Trump recupera su deseo de desnaturalizar a migrantes que se nacionalizaron estadounidenses

La ambición de Donald Trump en su ofensiva contra la inmigración ya ha rebasado varios límites, como querer eliminar la ciudadanía por nacimiento, propiciando numerosos litigios que se resuelven en los tribunales. La última ocurrencia del republicano apunta a la desnaturalización de los extranjeros que han conseguido la nacionalidad estadounidense. “Si tengo el poder para hacerlo, no estoy seguro de tenerlo, pero si lo tengo, desnacionalizaría, absolutamente”, afirmó Trump en una respuesta a la prensa el domingo pasado.

Las declaraciones se produjeron a raíz del ataque sufrido por la Guardia Nacional el miércoles pasado en Washington D. C. a manos del ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal, que acabó con la vida de una agente y dejó gravemente herido a otro. En respuesta al atentado, la Administración Trump ha desencadenado un recrudecido asalto también a la migración legal. Este miércoles ha congelado todas las aplicaciones migratorias de personas provenientes de los 19 países incluidos en la actualmente vigente prohibición de viajes. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha propuesto, además, aumentar esa lista hasta 30 naciones.

Los deseos del presidente, sin embargo, son difícilmente alcanzables, ya que la desnaturalización es un proceso complicado que no depende del poder ejecutivo, sino del judicial. Según la legislación estadounidense, solo se puede revocar la ciudadanía a los extranjeros naturalizados si esta se obtuvo ilegalmente, generalmente mediante fraude, tergiversación deliberada u ocultación de hechos descalificadores. La decisión recae sobre un tribunal federal y la fiscalía debe aportar pruebas irrefutables en un debido proceso.

No obstante, solo el hecho de plantear la posibilidad causa preocupación entre los ciudadanos nacidos fuera del país. “La desnaturalización es extremadamente limitada (…) Sin embargo, existe una preocupación real, basada en el patrón que hemos observado, de que el Gobierno podría intentar extender la desnaturalización más allá de lo que permite la Constitución”, ha declarado a la cadena NPR Mariam Masumi, abogada de inmigración en Virginia.

“Tenemos criminales que llegaron a nuestro país y fueron naturalizados tal vez a través de [el expresidente Joe] Biden o alguien que no sabía lo que estaba haciendo”, dijo Trump a la prensa durante el fin de semana. De los 46,2 millones de inmigrantes que residían en Estados Unidos en 2022, 24,5 millones (el 53%) son ciudadanos naturalizados, según los datos del Instituto de Política Migratoria.

Para conseguir la ciudadanía estadounidense los solicitantes se someten a un proceso complejo. Deben haber sido residentes permanentes legales durante al menos cinco años, con excepción de los cónyuges de ciudadanos y los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, y aprobar un examen de conocimiento de la historia de Estados Unidos y del idioma inglés.

En el año fiscal 2024 el Servicio de Ciudadanía (USCIS) concedió la naturalización a 818.500 personas, pero nuevas reglas recientes han dificultado su obtención. Además de aumentar el número de preguntas que se les hace en la entrevista, se consultará a vecinos y compañeros de trabajo sobre el carácter moral de los solicitantes y la constancia de no haber hecho en el pasado “comentarios antiestadounidenses”.

En cuanto a la desnaturalización, entre 1990 y 2017 se realizó una media de 11 casos anuales. Según el Centro para la Justicia Brennan, la mayoría fueron personas que habían ocultado actividades delictivas serias o su participación en violaciones de derechos humanos, como un policía nazi que había perseguido a personas judías durante la Segunda Guerra Mundial y un exmiembro del ejército serbobosnio que ocultó su participación en una unidad militar responsable de la masacre de Srebrenica en 1995.

Los casos de desnaturalización aumentaron durante el primer mandato de Trump, en el que se solicitó la retirada de la nacionalidad a 168 personas, según los datos recopilados por Irina Manta, profesora de la Universidad de Hofstra en Nueva York. Durante los cuatro años de la Administración de Joe Biden fueron 64 casos.

En junio, el Departamento de Justicia ya anunció el impulso que quiere dar a la desnaturalización con el envío de una carta a los fiscales en la que les instó a priorizar la retirada de la nacionalidad a los migrantes que hubieran incurrido en varias categorías de delitos, dejando un amplio margen para el criterio de los abogados del Estado.

El fiscal general adjunto Brett A. Shumate, que firmó la carta, escribió en el memorando que la desnaturalización será una de las cinco principales prioridades de la agencia. “La división civil priorizará y promoverá al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas”, declaró.

La polémica impulsada por el Gobierno sobre quién merece tener la nacionalidad estadounidense ha tenido eco entre los legisladores republicanos. La última iniciativa corresponde a Bernie Moreno, senador por Ohio nacido en Colombia, que ha propuesto una ley de ciudadanía exclusiva. El proyecto obligaría a los estadounidenses que tienen doble nacionalidad a renunciar a la que obtuvieron por su nacimiento. Moreno defiende que mantener las dos nacionalidades, como actualmente permite la legislación estadounidense, puede crear un conflicto de intereses.

La desnaturalización de los nacidos fuera del país que quiere Trump se añadiría a la lista de acciones para endurecer aún más la política migratoria que ha adoptado en respuesta al tiroteo ocurrido contra dos agentes de la Guardia Nacional la semana pasada en Washington. El Gobierno ha suspendido indefinidamente todos los trámites migratorios de los afganos y de los 19 países considerados de alto riesgo cuyos ciudadanos actualmente tienen prohibido viajar a EE UU. Asimismo, ha ordenado una revisión exhaustiva de todas las tarjetas verdes de residencia permanente (la llamada green card) emitidas a migrantes de esos países.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya había declarado el lunes que le había pedido al presidente que prohíba los viajes de los ciudadanos procedentes de países que han enviado “invasores extranjeros”, aunque no especificó a cuáles se refería. “Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los beneficios sociales”, escribió Noem en un mensaje en la red social X, haciendo gala del discurso xenófobo habitual de la Administración y sin reparar en que los migrantes reciben menos beneficios que los ciudadanos nacidos en EE UU.

“Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, agoten nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o nos arrebaten los beneficios que les debemos a los estadounidenses. NO LOS QUEREMOS. A NINGUNO“, concluyó la funcionaria. Se especula que la lista de países con prohibición de viaje pasará de 19 a 30.