Un policía salvadoreño confiesa 97 homicidios y asegura que un alcalde cercano a Bukele le pagaba por matar

Un policía salvadoreño ha confesado haber participado en al menos 97 asesinatos entre 2015 y 2020 como integrante de un grupo de exterminio dedicado a ejecutar a presuntos pandilleros, según ha revelado el periódico salvadoreño El Faro. Entre las víctimas, hay menores de edad, empresarios y un sacerdote. El agente, convertido en testigo de la Fiscalía, declaró que un alcalde cercano al presidente Nayib Bukele le pagó por 36 de esos homicidios.

Según la publicación, el agente fue detenido en agosto de 2020, acusado junto a otros tres policías de la desaparición y asesinato de dos jóvenes ocurrida en 2017. Tras su arresto, el policía aceptó colaborar con la Fiscalía y se convirtió en testigo protegido bajo el nombre clave Horus y confesó su participación en 75 casos que dejaron 97 víctimas mortales en cinco años.

La confesión de Horus fue creíble, al punto que un tribunal salvadoreño compuesto por tres jueces condenó en 2020 con hasta 180 años de prisión a sus compañeros; sin embargo, en la sentencia no incluyó al alcalde, a pesar de que fue nombrado 141 veces por el testigo principal del caso. Durante años, el caso y la declaración del testigo se mantuvo bajo secreto por orden judicial, pero una filtración conocida como Guacamaya Leaks, que extrajo millones de correos internos de la Policía salvadoreña, permitió dar con la confesión.

El político señalado por el policía es Salvador Menéndez, alcalde del municipio La Paz Oeste desde 2012 y hasta la fecha y miembro del partido GANA, con el cual Bukele llegó al poder en 2019. Menéndez ha repetido en reiteradas ocasiones que es “amigo” y “aliado” de Bukele, quien también le ha expresado admiración y respeto en redes sociales. En 2019, Menéndez dijo que él mismo financió un mitin de la campaña presidencial de Bukele realizado en el parque central de su municipio y en 2024 subió un video a sus redes sociales en una fiesta privada en el marco de la segunda toma presidencial del mandatario.

Aunque el caso llegó a los tribunales salvadoreños en 2020 impulsado por la fiscalía del entonces fiscal general Raúl Melara, el juicio contra los agentes se realizó en diciembre de 2020, cuando Bukele ya había hecho una purga de jueces y había impuesto a su propio fiscal, Rodolfo Delgado. Delgado ha enterrado varios casos de corrupción y pactos entre las pandillas y el Gobierno.

La confesión completa del testigo es un documento de 220 páginas. En ella, Horus confesó 75 casos con un total de 97 víctimas. En 23 de ellos, señaló que él y su grupo recibieron pagos del alcalde Menéndez por un total de 36 asesinatos. Según el testigo, a veces el edil les señalaba los nombres de las víctimas y en otras ellos mataban y el alcalde les recompensaba, usualmente con mil dólares por víctima. El testigo también señaló al alcalde de brindarles vehículos y armas ilegales para matar.

En total, según lo dicho por el testigo, Menéndez pagó al grupo de policías 27.500 dólares por asesinar a 36 personas entre los años 2015 y 2018. De acuerdo con la publicación, el alcalde reconoció saber sobre las acusaciones del testigo y dijo que nunca había sido citado por ninguna autoridad para declarar al respecto. El alcalde además reconoció a El Faro que durante años ha dado regalías al puesto policial de su municipio, pero aseguró que lo ha hecho en calidad de edil y negó que fuera con fines ilícitos.

Entre los casos en los que Horus señala al alcalde Menéndez como autor intelectual hay un doble homicidio ocurrido en la madrugada del 26 de febrero de 2016. En esa ocasión, señaló el testigo, el alcalde les ordenó encontrar a unos pandilleros, decapitarlos y dejar sus cabezas en la entrada del municipio para “mandar un mensaje” a las pandillas y posicionar su municipio como uno de los más violentos y supuestamente recibir más fondos del gobierno central.

El Faro verificó que en al menos 10 de los 23 casos hay notas de prensa local que confirman que las víctimas murieron en las fechas y bajo las circunstancias descritas por el testigo, incluido el asesinato de dos presuntos pandilleros decapitados.

De acuerdo con la publicación, los policías identificaban a sus víctimas, las ubicaban fingiendo que realizaban un operativo policial y las llevaban esposadas a unos cañales -abundantes en la zona- donde luego las ejecutaban. Tras los asesinatos, los policías alteraban la escena del crimen y ponían armas ilegales sobre los cadáveres para fingir un enfrentamiento.

Otro de los casos más emblemáticos confesados por el testigo fue el asesinato del sacerdote Ricardo Antonio Cortez, rector del seminario San Óscar Arnulfo Romero, de Santiago de María, en Usulután, el 7 de agosto de 2020, mientras conducía hacia el seminario. En ese caso, el testigo asegura que contaron con la colaboración de agentes de exterminio de un municipio aledaño y de los jefes policiales de ambos grupos. Según el testigo, en este caso no estuvo relacionado el alcalde Menéndez, sino con un supuesto narcotraficante a quien únicamente identificó con el nombre de Chepón, presuntamente con vínculos con carteles mexicanos.

Tras el asesinato del padre Cortez, la Iglesia Católica de El Salvador pronunció su profunda preocupación y exigió al Gobierno aclarar el hecho y hacer justicia. En los meses anteriores, también había sido asesinado otro sacerdote identificado como Walter Vásquez. Dos años después, en 2022, el obispo de la diócesis de Santiago de María, al oriente de El Salvador, Monseñor William Iraheta dijo a La Prensa Gráfica que sospechaba que los asesinatos de ambos religiosos habían sido cometidos por grupos de sicariato y reiteró su deseo de justicia.

La confesión del testigo también señala otros casos en los que las víctimas no tenían ningún vínculo con pandillas, como el caso de un fiscal que los investigaba por el asesinato de cuatro jóvenes. Según el testigo, los agentes planificaron el asesinato del fiscal durante una audiencia realizada en marzo de 2018, pero luego de quedar libres, convinieron perdonarle la vida.

Al cierre de esta nota, ni el Gobierno salvadoreño, ni la Policía Nacional Civil ni la Fiscalía General de la República se han pronunciado al respecto. EL PAÍS escribió al secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, para pedir una postura oficial, pero luego de varios intentos, no respondió. Sanabria fue asesor del alcalde Menéndez en 2014, según su currículum, publicado en la página de Transparencia de la Presidencia.