Morir de hambre y tuberculosis en prisión: la crisis sanitaria que devora las cárceles de Ecuador

Luisa apenas reconoce a su hermano en ese cuerpo reducido a pellejo y huesos, que marcan su estructura ósea. Las costillas, brotadas bajo la piel, acentúan el vacío del estómago. Está calavérico, como si el hambre le hubiera quitado capas de vida. No entró así hace más de un año a la Penitenciaría del Litoral, el infierno —también llamado cárcel— en Guayaquil. “Su estado es crítico. Le detectaron tuberculosis y la medicación le llega cuando se acuerdan. A lo mucho se la dan dos veces a la semana”, cuenta la hermana, mientras intenta estar fuerte si ocurre la noticia que no quiere escuchar. “Estoy desesperada, luchando para que cumplan con una orden judicial para que lo trasladen a un hospital, pero en la penitenciaría me dicen que debo esperar porque todos están igual de críticos”. Luisa trata de hablar con su hermano, de 32 años, todos los días, o al menos cuando las posibilidades económicas le permiten pagar las llamadas. Cada conversación trae novedades: “A la tuberculosis se le suman granos en la cabeza, sarna y ninguna atención médica”.

Desde el 2024, cuando el presidente Daniel Noboa asignó la seguridad de las prisiones a los militares, los centros penitenciarios de Ecuador se han convertido en espacios de torturas sistemáticas, ampliamente denunciados por organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Sus informes hablan del creciente número de muertes bajo custodia estatal y de las prácticas de trato cruel, inhumano y degradante dentro de los centros de detención.

Desde entonces, todo ha empeorado. La hambruna que afecta a los cerca de 35.000 presos en las 36 cárceles del país ha deteriorado gravemente su salud, y ha desencadenado una epidemia de tuberculosis que ya ha traspasado los muros de la prisión en Guayaquil. Una doctora de medicina legal, a donde llegan cada semana desde la cárcel alrededor de 20 cadáveres bajo sospecha de tuberculosis, se contagió y permanece hospitalizada, entubada.

En 2025, al menos 600 presos murieron por problemas de salud y alimentación solo en la Penitenciaría del Litoral, el epicentro de la crisis, según documentos del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), respaldados por datos de Criminalística y el SNAI, la entidad gubernamental encargada de las cárceles.

“Las cárceles se han convertido en bodegas humanas, en cementerios vivos”, afirma Ana Morales, presidenta del Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles, una agrupación que nació tras la peor masacre carcelaria del país, ocurrida el 18 de septiembre de 2021, cuando 125 detenidos fueron asesinados cruelmente, entre ellos, su hijo.

“El que sale de ahí es porque ha logrado sobrevivir”, agrega Ana, quien ha denunciado desde hace más de un año los abusos y maltratos a los que están sometidos los presos. “No estamos pidiendo que salgan en libertad, sino que se les otorguen los derechos más básicos: alimentación, salud y la vida”. Desde que las cárceles fueron militarizadas, han documentado con testimonios y fotografías el estado esquelético de los internos. “La alimentación consiste en dos cucharadas de comida, un vaso de cuatro onzas de sopa y un poco de jugo. Eso no es alimentarlos”, denuncia Morales.

En las mesas de diálogo, formadas tras meses de denuncias y por la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades han asegurado que la comida se entrega en contenedores que se dejan en la entrada de los pabellones, para que sean los propios presos quienes distribuyan los alimentos. “Por eso llegan raciones desproporcionadas a muchos detenidos. Se ha insistido en que se individualicen”, explica Fernando Bastias, abogado del Comité de Derechos Humanos, quien participó en la última mesa de diálogo, el 23 de enero.

A Bastias le preocupa que las autoridades no respondieran a la solicitud de la CIDH de visitar la Penitenciaría del Litoral. “Eso demuestra que el presidente y sus ministros no tienen interés en atender el problema”, señala el abogado, quien agrega que, mientras tanto, muchos funcionarios, como médicos y guías penitenciarios, siguen arriesgando su vida para brindar atención.

El Gobierno finalmente ha accedido a que una delegación de la Defensoría del Pueblo y el Comité de Derechos Humanos visiten la Penitenciaría para constatar la implementación de las medidas de aislamiento y prevención que asegura haber cumplido para frenar la expansión de la tuberculosis. “No tengo ningún problema en que visiten la cárcel, ya lo he dicho, en las cárceles nunca se les hizo nada, no se les invirtió un dólar, están obsoletas”, afirmó John Reimberg, ministro del Interior, respecto al pedido de los organismos de derechos humanos. “Las cárceles no sirven, están en mal estado, no son seguras, es la realidad no solo de hoy”, añadió.

Ante la crisis de seguridad y sanitaria que atraviesa el sistema penitenciario, la respuesta del Gobierno es anunciar la construcción de un nuevo megacentro penitenciario con capacidad para 15.000 presos, mientras que en la Asamblea, donde el oficialismo tiene mayoría, Noboa ha propuesto una reforma constitucional para excluir a los presos de los grupos prioritarios de atención.

“El Gobierno quiere naturalizar la muerte en las cárceles por estas condiciones”, denuncia Ana Morales, quien sostiene que la militarización solo ha empeorado la situación. “Ni siquiera ha detenido la violencia, porque durante el tiempo que los militares han estado al frente de los presidios, han ocurrido seis masacres carcelarias en el país. Las cárceles no están bajo control”, concluye.