Noboa contra todos: el cerco al disenso en Ecuador

No habían pasado muchos meses desde que Daniel Noboa llegó al Palacio de Carondelet cuando eligió adversario. No fue un fantasma del pasado ni una figura marginal. Fue Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada y motor económico del país. El duelo era previsible: Álvarez no solo gobierna la plaza electoral más codiciada del Ecuador, sino que llegó a la alcaldía con el respaldo de Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa, el antagonista permanente en la política ecuatoriana de la última década, el que impuso los métodos disruptivos de gobernar, una línea que une al pasado y el presente, que fue criticado en ese entonces al igual que ahora.

Con una aprobación del 53,8% en la última encuesta de enero del CIES, —muy por encima de Noboa que ha caído abruptamente a un 36%—, Álvarez ha sido una piedra en el zapato para el mandatario. Hoy, el alcalde, está en prisión.

La pregunta que sobrevuela Ecuador no es jurídica sino política: ¿se trata de un proceso aislado o de un hecho más en un engranaje de concentración de poder?

En los 27 meses de mandato de Noboa se han acumulado episodios que, leídos en secuencia, dibujan una tendencia inquietante: un Ejecutivo avanza sobre los otros poderes del Estado y convierte a la oposición en sospechosa habitual.

Las señales se acumulan. Un Congreso que consigue sumar votos para aprobar leyes sin cumplir todos los procesos de socialización y debate. Un Tribunal Contencioso Electoral que inhabilita a uno de sus rivales en la antesala de la última campaña presidencial. Un Consejo Electoral que evita sancionar al mandatario cuando hacía proselitismo siendo candidato. Una exfiscal general designada embajadora en Argentina mientras aún ejercía funciones en el Ministerio Público, en un periodo en el que las investigaciones de interés para el Gobierno avanzaban con celeridad. Y un Consejo de la Judicatura, el órgano que administra jueces y fiscales, presidido por un funcionario cercano al Gobierno.

A Álvarez lo investigan por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Es el segundo caso abierto en su contra; el primero se originó por una denuncia presentada por la Agencia gubernamental de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por una supuesta distribución ilícita de combustibles que golpea a su empresa familiar. La información que ha hecho pública la Fiscalía es que la investigación arrancó de una denuncia anónima, y que existe “un entramado empresarial que habría sido creado para vulnerar la seguridad del Estado”. Según la defensa de Álvarez, el segundo caso se desprende de los mismos hechos del primero. Y denuncia opacidad: falta de acceso completo al expediente, audiencias sin público ni prensa y la filtración —desde la fuerza pública— del video del operativo de captura, ejecutado de madrugada, con el alcalde y su familia en pijama, manos en alto sometidos ante agentes con armas. La escena fue difundida antes de que comenzara la audiencia.

Que Álvarez sea culpable o inocente corresponde a un tribunal. Pero la desconfianza se alimenta de otro clima: la percepción de que el poder judicial ha ido inclinándose hacia el Ejecutivo. El analista Pedro Donoso sostiene que Noboa “está jugando a lo grande”. “Mientras los defensores de los derechos humanos y todos los analistas se espantan por la concentración de poder, esa es justamente la estrategia de Noboa: concentrar el poder y mostrar al país que lo está haciendo”, afirma. La apuesta, añade, es de realpolitik: pagar un costo en popularidad para consolidar un control más profundo del aparato estatal. “La clave está en la política del miedo. Si logra que fiscales, jueces y hasta la Corte Constitucional no se atrevan a cuestionarle, el camino queda despejado”, mantiene Donoso.

Pero la estrategia también conlleva riesgos para el presidente, porque aunque se instaure una política de terror y se anulen las voces críticas, añade el analista, no resuelve los problemas del país. “Meter preso a Aquiles Álvarez no resuelve que la gente no tenga medicinas en los hospitales, ni tampoco que hayamos tenido el año más violento de la historia”.

Los antecedentes pesan. El 5 de abril de 2024, Noboa ordenó a fuerzas especiales irrumpir en la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, asilado por ese país. La operación provocó la ruptura de relaciones diplomáticas y una ola de condenas internacionales. El costo político interno fue limitado.

La tensión también alcanzó a su entonces vicepresidenta, Verónica Abad, enviada a Oriente Medio con la misión de conseguir la paz entre Israel y Palestina. Cuando Abad cuestionó públicamente su marginación, la Fiscalía detuvo a su hijo por un presunto caso de oferta de tráfico de influencias. Abad continuó con las denuncias contra el Ejecutivo y entonces también encarcelaron al abogado que defendía a su hijo, en otra causa de delincuencia organizada, en la que figura el juez Jairo García, quien más tarde ordenó la prisión preventiva contra Álvarez. “Noboa perdió el horizonte, es un totalitario”, denunció Abad.

El 12 de agosto de 2025, Noboa convocó una marcha contra los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, a quienes calificó de “enemigos del pueblo”. Antes de la movilización, una pancarta con los rostros de los nueve magistrados apareció en una avenida de Quito: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”. La imagen circuló en redes y fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Estos ataques amenazan la independencia judicial”, advirtió la CIDH.

Noboa marchó igual, flanqueado por ministros y asambleístas, hasta las puertas del tribunal que había admitido demandas de inconstitucionalidad contra tres leyes impulsadas por su mayoría legislativa. Nunca antes unas leyes habían recibido tantas impugnaciones como esas.

La abogada constitucionalista, Ximena Ron, ve un patrón: “Hay una concentración de poderes de parte del Ejecutivo, del presidente de la República”. Para ella se evidencia en que no se cumple una norma básica que establece un Estado democrático: la separación de poderes. El ejemplo más claro está en la Asamblea, cita Ron. “La mayoría oficialista ha bloqueado fiscalizaciones a funcionarios públicos, es un ejemplo claro de cómo el Legislativo está alineado con los intereses del presidente”.

Los casos reposan en una lista de lo que se debe olvidar. Durante la emergencia por la crisis energética que atravesó Ecuador en 2024 se firmaron dos contratos con la empresa Progen sin concurso público. La Contraloría estimó un perjuicio al Estado de 100 millones de dólares, pero no hay responsables políticos. El oficialismo también cerró el paso a un intento de fiscalización contra la ministra de Ambiente por autorizar a la primera dama la construcción de un resort de lujo en un bosque protegido en Oloncito. La lista continúa: al menos cinco ministros han quedado a salvo de comparecer ante el pleno por presuntas irregularidades o incumplimientos de funciones. En la práctica, la mayoría parlamentaria ha operado más como dique de contención que como órgano de control.

Ocurre también en el poder judicial. En la crisis en el Consejo de la Judicatura, el órgano que administra la justicia, “se presume una injerencia del Ejecutivo”, añade la abogada. “Se ha evidenciado en el trato que han recibido ciertos casos, particularmente aquellos que involucran a los principales opositores al Gobierno” afirma Ron.

Los defensores de derechos humanos y gremios de periodistas notaron esa deriva autoritaria en la que navegaba el Gobierno ecuatoriano desde los primeros meses en el poder. Fue justo cuando Noboa decidió entregar el poder de la seguridad a los militares y estallaron los primeros casos de extralimitación de la fuerza, el asesinato de Javier, un joven que iba a vender un perro y acabó acribillado en un retén militar en Guayaquil; la detención de cuatro niños que luego aparecieron muertos con signos de tortura cerca de la base militar y decenas de denuncias de desapariciones forzadas en el primer año del estado de excepción. En estos casos, el silencio del presidente ha sido abrumador.

“Ecuador vive un crecimiento de los indicios de autoritarismo gubernamental que desnaturalizan la convivencia democrática”, dice Billy Navarrate, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil. Navarrate señala que la persecución de los opositores ha trascendido a nuevos niveles. “Estamos viendo cómo los órganos del Estado, desde la Fiscalía hasta el aparato de seguridad, se han convertido en instrumentos para silenciar a periodistas, neutralizar a dirigentes sociales y perseguir a aquellos que se oponen al Gobierno”.

El cerco alcanza también a la prensa. Un instructivo reciente de las Fuerzas Armadas establece criterios para autorizar o no la cobertura periodística de operativos: revisión de la línea editorial, evaluación del tratamiento histórico del medio y su “postura institucional” frente al rol militar. Entre las causas para restringir el acceso se incluye difundir información considerada falsa o mantener una posición “sistemáticamente contraria” a la misión de la institución y, que “afecten la imagen pública y la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas”.

Para argumentar la censura, dictaron una matriz de evaluación a los medios calificada sobre 100 puntos, donde menor a 60, no es apto para acreditarse. “No comprenden que ellos no administran reputación, administran recursos públicos y están obligados a rendir cuentas y eso se hace con las preguntas de los periodistas”, explica Yalilé Loiza, presidenta de Fundamedios.

Ese patrón de presión para silenciar se ha revelado en el caso de la editorial Granasa, que imprime los diarios Expreso y Extra. Tras una serie de reportajes sobre corrupción en el sistema de salud pública que salpicaban a funcionarios del Gobierno, el Servicio de Rentas Internas abrió una investigación contra la empresa. El medio mantuvo su línea crítica, pero el 19 de febrero la Superintendencia de Compañías intervino Granasa a raíz de una denuncia de Inmobiliar —entidad adscrita a la Presidencia y dueña del 2,56% de sus acciones— y exigió información sobre sus suscriptores. La compañía se negó a entregarla, alegando que el Ejecutivo controla otros medios competidores. “Esto es un hostigamiento”, afirmó su abogado, Eduardo Carmigniani.

La situación es aún más preocupante en el ámbito social, donde el miedo y la desconfianza hacia las instituciones públicas se están extendiendo. “La gente tiene miedo de denunciar delitos, de señalar injusticias. Hay una sociedad paralela, anónima, que ya no cree en las instituciones. Este es un fenómeno profundamente antidemocrático”, explica Navarrate. El temor ha permeado todos los rincones del país y el espacio para la crítica se reduce cada vez más.