La abogada salvadoreña Ruth López pide un juicio público ante la pretensión de la Fiscalía de Bukele de procesarla en secreto

El juzgado de Paz número 12 de San Salvador ordenó este miércoles enviar a prisión provisional a la destacada abogada y defensora de los derechos humanos Ruth López, detenida hace poco más de dos semanas. El juicio en su contra ha sido decretado como secreto a petición de la Fiscalía General controlada por el presidente, Nayib Bukele, quien la acusa de enriquecimiento ilícito. Por su parte, en los pocos segundos que se pudieron ver, López dijo a gritos que se declara inocente y que exige un juicio público. “Soy una presa política. Todas mis imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno”, dijo al salir del tribunal, rodeada por un fuerte operativo policial.

La audiencia se desarrolló a puerta cerrada, sin acceso a la prensa y duró cerca de cuatro horas. A las 17.00, López fue escoltada por policías a un centro penitenciario mientras continúan las investigaciones en su contra. Pedro Cruz, uno de los defensores de la abogada, consideró la resolución como “una aberración jurídica”. “Lo que la jueza habló sobre el caso fueron cosas ilógicas y sin asidero probatorio”, dijo.

Tras salir de la audiencia, López fue trasladada en un vehículo particular de color gris con placas de Guatemala, lo que generó denuncias de varios defensores de derechos humanos. El vehículo, con las placas P0514JNW, está registrado a nombre de Edgar Manolo Ruano Pineda, un proveedor de granos básicos sin ningún vínculo público con las autoridades salvadoreñas, según pudo corroborar EL PAÍS. Este medio intentó contactar a Ruano a través de sus números de teléfono registrados en internet, pero no hubo respuesta. También se consultó a la Presidencia, pero tampoco hubo respuesta.

López fue capturada el pasado domingo 18 de mayo cerca de la medianoche en su vivienda, luego de que un grupo de agentes la hiciera salir con engaños. Su detención se dio en el marco de la más reciente embestida de Bukele contra organizaciones de derechos humanos y voces disidentes.

Tras el arresto, la Fiscalía informó a través de su cuenta oficial en X de que López era acusada del delito de peculado, que consiste en la apropiación indebida de bienes públicos por parte de un funcionario público. La institución señaló que López “colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado”, mientras fue empleada pública durante el Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Posteriormente, el pasado martes, la Fiscalía llegó al juzgado acusándola por un delito diferente, esta vez, enriquecimiento ilícito. Además, solicitó la reserva total del caso, por lo que los defensores no pueden brindar ningún detalle al respecto.

En el proceso contra López, la Fiscalía de Bukele ha usado los plazos procesales del régimen de excepción, el superpoder legal de Bukele implementado exclusivamente ―al menos en teoría― para combatir a las pandillas. Esta herramienta legal modifica el plazo de detención y lo extiende de 72 horas a 15 días para que una persona sea presentada ante un juez y el máximo de dos años en prisión bajo investigación se amplía de forma indefinida. Es decir, que López podría pasar detenida años sin llegar a un juicio.

Tras su captura, Cristosal, la principal organización de derechos humanos en El Salvador y de la cual López es directiva, denunció su desaparición forzada. Este miércoles, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al Estado salvadoreño para recordar que “toda persona imputada puede ser procesada en libertad si no representa un riesgo de evasión para la justicia”.

Por su parte, Bukele ha evitado referirse directamente al caso de López, pero en su discurso a la nación el pasado 1 de junio volvió a embestir contra las organizaciones de derechos humanos, periodistas y voces críticas. “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle”, dijo en defensa de su escalada autoritaria, que ha sido portada en periódicos a nivel mundial.

El origen del juicio

La acusación contra López surge, según las autoridades, en el marco de la investigación contra Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y exsecretario de Comunicaciones de la Administración de Sánchez Cerén. Chicas fue detenido el jueves 13 de febrero de 2025, mientras llevaba a su hijo a la escuela, acusado de enriquecimiento ilícito.

Entre Chicas y Bukele existe una riña de carácter personal. En 2017, mientras era alcalde de San Salvador, Bukele acusó públicamente a Chicas de haber abusado de una menor de edad. Chicas lo demandó ante un tribunal y le ganó un juicio que determinó un pago por 50.000 dólares, más una disculpa pública. En esa ocasión, Bukele entregó el pago en efectivo y tiró los billetes sobre un escritorio durante la lectura de la sentencia.

Una vez en el poder, la Fiscalía de Bukele arremetió contra Chicas. En 2022 inició un proceso civil por enriquecimiento ilícito contra Chicas hasta que finalmente fue condenado a pagar cerca de 200.000 dólares. Posteriormente, en febrero de 2025, las autoridades abrieron otro proceso por el mismo delito, esta vez penal para que pague con cárcel. Chicas también se ha declarado preso político de Bukele.

Una publicación del periódico digital El Faro, difundida el domingo, documenta por primera vez desde el fin de la guerra civil la existencia de presos políticos en El Salvador. Según el informe, para marzo de 2025 había al menos 28 personas detenidas por razones políticas y 92 más bajo persecución.