Perseguido dentro y fuera de Venezuela: el opositor que huyó del Helicoide y ahora enfrenta la deportación de Estados Unidos

En las calles de Lima, el opositor venezolano Villca Fernández se cruzó al menos tres veces con quienes habían sido sus carceleros en la prisión del Helicoide. En una de esas ocasiones tuvo que lanzarse de un transporte público para huir. El miedo no terminó con el destierro al que lo condenó el chavismo en 2018. Tras años en prisión, fue liberado con la condición de abandonar Venezuela y dejar atrás a su familia. Tampoco terminó en Perú. Después de casi cuatro años en Estados Unidos y una solicitud de asilo político pendiente, Fernández enfrenta ahora una posible deportación.

“¿Cómo puedes encontrarte tres veces en un mismo día con la misma persona en una ciudad de 12 millones de habitantes como Lima?”, se pregunta Fernández, de 46 años, en una videollamada desde Miami, donde trabaja como cocinero. “Eso no fue casualidad. La represión transnacional del chavismo está más que demostrada. Por eso supe que tenía que irme a Estados Unidos”.

Con represión transnacional se refiere a casos como el asesinato en Chile del teniente Ronald Ojeda, que se investiga como un crimen político, y al encarcelamiento de Franklin Caldera, un militar desertor capturado en 2020 por agentes de inteligencia venezolanos en Colombia y que hoy sigue preso.

Fernández llegó a Estados Unidos con las heridas de la represión vivida por su activismo contra el Gobierno de Nicolás Maduro. En 2022 cruzó el río Bravo, entre Texas y Ciudad Juárez, con copias impresas de su expediente de persecución. Las llevaba pegadas al cuerpo con papel de embalaje para que no se mojaran. Luego se entregó a la patrulla fronteriza y pidió asilo.

Las pruebas de esa persecución también estaban en su propio cuerpo. En las cicatrices de los perdigones que recibió durante protestas estudiantiles como dirigente de la Universidad de Los Andes. En el daño psicológico que le dejó pasar más de dos años con un grillete electrónico en el tobillo que vibraba cada media hora, lo que describe como una forma de tortura.

También en las secuelas que quedaron en su brazo izquierdo después de que lo mantuvieran esposado, con el brazo en alto, a los barrotes de una celda del Helicoide durante mes y medio. Y en la sonrisa perdida. Las torturas y los malos tratos que sufrió en esa cárcel lo dejaron con apenas un cuarto de su dentadura. En Estados Unidos ha logrado completar su boca con prótesis temporales.

Hay otras marcas que no se ven. Fernández aún se pone en alerta cuando escucha el tintineo de un manojo de llaves. En la cárcel, cuenta, ese sonido no significaba que los presos iban a salir de la celda, sino que iban a ser llevados a un lugar para torturarlos.

Después de dos años en “el infierno”, como los propios carceleros llamaban al Helicoide, un día de 2018 Fernández fue sacado de su celda. Esposado y con grilletes llegó a la taquilla de una aerolínea. Lo escoltaba un guardia que colocó el fusil sobre el mostrador mientras tramitaba su embarque. Lo enviaron a Perú sin documentos.

El país andino le había concedido refugio por ser hijo de un peruano. Pero apenas un año después de su salida de Venezuela, el propio Nicolás Maduro volvió a acusarlo de ser el autor intelectual de un asalto a un cuartel militar y pidió su detención al entonces presidente peruano Martín Vizcarra. “Yo pido que se capture bajo las leyes internacionales a este terrorista llamado Villca Fernández”, dijo Maduro en televisión. Fernández volvió a sentirse perseguido.

“Cuando entré a Estados Unidos dije: ‘Soy Villca Fernández y vengo a pedir asilo’”, relata. “Pasé dos meses en un centro de reclusión migratoria, enfrenté las entrevistas de miedo creíble de distintas agencias, me dieron un parole humanitario y luego introduje oficialmente mi solicitud de asilo”.

Desde entonces, asegura, ha cumplido con todos los requisitos migratorios. “Cuento con permiso de trabajo vigente, licencia, con todo lo que las leyes exigen en este país. Lo único que he estado pidiendo es que se me permita pararme frente a un juez y defender mi caso”.

El caso de asilo de Fernández fue cerrado hace unas semanas sin resolución. La apelación fue negada y se emitió en su contra una orden de deportación.

El activista ha quedado dentro del grupo de extranjeros que Estados Unidos ha decidido expulsar mediante el programa de deportación a “tercer país seguro”, una de las medidas que el Gobierno de Donald Trump ha activado dentro de su política migratoria. Ecuador o Uganda son algunos de los destinos con los que se han establecido acuerdos.

Cubanos y venezolanos que solicitaron asilo después de noviembre de 2019 han comenzado a recibir mociones del Departamento de Justicia que ordenan su deportación, sin posibilidad siquiera de escoger entre esos países.

Fernández no quiere salir de Estados Unidos. Durante su destierro ya experimentó la persecución incluso fuera de Venezuela. “Es lamentable que mi vida vuelva a estar en peligro. Vine a Estados Unidos en busca de protección y ahora siento que se me está dando la espalda en el momento más crítico de mi vida”, dice.

Fernández observa con desconfianza el proceso político que vive Venezuela tras la intervención militar estadounidense del 3 de enero. No cree que en su caso sea posible beneficiarse de una eventual amnistía. “Quienes pidieron intervención en Venezuela no pueden ser amnistiados”, afirma. “Y no solo pedí intervención, la sigo pidiendo y aplaudo la captura de Nicolás Maduro, a quien varias víctimas hemos demandado por torturas”.

Poco antes de recibir la notificación de deportación, Fernández había declarado ante medios en Miami sobre la solicitud presentada ante el Departamento de Justicia —junto con otras víctimas— para que se imputen cargos de tortura en la investigación federal que se sigue contra el líder chavista, detenido en Nueva York.