Pastores, sindicalistas y menores, entre los 470 muertos en prisiones bajo el régimen de Bukele

El último informe de la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario (SJH) documenta 470 muertes de personas detenidas durante los 45 meses de régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele. La investigación concluye que “un alto porcentaje de personas que entraron al sistema penitenciario sanos no duraron ni un mes presos y perecieron; lo cual indica que pudieron haber sido asesinados”.

El documento, de 32 páginas, revela que el 94% de los fallecidos no eran pandilleros. Entre ellos figuran pastores evangélicos, sindicalistas, taxistas y cuatro menores de edad, incluida una recién nacida. La cifra triplica los 153 decesos bajo custodia estatal reportados por la organización Cristosal en 2023. En ambos casos, familiares denunciaron haber identificado cuerpos con señales de tortura.

SJH recopiló testimonios de allegados y los contrastó con su propia investigación a lo largo de casi cuatro años. Desde el inicio del régimen de excepción, organismos de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y homicidios en prisión. Tanto Cristosal como SJH abandonaron El Salvador en 2025 tras la ofensiva del Gobierno contra críticos y opositores.

La medida extraordinaria, concebida inicialmente para 30 días, se ha prolongado durante 45 meses, casi cuatro de los seis años de mandato de Bukele. Además de perseguir a pandilleros, ha servido para encarcelar a voces críticas como la abogada Ruth López, el constitucionalista Enrique Anaya y activistas detenidos por protestar frente a la residencia presidencial.

El informe detalla que el 31,8% de los fallecidos murió de forma violenta, mientras otro número similar perdió la vida por falta de atención médica a enfermedades crónicas. En muchos casos, las causas de muerte fueron registradas como “sobreaveriguar”, lo que, según SJH, busca evitar que se contabilicen como homicidios.

De los 470 casos, 294 personas murieron tras ser ingresadas de emergencia en hospitales y 143 dentro de las celdas. Unos 75 reos fallecieron antes de cumplir cuatro meses en prisión. La organización estima que el número real de muertes podría ascender a 1.300, con cuerpos enterrados en fosas comunes sin notificación a las familias.

Entre los fallecidos figuran cuatro pastores evangélicos de unos 50 años, tres sindicalistas de distintos sectores y mujeres de hasta 74 años. El informe destaca el caso de una recién nacida cuyo parto se adelantó por las torturas sufridas por su madre embarazada en prisión, y el de una niña de cuatro años que murió de neumonía tras contagiarse en la cárcel.

Izalco, la prisión invisible

La mayoría de muertes (40,9%) se registraron en el penal de mediana seguridad de Izalco, seguido por el centro La Esperanza, conocido como Mariona (18,9%). El célebre CECOT, convertido en símbolo propagandístico del Gobierno y abierto a medios internacionales, apenas concentra los fallecimientos. El acceso a Izalco, en cambio, está prohibido para la prensa local.

Organizaciones como Human Rights Watch han documentado denuncias de torturas en Izalco, una cárcel que se ha convertido en el epicentro de la represión penitenciaria, lejos de los focos mediáticos que el Ejecutivo dirige hacia el CECOT.