El narco Pipo acusa al presidente de Ecuador de ordenar el asesinato del candidato Fernando Villavicencio

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 se ha convertido en una suerte de rompecabezas en el que cada pieza parece conducir a un nuevo abismo. A casi tres años del crimen que estremeció a Ecuador en plena campaña electoral, los nombres de los supuestos autores intelectuales se multiplican. El último en añadir gasolina a esa hoguera ha sido Wilmer Chavarría, alias Pipo, uno de los cabecillas de Los Lobos, quien desde una cárcel española ha acusado al actual presidente, Daniel Noboa, de haber ordenado el magnicidio.

La declaración, dada a conocer por la agencia EFE, se produjo ante la Fiscalía de Zaragoza, donde Chavarría permanece detenido desde noviembre. No era una comparecencia cualquiera. España analiza el pedido de extradición formulado por Ecuador, que reclama su traslado para juzgarlo no solo por su presunta implicación en el asesinato de Villavicencio, sino también como líder de una de las bandas criminales que en los últimos años han sembrado terror en el país andino. Pipo no quiere ser extraditado a Ecuador, ni eventualmente a Estados Unidos. Quiere la protección frente a una eventual entrega.

¿Por qué señala ahora al presidente? Según su versión, recogida por EFE, una persona cercana al ministro del Interior, John Reimberg, le habría transmitido que el crimen fue ordenado por Noboa por temor a que Villavicencio ganara las elecciones de 2023. En esos comicios, tanto Noboa como Villavicencio disputaban por primera vez la Presidencia. Las encuestas no situaban a ninguno en un balotaje claro. Noboa, hasta días antes del atentado, figuraba en los últimos lugares y Villavicencio, en el tercer lugar. El asesinato cambió la atmósfera política de manera drástica y alteró el tablero electoral. Se dio el primer debate con siete candidatos y un atril vacío, y Noboa -sorpresivamente- subió en las encuestas.

Chavarría fue más allá. Aseguró que Reimberg lo amenazó a través de un emisario cuando estaba detenido en Málaga y que las pruebas constan en grabaciones de la cámara de seguridad de la sala donde recibió esas presiones, señala la publicación. Dijo temer por su vida si es extraditado a Ecuador, en particular a la cárcel de máxima seguridad conocida como El Encuentro, levantada en medio de un bosque protegido y presentada por el Gobierno como un símbolo de mano dura contra el crimen organizado. Según su relato, enviarlo allí equivaldría a morir.

El ministro del Interior respondió públicamente en un mensaje en la red social X, en el que calificó las acusaciones de “absurdas” y aseguró que los detenidos “tienen pánico a la extradición y a la cárcel de El Encuentro”. Añadió que son capaces de inventar “los disparates más sórdidos” para evadir su responsabilidad y prometió “cero impunidad”.

Pipo también sostuvo que, si fuera extraditado a Estados Unidos, la intención de las autoridades sería que declarara en contra del expresidente Rafael Correa, a quien afirmó no conocer. Las declaraciones del peligroso criminal incluso apuntan a un presunto vínculo de Noboa con el narcotráfico. Según su declaración, tanto el ministro Reimberg como Noboa buscan “sacarlo de circulación” al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde —aseguró— el presidente “está jugando un papel importante”. Son acusaciones de alta gravedad, lanzadas sin pruebas y en un escenario judicial extranjero.

La Fiscalía ecuatoriana incluyó el 10 de febrero a Chavarría y a otros dos cabecillas de Los Lobos en el proceso penal que intenta esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato y cuáles fueron las razones de fondo. En ese proceso ya constan José Serrano, expresidente de la Asamblea y ministro en el Gobierno de Rafael Correa; Ronny Aleaga, también exasambleísta de la Revolución Ciudadana; y los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, conocidos por sus vínculos con redes de corrupción.

Para Amanda Villavicencio, hija del candidato presidencial, la declaración de alias Pipo es un acto desesperado. “Existe una investigación que lleva más de dos años en la que se ha profundizado. Hay autores materiales sentenciados que son de Los Lobos”, señaló, y que las investigaciones ya han revelado cómo operó la estructura que habría asesinado a su padre. Para ella, las declaraciones de Pipo también responden a la coyuntura internacional. Con la muerte del Mencho en México, Los Lobos están en proceso de reorganizarse, porque operaban como brazo ejecutor en tráfico internacional de drogas para el cartel Jalisco Nueva Generación. “Este es el mismo modus operandi de todos estos corruptos, estamos viviendo una revictimización y sabemos que estamos en peligro”, añadió.

El 9 de agosto de 2023, Villavicencio fue acribillado a la salida de un mitin en el norte de Quito. Uno de los sicarios fue abatido a pocos metros de la escena del crimen, los otros seis involucrados en participar en el crimen —todos de origen colombiano— fueron detenidos y, días después, fueron asesinados en las cárceles bajo custodia estatal. Con ellos se extinguió una parte crucial de la verdad.

Villavicencio no era un candidato cualquiera. Periodista y exasambleísta, se había hecho conocido por sus denuncias de corrupción durante el gobierno de Correa. Su muerte simbolizó el colapso de la seguridad en un país que pasó en pocos años de ser una isla de relativa calma a un territorio atravesado por disputas entre bandas.

El caso Villavicencio, lejos de cerrarse, parece expandirse. Cada nuevo testimonio abre una grieta que expone la fragilidad institucional de un país que aún no logra responder a la pregunta esencial: ¿quién ordenó matar al candidato?.