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El sueño de los ‘dreamers’ cumple dos décadas sin aprobarse en el Congreso

El programa de residencia temporal para migrantes que llegaron siendo niños se percibe más inestable que nunca

Miembros de la comunidad mexicoamericana durante una protesta en Detroit, el 4 de marzo de 2025.
Patricia Caro

En 2001 una estudiante de piano de 18 años inspiró al senador de Illinois Richard Durbin a proponer la ley Dream (Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros, por sus siglas en inglés), creada para legalizar a cientos de miles de jóvenes migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, los que recibirían el nombre de dreamers (soñadores).

Nacida en Brasil de padres surcoreanos, Lee y su familia se mudaron a Chicago cuando ella apenas tenía dos años. Todos eran indocumentados y con pocos recursos económicos. A los 17 años, Lee con un gran talento para la música, se convirtió en la primera joven de un barrio marginal en ganar un importante concurso de piano y tocar con la Orquesta Sinfónica de Chicago. El director artístico de su escuela la animó a solicitar la admisión en algunas de las mejores universidades de música del país. Cuando iba a rellenar las solicitudes, se encontró con el problema: no tenía cómo rellenar el espacio destinado al número de la seguridad social.

Su familia pidió ayuda al senador Durbin. “Era una buena estudiante, una gran música y merecía una oportunidad. Por eso presentamos el Dream Act hace más de 20 años”, recordaba Durbin el miércoles pasado en un acto a favor de los dreamers frente al Capitolio, en Washington D.C. “La ley hasta entonces era muy clara. Tereza Lee tenía que salir de Estados Unidos durante 10 años y después solicitar su regreso. ¡10 años! Una joven de 18 años, que solo conocía Estados Unidos como su hogar, habría tenido que irse durante 10 años”, explicó Durbin.

Dos décadas después y varias versiones diferentes de la ley, el Dream Act sigue sin aprobarse y los dreamers, sin un estatus migratorio permanente. El alivio llegó de manos de Barack Obama, a quien su excolega y amigo Durbin pidió ayuda. En 2012, Obama, ya presidente, creó DACA (Acción Diferida para Llegados en la Infancia), el programa que ofrece protección temporal a los dreamers y con el que pueden trabajar en Estados Unidos.

La convocatoria de este 11 de junio frente al Congreso, en la que también participaron el senador por California, Alex Padilla, y las representantes Celia Ramírez, de Illinois, y Lydia García, de Texas, celebraba el aniversario de DACA, que este 15 de junio cumplió 13 años. Organizaciones de defensa de los migrantes, como FWD.us y CASA también estuvieron presentes.

Aunque imperfecto por su carácter temporal, DACA ha sido la tabla de salvamento de más de 800.000 jóvenes que se han beneficiado de él. Ahora, en un momento en el que el Gobierno de Estados Unidos se rige por el carácter antiinmigrante del presidente y sus acólitos, los dreamers se sienten amenazados. El programa se pelea en las cortes y las nuevas adscripciones están suspendidas por orden judicial desde 2021, cuando un juez de Texas dio la razón a los republicanos que lo demandaron por considerarlo ilegal.

El último fallo fue el de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, confirmó la decisión del juez de Texas que consideró el programa ilegal, pero limita su efecto a ese Estado. Eso implica que quienes tienen DACA en Texas perderán sus permisos de trabajo, mientras que, en el resto de los Estados, podrán continuar como hasta ahora. Su futuro sigue en los tribunales y podría llegar a la Corte Suprema, donde los jueces conservadores tienen mayoría de seis a tres. Trump ya intentó acabar con DACA durante su primer mandato y la cascada de decretos contra la inmigración de los cinco meses de su segundo mandato auguran más ataques contra el programa.

Pero DACA, que se debe renovar cada dos años, no es una solución definitiva para los soñadores. El Dream Act, por el contrario, ofrecería seguridad con la residencia permanente y un camino para la ciudadanía.

“Los republicanos nunca lo han apoyado; están en contra de la inmigración. Creen que el Dream Act es para que vengan las personas ilegales, que traerán más crimen. Y ya sabemos todos que eso no es lo que está pasando”, declaró a EL PAÍS la representante García, quien lidera su presentación en la Cámara de Representantes.

Muchos de los dreamers ni siquiera son beneficiarios de DACA, por lo que su estatus es ilegal, a pesar de llevar casi toda su vida en Estados Unidos. Algunos ya han sufrido las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE; por sus siglas en inglés). La detención de Jimena Arias Cristóbal, estudiante universitaria de 19 años de Georgia, y Marcelo Gómez de Silva, estudiante de secundaria de 18 años de Massachusetts, por ICE son prueba de ello.

“Estos casos subrayan las limitaciones del programa y la urgente necesidad de que el Congreso actúe, especialmente en medio de la creciente amenaza contra nuestras vidas. Lo que hemos visto en las últimas semanas, y especialmente la semana pasada en Los Ángeles, es el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en nuestras calles, mucho más allá de los límites de la autoridad legal”, señaló Padilla. El día siguiente de hacer estas declaraciones, el senador por California fue esposado y expulsado por la fuerza de un acto de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en Los Ángeles cuando preguntaba por las políticas migratorias del Gobierno.

La dreamers llegaron a Estados Unidos con una media de edad de seis años y muchos de ellos son profesionales, emprendedores y han formado familias. Llevan un cuarto de siglo luchando por conseguir un estatus permanente.

Los republicanos criminalizan a los migrantes “porque salen reforzados. No quieren una solución porque es una buena forma de conseguir más votos”, explica la representante García. “Nunca hablan de las contribuciones de los inmigrantes, lo que van a hacer sin ellos y sin los beneficiarios de DACA. Los hospitales funcionaron durante el COVID porque ellos eran los trabajadores. Pero eso no se celebra, es mejor que la gente les tenga miedo”, añade García.

Aiden, estudiante de informática, llegó a Estados Unidos con dos años y es beneficiario de DACA. Está agradecido al programa porque le ha permitido residir legalmente en el país, pero reconoce que su situación es precaria y teme la deportación, como todos los migrantes que no disfrutan de un estatus estable. “Yo amo este país. Quizás lo amo incluso más que algunos estadounidenses. Al acercarnos al 13º aniversario de DACA, este momento nos recuerda que los beneficiarios como yo y nuestras familias somos parte integral de este país. Este es nuestro hogar, tanto como lo es el suyo. Sé que hay una manera de facilitar la ciudadanía. Una ciudadanía significaría que podría hacer mucho más. Y que el medio millón de beneficiarios de DACA que consideran este país su hogar podrían hacer mucho más”, sostiene.

Con un Congreso en el que la mayoría es republicana, la aprobación del Dream Act, que proveería a Aiden de identidad en los papeles como estadounidense, no se prevé cercana.

Durbin, que a sus 80 años ha anunciado que no se presentará a la reelección en 2026, no abandona la causa. “Sigo comprometido con el Dream Act. Sigo comprometido con DACA. Lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta mi último minuto en el Senado”.

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Sobre la firma

Patricia Caro
Periodista en Washington, especializada en temas latinos y de inmigración. Forma parte del equipo de la edición de Estados Unidos de EL PAÍS. Fue corresponsal de la Cadena SER en Brasil. Trabajó como redactora de Economía Internacional en el diario Cinco Días.
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