Asesinatos, tortura y desapariciones: un grupo de expertos acusa al Gobierno de Bukele por crímenes de lesa humanidad ante la ONU

Hay motivos razonables para creer que el Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha cometido crímenes de lesa humanidad como asesinato, encarcelamiento de niños, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo de 2022. Esa es la conclusión a la que ha llegado un informe elaborado por un grupo internacional de expertos, quienes presentarán los hallazgos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza. Este señalamiento constituye la acusación más grave por violaciones a derechos humanos contra el presidente centroamericano, quien acumula decenas de denuncias en sus seis años y medio en el poder.

El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), se formó en 2024 y está integrado por cinco profesionales independientes de reconocida trayectoria. El grupo cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entre otras. Los expertos son: Susana SáCouto, Claudia Martin, Gino Costa, José Guevara y Santiago Canton.

El informe, de 275 páginas, se nutre de más de 1.700 fuentes primarias y secundarias, entre ellas entrevistas con víctimas, documentos oficiales de El Salvador, declaraciones de altos funcionarios de Gobierno, informes de órganos de protección de derechos humanos de la ONU, reportes de prensa y estudios de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.

“Es la acusación más grave que se ha hecho en los últimos años. Este informe le agrega un elemento adicional a todas las discusiones que han existido sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador y se transforma, con información muy sostenida y con bastante evidencia, en la caracterización de estos hechos como crímenes de lesa humanidad”, dijo Claudia Martín, una de las expertas que elaboró el documento.

Para determinar si los hechos analizados constituyen delitos de lesa humanidad, los expertos se basaron en los estándares del derecho internacional, como el Estatuto de Roma. Este instrumento ha sido ratificado por El Salvador, por lo que tiene jurisdicción sobre actos cometidos por sus ciudadanos. Además, los expertos contemplaron los criterios del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).

El artículo 7 del Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como una serie de actos diversos que son “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, y que forman parte de una política de Estado.

“En términos de consecuencias, la caracterización de violaciones a derechos humanos como crímenes de lesa humanidad tiene unas implicaciones jurídicas precisas, como la imprescriptibilidad de estos delitos y la responsabilidad individual de los perpetradores. Esto conlleva obligaciones reforzadas de investigar, en el sentido de que la responsabilidad no solo recaerá sobre los autores materiales sino también sobre los autores intelectuales; en este caso, sobre quien planeó o dirigió la política de Estado”, añadió Martín.

Violaciones sistemáticas a los derechos humanos

De acuerdo con el informe, el régimen de excepción perdió su característica de temporalidad y se transformó en una serie de “políticas y prácticas que han causado violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, las cuales no pueden ser consideradas reacciones legítimas a una situación de emergencia, ni son casos aislados, sino parte de un patrón coherente, planificado y sostenido de acción estatal”. “Su renovación sucesiva e indefinida, sin motivación sustantiva ni control judicial efectivo, ha transformado una medida extraordinaria en un mecanismo permanente de gobernanza”, dice el documento.

El documento señala que durante el régimen de excepción, miles de las cerca de 90.000 personas detenidas han sido privadas de libertad sin cumplimiento del debido proceso: muchas no fueron informadas de los motivos de su arresto, la policía realizó capturas para cumplir cuotas o basándose en apariencia física y tatuajes, el hábeas corpus resultó ineficaz y se implementó la figura de “jueces sin rostro”. Incluso el propio presidente Nayib Bukele reconoció que al menos 8.000 personas fueron detenidas sin causa justificada.

Diversos informes citados por los expertos señalan prácticas sistemáticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes como golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica y privación de alimentos, agua, atención médica y ventilación, mientras el Gobierno difundía imágenes de detenidos descalzos y sin camisa, exhibiendo sus rostros y calificándolos de terroristas sin condena judicial.

Según los expertos, el régimen de excepción no ha servido únicamente para el restablecimiento del orden, sino también para atacar a opositores políticos y voces críticas. El mismo Gobierno salvadoreño ha reconocido ante organismos internacionales que se ha aplicado el régimen de excepción a opositores como la abogada y activista Ruth López, quien además es considerada presa política.

“Se observó una progresiva normalización y expansión de facultades excepcionales que terminaron aplicándose contra personas opositoras o percibidas como tales, lo que demuestra que ambos ataques ocurrieron dentro del mismo marco institucional y responden a una lógica represiva similar”, dice el informe.

El documento señala además que, pasados casi cuatro años desde que inició el régimen de excepción, ya no existen argumentos que sostengan su propósito inicial de combatir a las pandillas, ya que los índices de criminalidad se han visto reducidos drásticamente. Su continuidad, según los expertos, ha constituido “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, incluso de niñas, niños y adolescentes, en el contexto de la política de seguridad enmarcada en el régimen de excepción”.

El informe recomienda al Gobierno y a la ONU la creación de una comisión independiente de revisión de casos que trabaje para analizar y clasificar expedientes, buscando salidas legales y humanitarias para las personas detenidas injustamente y víctimas de violaciones a sus derechos.

Torturas, desapariciones y asesinatos

Los expertos señalan que, hasta marzo de 2024, diversas organizaciones de derechos humanos documentaron al menos 814 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos durante el régimen de excepción en El Salvador. Los registros incluyen denuncias de golpizas, descargas eléctricas, humillaciones, amenazas, violencia sexual, desnudez forzada y violencia psicológica contra personas detenidas y, en algunos casos, contra sus familiares.

Los informes citados también señalan asesinatos bajo custodia y graves condiciones de detención, entre ellas falta de acceso a alimentos, agua, sanitarios, ventilación y atención médica. Organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario han documentado cerca de 500 casos de muertes bajo custodia del Estado en los cuatro años de régimen de excepción. Las autoridades se han limitado a responder que se trata de muertes naturales.

El informe señala además que existen 540 casos de desaparición forzada. En estos, los expertos advierten que muchas víctimas fueron detenidas y, hasta la fecha, no se ha brindado información sobre su paradero a sus familiares y defensores. La cifra, dice el documento, podría aumentar ya que existen denuncias de detenidos que han fallecido y terminado en fosas comunes sin conocimiento de sus familias.

Las denuncias documentadas incluyen también casos de tortura y malos tratos contra menores de edad. De acuerdo con documentación de Human Rights Watch, citada en el informe, hasta 2024 habían sido detenidos 3.319 menores de edad durante el régimen de excepción, de los cuales al menos 22 habían sufrido abusos. Entre las prácticas registradas se encuentran golpizas, asfixia, amenazas, humillaciones, privación del sueño y condiciones severas de hacinamiento e insalubridad.

“Las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco del régimen de excepción son tan graves, por haberse cometido a tal escala y de manera sistemática, que se convierten en uno de los crímenes más serios que la comunidad internacional reconoce. Y la misma comunidad es responsable de que esos crímenes no permanezcan impunes”, dijo José Antonio Guevara, otro de los expertos a cargo de la investigación.

Violaciones y violencia sexual

De acuerdo con el documento, solo entre 2022 y 2023 se reportaron entre cuatro y diez casos de agresiones sexuales y violaciones ocurridas en espacios públicos y en centros de detención del Estado. Los expertos señalan además que durante el régimen de excepción se incrementaron las denuncias por extorsiones de parte de agentes del Estado, incluyendo casos de extorsión sexual.

El informe señala que el régimen de excepción ha agravado la situación de vulnerabilidad de ciertas personas, facilitando agresiones sexuales tanto dentro como fuera de los centros de detención. La información disponible sugiere que agentes del Estado se habrían aprovechado del entorno coercitivo creado por la medida.

En conjunto, los expertos indican que las agresiones han sido atribuidas tanto a agentes del Estado (militares, policías y autoridades penitenciarias) como a personas privadas de libertad. Sin embargo, las respuestas institucionales han sido limitadas: solo los casos más notorios, como la violación de una menor en una comunidad, han derivado en detenciones. Incluso en ese caso, las autoridades han mantenido opacidad sobre el avance del proceso, mientras que algunos acusados han sido recluidos en instalaciones militares especiales o liberados mientras esperan el juicio. Todo apunta a que, por lo pronto, ni el Estado salvadoreño ni el bukelismo están preocupados por responder por estos hechos.

“¿Qué tanto puede tardar esto? Pues no sabemos. La justicia internacional es lenta, pero funciona; y para que funcione depende de muchos factores. Esta es una contribución para que esa justicia internacional empiece a moverse”, añadió Guevar.