La ex número dos de Manuel Bustos niega el tráfico de influencias y asegura que solo atendió al tío del alcalde

La exregidora y diputada socialista Montserrat Capdevila ha rechazado este jueves haber cometido ningún delito de tráfico de influencias mientras fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sabadell, tal y como le acusa la Fiscalía en una de las piezas, la número 21, que juzgan el caso Mercurio, la investigación judicial sobre corrupción urbanística y tráfico de influencias en el municipio vallesano mientras lo dirigía Manel Bustos. A Capdevila, hoy alto cargo de la Generalitat como responsable de los servicios territoriales del Departamento de Educación en el Vallès, se le señala por supuestamente haber mediado en 2011 con el tío de Bustos para que una empresa pudiera regularizar unas obras efectuadas en un concesionario de vehículos dos años después de que se efectuaran para así ahorrarse una parte de impuestos municipales.

En aquel escenario, Capdevila era segunda teniente de alcalde y titular de las materias de comercio y de la gestión tributaria municipal, mientras que el tío de Bustos, Melquíades Garrido, era el presidente del Gremio de Constructores del Vallès, además de quien se encargó de los trabajos en el concesionario en 2009 sin que mediara factura. En un momento en el que el Ayuntamiento había pedido información sobre esas obras, el propietario del concesionario le pidió a Garrido cómo arreglar la falta de factura y este reclamó ayuda a Capdevila para que le orientase. La exparlamentaria ha explicado en la Audiencia de Barcelona, donde el juicio empezó el martes pasado, que ella apenas atendió al constructor y, al constatar que no controlaba la materia, dirigirle a un técnico municipal del área de Tributos. “No le di más importancia, era una consulta que yo desconocía y le trasladé a las persona que tenía más cerca para que les pudiera aclarar la duda”, ha explicado, defendiendo que le atendió ”por cortesía”. Ha asegurado desconocer cómo acabaron las gestiones y ha reconocido que si hubiera condicionado al técnico, “hubiera hecho una injerencia que no me tocaba”.

La declaración de Capdevila ha estado plagada de “no me acuerdo” y de asumir algunas declaraciones tras haberlas leído en el sumario. Ha rechazado que tratara de ningún expediente concreto, “nunca lo hacíamos y tampoco en esa ocasión“, si bien sí ha reconocido que mantuvo llamadas telefónicas y llegó a hablar con Garrido para escuchar sus requerimientos, básicamente si se podían utilizar albaranes de entrega de materiales para justificar una obra como la que se llevó a cabo en el concesionario Sitjas Motor de Sabadell.

Este miércoles, un responsable de los Mossos d’Esquadra señaló que ese encuentro entre Capdevila y Garrido fue “el inicio de la cadena” que habría supuesto, en su opinión, el delito de tráfico de influencias. Después, la teniente de alcalde puso en contacto a Garrido con Josep Abellán, cargo del Ayuntamiento. Los tres principales acusados, Garrido, el propietario del concesionario, Antoni Sitjas, y el asesor fiscal josé María Caballero, admitieron el martes de forma parcial su responsabilidad al reconocer haber fabricado una factura falsa para enmendar la realización de las obras.

La pieza 21 del caso Mercurio que se juzga estos días es una de la treintena de piezas que se abrieron cuando estalló la operación Mercurio de los Mossos d’Esquadra y una de las seis que se mantienen abiertas todavía, pendientes de resolución pese a que han pasado más de tres lustros desde que sucedieran los hechos. Según cálculos del Ayuntamiento de Sabadell, que ejerce como acusación particular, las arcas municipios sufrieron un perjuicio de poco más de 1.800 euros en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), pero el daño de esta causa va mucho más allá, con diez imputados amenazados con penas de prisión de hasta 1 año y 8 meses por posibles delitos de falsificación documental, tráfico de influencias y prevaricación. La petición para Capdevila se sitúa en el año y los cuatro meses de cárcel.