano, vigilancia total en los barrios, control de redes sociales y más de una decena denuncias de arrestos de personas que celebraron la caída de Maduro.

Jairo, un trabajador de una institución pública que pide no ser identificado, relató a EL PAÍS que los Consejos de Liderazgos Sandinistas (CLS) —una especie de brazo político partidario en el aparato del Estado— les ordenaron publicar en redes todo el contenido que emiten los órganos de propaganda. Básicamente, el mensaje es que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron secuestrados y que la incursión armada ordenada por Trump es una violación a la soberanía venezolana. La consigna que se ha popularizado en la campaña oficialista, y dirigida a los nicaragüenses, es que “dudar es traición”.

“Lo que le preocupa a Ortega y Murillo no es tanto un ataque militar de Estados Unidos, sino una infiltración exitosa, como sucedió en las filas del chavismo”, plantea Eliseo Núñez, analista político y exdiputado opositor a quien el régimen de Managua despojó de su nacionalidad. “La pareja ve la entrega de Maduro por parte de los hermanos Rodríguez a Estados Unidos como un espejo de su propio entorno. O sea, que si en Venezuela pudieron hacerlo, donde hay un Estado con más recursos que repartir, en Nicaragua puede ser fácil para Estados Unidos quebrar la columna vertebral de sus cuerpos de seguridad”, explica. “Es allí donde radica la paranoia que estamos viendo y, además, que el caso venezolano pueda incentivar a opositores a protestar en las calles con la esperanza de ser protegidos por la comunidad internacional”, razona el analista.

Otras fuentes sandinistas consultadas por EL PAÍS confirmaron que Rosario Murillo, esposa de Ortega y copresidenta, instruyó a las estructuras del partido activar “mecanismos de monitoreo” para detectar publicaciones en redes sociales, comentarios o expresiones que celebraran la detención de Maduro. Incluso, reportar a quienes no compartían ningún mensaje de la propaganda oficial del sandinismo, que está funcionando como una caja de resonancia del chavismo venezolano, en contraste al tono moderado adoptado por la diplomacia de Managua frente a Estados Unidos.

“A trabajadores estatales, estudiantes universitarios y militantes del Frente Sandinista se les instruyó compartir publicaciones que exigían la liberación inmediata de Maduro y denunciaban a Estados Unidos por romper la paz regional”, coinciden las fuentes oficialistas consultadas, algo que puede corroborarse fácilmente en redes sociales.

Jairo asegura que en su institución están revisando perfiles en redes sociales, grupos de mensajería y declaraciones públicas. “Obviamente, nosotros seguimos con gran alegría que se hayan volado (derrocado) a Maduro, pero no podemos expresar nada, porque ya sabés...”, dice Jairo, en referencia a la represión.

“Alerta máxima”

Aparte de estas directrices para las redes sociales, las fuentes sandinistas aseguraron que la tarde del 3 de enero la copresidenta Murillo citó en su despacho y residencia a la plana mayor del Estado para dar las orientaciones tras el ataque a Venezuela. Aunque Ortega no participó, asistieron Fidel Moreno, secretario de organización del sandinismo y principal operador político; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial.

Murillo ordenó “alerta máxima” y aumentar la vigilancia sobre “elementos opositores radicales”, en torno a los “deportados de Estados Unidos” y sobre la posible “formación de grupos que perturben nuestra paz”. Eso se tradujo en un reforzamiento del estado policial en las calles del país. Organizaciones de derechos humanos que llevan un monitoreo de los arrestos políticos dijeron a EL PAÍS que desde la madrugada del ataque en Venezuela contabilizan más de una decena detenciones de ciudadanos que expresaron algo sobre la caída de Maduro fuera del guion oficial. Sin embargo, no precisaron la cifra porque, dijeron, trabajan en la confirmación de más casos.

Murillo también activó “puestos de mando de vigilancia revolucionaria en los barrios y comunidades” para informar a los niveles distritales sobre “cualquier comentario en contra de nuestro buen Gobierno”, así como sobre “lo que está pasando en nuestra hermana Venezuela”.

Esta estrategia de control interno dista de la cautela demostrada, al menos a nivel oficial, del régimen con Washington. Aparte de las declaraciones como las del senador Rick Scott, fuentes allegadas al sandinismo coinciden que la tensión que sienten Ortega y Murillo es porque no solo en los antecedentes del caso judicial contra Maduro se menciona a Nicaragua como país de tránsito de cocaína, sino porque en septiembre de 2025 el Departamento de Estado de Marco Rubio también designó a Nicaragua como “un país clave en el tránsito de drogas”.

Esta designación dinamitó el principal argumento del supuesto “muro de contención” con el que Ortega y Murillo han tratado de congraciarse con Estados Unidos, exhibiendo al Ejército de Nicaragua como un garante de la lucha antidrogas en la región. Las relaciones en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado entre Managua y Washington también se encuentran en un punto muerto, después de que Estados Unidos anunciase en junio de 2025 el retiro de la DEA de Nicaragua por “falta de cooperación” del régimen sandinista.