Drones kamikazes en Haití: 1.243 muertos en el fallido plan del premier Fils-Aimé contra las bandas criminales

El 20 de septiembre de 2025, alrededor de las siete de la tarde, había decenas de niños correteando por el popular barrio de Simon Pelé, en el norte de Puerto Príncipe. Jugaban entre las coloridas callejuelas —controladas desde hace años por la pandilla homónima a la localidad— esperando a que Albert Steevenson, alias Djouma, entregara juguetes como parte de la celebración de su cumpleaños. Pero entre los callejones también sobrevolaban drones cuadricópteros de un operativo oficial, armados con explosivos que tenían un objetivo claro: matar al escurridizo líder pandillero haitiano.

La operación se saldó con la muerte de al menos 10 personas, 8 de ellos menores de edad. Un joven vendedor de jugos, una niña de tres años y un artesano que trabajaba al aire libre, entre otros, se convirtieron en el “daño colateral” de unos operativos tan impopulares como ineficientes. Ni Djouma ni ningún otro líder del clan fue abatido ni detenido durante la operación. La mayoría de los pacientes heridos que atendió entonces Médicos Sin Fronteras perdió al menos una extremidad.

Este fallido operativo fue uno de los 141 ataques con drones kamikazes impulsados por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026. Un informe de Human Rights Watch (HRW) ha contabilizado estos ataques en un informe publicado este martes, en el que denuncia que al menos 1.243 personas fueron asesinadas, incluidos 43 adultos que no eran miembros de grupos criminales, así como 17 niños. Estos ataques hirieron a 738 personas, de las cuales 49 no son miembros criminales. En los 10 meses de operativos, Human Rights Watch no tuvo información de que ningún cabecilla haya muerto como resultado de los drones.

Juanita Goebertus, abogada y directora de la división de las Américas de HRW, incide en la ilegalidad de estos drones. “Cuando el uso de fuerzas letales se emplea fuera de un contexto de conflicto armado, como es el caso de Haití, y como primera opción, estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales deliberadas”, narra por teléfono a EL PAÍS. “Hemos hablado con población sometida a mucha ansiedad después de presenciar episodios como los del 20 de septiembre. Antes temían ser víctimas de las pandillas y ahora también del Estado”, lamenta.

Para ellos, el recuerdo es aún una película de terror. La mamá de una de las niñas fallecidas, de apenas seis años, tuvo que enterrar a su pequeña poco después de encontrar el cuerpo, por temor a que no llegara la ayuda. Otra mujer recuerda cómo un fragmento de metal atravesó el cuerpo de su hija, impactando la cadera y saliendo por la espalda. El padre de un hombre asesinado dijo que el grupo criminal organizó y controló el acceso al funeral y que los familiares “sólo pudieron mirar desde fuera”. “Como si no fuéramos nadie”, lamentó. La violencia en Haití trasciende la propia muerte.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití ha atribuido los ataques con drones en el país a la Fuerza de Tareas Especializada (Task Force) creada por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. Este organismo opera con el apoyo de la empresa militar privada Vectus Global, cuyo dueño ha reconocido haber firmado un contrato de un año con el Gobierno transicional y la contratación de operadores salvadoreños para apoyar a la policía haitiana en el uso de drones armados. “Las autoridades haitianas deberían controlar urgentemente a las fuerzas de seguridad antes de que mueran más niños en estos ataques. Y esto incluye también a los contratistas privados”, subrayó Goebertus.

Haití es hoy uno de los cuatro países más peligrosos del mundo. Puerto Príncipe es la única capital latinoamericana tomada en un 90% por las pandillas, quienes controlan la vida de los haitianos. En una gran parte del territorio, son una suerte de Estado que suple principalmente las carencias alimentarias, revisa periódicamente los celulares y extorsiona a quienes tienen recursos. Si bien la experta colombiana sabe de sobra el historial de violencia sexual y física de estas pandillas urbanas, insiste en que las medidas para aplacarlos tienen que cumplir con el derecho internacional. “Si como resultado del despliegue se acaba atacando a población civil, las fuerzas armadas nunca van a recobrar la confianza de los ciudadanos”, explica.

El descrédito al que se refiere se remonta a hace dos décadas. En 2004, llegó a Haití la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, Minustah, una operación de paz de la ONU establecida para estabilizar la crisis política en el país caribeño. Sin embargo, el operativo enfrentó críticas por las amplias denuncias de abuso y explotación sexual por parte de los cascos azules, así como por haber reintroducido el cólera en el país.

Veinte años después del escándalo y con la reputación por los suelos, llegó a Haití el primer contingente de policías de Kenia, conocido inicialmente como Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS) [luego, transformadas en Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF)], una misión aprobada por la ONU y financiada mayoritariamente por aportes de Estados Unidos y Canadá, que busca pacificar un país envuelto en una compleja crisis política y social. A principios de abril, se espera que llegue un segundo grupo militar internacional, compuesto principalmente por militares del Chad, Guatemala y Bangladés.

Para los organismos de derechos humanos, los operativos de drones kamikazes -que, al menos hasta ahora, solo están siendo avivados por el primer ministro, no por el GSF— son otra piedra en el camino para el lavado de imagen de las fuerzas armadas. Algunos expertos de las Naciones Unidas advirtieron hace ya una década que el uso de drones puede despersonalizar la actuación policial, lo que hace difícil garantizar que la fuerza se aplique de manera “mínima y adecuada”, especialmente en entornos urbanos complejos y densamente poblados.

“A los haitianos se les ha hecho elegir entre seguridad o derechos humanos, pero se tiene que apostar por buenas operaciones policiales que cumplan los más altos estándares de derechos humanos”, zanja Goebertus. “El objetivo ha de ser procesar y judicializar a los pandilleros”, Para ello, Haití tiene que cumplir con una deuda histórica: reconstruir el poder judicial.

9 personas asesinadas por operativo

El número de ataques con drones armados en Puerto Príncipe [de los cuales HRW solo tiene constancia de que se hayan empleado en el contexto de conflictos armados en Ucrania y Sudán] ha aumentado significativamente en los últimos meses. Entre noviembre de 2025 y el 21 de enero de 2026, se reportaron 57 casos. De hecho, más del 40% de los asesinatos reportados tuvieron lugar entre el 1 de diciembre y el 21 de enero. El promedio de personas asesinadas por operación es de 8,8, mientras que la operación más letal dejó 57 personas asesinadas.

El primer ministro Fils-Aimé no ha dado declaraciones ni a EL PAÍS ni a HRW al respecto de estas cifras. Las pocas declaraciones que se conocen de él, responden a la entrevista que dio al Wall Street Journal en agosto de 2025 en la que defendía que las operaciones con drones había “detenido el derramamiento de sangre” y obligado a los miembros de los grupos criminales a esconderse.

También afirmó que “mantener a los ciudadanos inocentes a salvo es una prioridad del Gobierno” y que “la muerte de un solo civil ya es demasiado”. Sin embargo, al momento de redactar este informe, las familias de las víctimas entrevistadas por HRW afirmaron no haber tenido contacto alguno con funcionarios del Gobierno en relación con los asesinatos, ni acceso a justicia o reparaciones.