Medio millón de ‘dreamers’ temen volver al punto de partida: “Ahora sí que tengo miedo”

El 15 de junio el programa que ha acogido a un millón de niños que llegaron al país de forma ilegal cumplirá 13 años. DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés) fue el proyecto que la Administración de Barack Obama ideó para legalizar a cientos de miles de migrantes que vivían como irregulares en el que consideran su país, pues llegaron de niños y la mayoría ni tiene recuerdos de otro. La media de edad con la que llegaron sus beneficiarios era de seis años y el tiempo que llevaban en Estados Unidos, un cuarto de siglo. Son profesionales, emprendedores y han formado familias, pero su estatus migratorio aún continúa en la cuerda floja.

Tras varios años de litigio, hace dos semanas se acabó el plazo para recurrir el último fallo, dictado en enero. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dio la razón al juez de Texas que consideró el programa ilegal, pero limita su efecto a ese Estado. Eso implica que quienes tienen DACA en Texas perderán sus permisos de trabajo, mientras que, en el resto de los Estados, podrán continuar como hasta ahora. La pelota vuelve al tribunal texano del juez Andrew Hanen, quien lo declaró ilegal en primera instancia. Los expertos en inmigración y abogados de los migrantes no saben aún cómo el magistrado va a implementar el fallo y si se van a poder procesar nuevas solicitudes, paradas desde 2021. Lo que sí saben es que la cruzada antiinmigración de Donald Trump y su deseo de llevar a cabo la mayor deportación de la historia son una amenaza latente para los 538.000 actuales beneficiarios del programa.

“Me siento un poco en el limbo. Ahora sí que me da más miedo”, reconoce Yaquelin, quien no quiere ser identificada por el temor a represalias. Nacida en Michoacán, México, llegó a Estados Unidos cuando tenía dos años. La violencia y la pobreza hicieron a su madre dejar a sus dos hijas mayores y ponerse con su hija pequeña en manos de un coyote para llegar al país del norte. Dos años más tarde regresaría a México por sus otras hijas y dos sobrinos, que llevó consigo a Estados Unidos. Los hermanos varones de Yaquelin nacieron siendo ciudadanos estadounidenses, pero sus hermanas son aún indocumentadas y ella, que tiene DACA, vive con la ansiedad de no saber lo que puede depararle a su familia y a ella misma.

El miedo ha introducido cambios en su vida. Antes viajaba por todo el país para desempeñar su labor como directora del programa de jóvenes de una organización sin ánimo de lucro, donde les enseña participación cívica y gestión comunitaria. “Eso es lo que me apasiona, trabajar con los jóvenes para que tengan un espacio seguro, enseñarles que puedan usar su voz, tengan o no tengan papeles”. Ahora evita viajar a los Estados que más se alinean con las políticas antiinmigración de Trump, como Texas y Florida. Antes acompañaba de forma voluntaria a los indocumentados que tenían cita en los tribunales para servirles de traductora. Ahora no pisa un edificio de inmigración. “Son situaciones donde ya no me puedo poner por ayudar a la comunidad, porque no sé qué puede pasar”, dice.

También ha cerrado sus cuentas de las redes sociales, después de haber recibido mensajes groseros que le instaban a que regresara a México, diciéndole que no pertenecía a este país. “Cuando ganó Trump, dije, definitivamente ya no puedo postear nada”.

Como ella, hay más de medio millón de personas, los llamados dreamers, provenientes de cerca de 200 países, que no saben hasta cuándo sus papeles estarán en regla. Su situación siempre ha sido precaria, pues ya en su primer mandato Trump intentó acabar con el programa. La Administración Biden autorizó que pudieran acceder a la asistencia sanitaria de bajo cose ACA (conocido popularmente como Obamacare), a la que no tenían acceso, pero varios Estados republicanos lo han impugnado. Un nuevo golpe les llega con la llamada “grande y hermosa” ley de Trump, que la semana pasada aprobó la Cámara de Representantes. La norma, que requiere la luz verde del Senado, retira los servicios de asistencia públicos como Medicaid y otras ayudas a quienes no tengan la residencia permanente, como es su caso.

La actitud hostil de la Administración con DACA contrasta con la popularidad del programa, que tradicionalmente ha contado con el apoyo bipartidista. Cuando las opiniones de demócratas y republicanos contrastaban en materia de inmigración, generalmente coincidían en apoyar a los beneficiarios de DACA, a pesar de que nunca consiguieron crear una vía para otorgarles la residencia permanente y la nacionalidad estadounidense.

El fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito plantea la duda de si se empezarán a procesar las solicitudes en todos los Estados menos en Texas, y cómo y cuándo se hará, si se cumple. Algunos expertos en inmigración opinan que, debido a la aceptación general, el Gobierno no se atreverá a eliminar abiertamente DACA, pero sí que lo irá matando poco a poco. El juez de la Corte de Apelaciones ha prohibido la deportación de sus beneficiarios, pero el Ejecutivo ya ha expulsado a migrantes a pesar de contar con una protección similar.

A Yaquelin le toca renovar su DACA el año que viene. Una vez perdió la cita porque estaba viajando por trabajo y el estrés fue grande porque, según se queja, nunca contestan el teléfono para pedir nuevas citas o pedir información. Quiere ir a visitar a su abuela, que vive sola en México y a la que han denegado la visa para viajar a Estados Unidos para reunirse con su familia, pero le da miedo. Por tener DACA ella era la única mujer de su familia que podía viajar y la única que la ha visitado con el paso de los años. Ahora teme que pase algo con el programa mientras esté fuera y no pueda regresar.

A veces, tiene dudas de si irse del país. “Se me quitan las ganas de querer vivir en un país que no te quiere, aunque hayas estudiado, aunque lleves en él más de 35 años y estés pagando impuestos”, lamenta.

Evenezer Cortez Martínez, mexicano beneficiario de DACA de 40 años, padre de tres hijos y trabajador de mantenimiento que llegó a Estados Unidos con dos años, contó en una entrevista a Telemundo que en el regreso de un viaje a México, en marzo pasado, le impidieron el ingreso a Estados Unidos y fue deportado. Cortez Martínez, que contaba con el permiso de viaje y su DACA activo, pasó dos semanas de ansiedad hasta que los abogados consiguieron que pudiera regresar. La experiencia fue traumática: “Fue muy estresante. Yo pensé que lo había perdido todo”.