De cambio histórico a reforma descafeinada: los tres largos años de negociación para reducir la jornada laboral

Hacía más de un siglo que México no tocaba la legislación sobre la jornada laboral. La Constitución de 1917, nacida al calor de la Revolución, colocó al país en la vanguardia de los derechos laborales con una jornada de ocho horas diarias y 48 semanales. Fue pasando el tiempo y otros países adoptaron reformas mientras México, uno de los lugares donde más horas se trabaja, por encima de las 2.000 al año, mantenía su marco de principios de siglo. Morena recuperó una demanda histórica de la izquierda y se puso manos a la obra. Han sido casi cuatro años de borradores, presiones, pausas, cambios de sexenio y negociaciones -con marchas y huelgas de hambre incluidas- hasta llegar a su publicación este miércoles en el Diario oficial de una reforma no tan ambiciosa como el proyecto original. El decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum establece una reducción progresiva hasta las 40 horas para el 2030, en línea con otros cambios legislativos recientes en Chile o Colombia. Los sectores más críticos lamentan las modificaciones al primer proyecto, como que se mantenga un solo día de descanso y un aumento de las horas extras.

El primer proyecto fue impulsado por una diputada de Morena con una larga carrera como abogada laboralista en las maquilas de Ciudad Juárez. A finales de 2022, Susana Prieto presentó un primer texto que no solo limitaba a 40 horas la jornada semanal de manera inmediata, sino que establecía dos días de descanso. “Trabajamos mucho en el terreno con los trabajadores y en las redes para concientizar”, cuenta la abogada. Un año después, en octubre, el proyecto llegó a votarse en la Comisión de Puntos Constitucionales con el apoyo de todos los partidos salvo la abstención del PAN. El entonces coordinador de la bancada parlamentaria del partido oficialista, Ignacio Mier, que ya estaba calentando motores para su candidatura a gobernador de Puebla, apuró los tiempos y fijó la votación en el pleno pare el 12 de diciembre de 2023.

Todo marchaba dentro de un paquete de reformas en materia laboral impulsadas por Morena, pero llegó la pausa. En la Mañanera del 5 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador echó el freno y llamó a una debate más abierto con los actores implicados. El mandatario justificó el parón en no usarlo como baza electoral, ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 2024 que se celebrarían en apenas seis meses, y en priorizar otras iniciativas en marcha, como el aumento del salario mínimo o la reforma del outsourcing. En aquella conferencia dijo además que había constatado que el empresario “Carlos Slim se opone”. El hombre más rico del país, añadió el entonces presidente, “está sosteniendo que lo que hace falta es más trabajo y que si el trabajador puede dedicar más tiempo al trabajo y que se le pague lo mismo o más, porque sería extra, eso se debe considerar, se debe permitir”.

Aquellas palabras de López Obrador, citando a su vez a uno de los pesos pesados del entonces Consejo Asesor, integrado por los grandes empresarios, fueron premonitorias para los sectores más críticos de la reforma. “Ya a finales de 2023 se estaba marcando la pauta de lo que se iba a aprobar años después. Un aumento de las horas extras para compensar la bajada de las horas de trabajo de la jornada ordinaria”, apunta una fuente al tanto de las negociaciones de aquella época y quien pide no revelar su nombre para hablar.

Tras el triunfo de Sheinbaum en junio de 2024, la iniciativa quedó en barbecho. Al menos parlamentario, porque la abogada Prieto, que renunció a su cargo como diputada tras la suspensión de su proyecto, siguió trabajando sobre el terreno y comenzaron las marchas y las protestas de pequeños sindicatos de mineros, pilotos o bomberos. “Allí donde iba la presidenta electa íbamos a recordarle que tenía un compromiso con los trabajadores”, recuerda Prieto. Durante el acto simbólico de la presidenta en el Zócalo tras su toma de protesta, Sheinbaum desempolvó el tema. Al desgranar los 100 puntos que proponía como ejes de su futuro Gobierno, en el número 61 anunció que “en acuerdo con las y los empleadores iremos alcanzado, paulatinamente en el sexenio, la semana de 40 horas”.

Los meses pasaban y no había avances. Las protestas continuaban y algunos activistas incluso se declararon en huelga de hambre a las puertas del parlamento. A finales de 2024, se levantan las protestas tras la intervención directa del Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena. “Les pedí que no pusieran en riesgo su vida y le plantee iniciar un diálogo en la Comisión del Trabajo para ver qué podemos lograr. Se requiere el consenso de los sectores económicos. Se ofreció ese diálogo y estuvieron de acuerdo”, dijo Monreal entonces.

La presidenta Sheinbaum volvió a tomar la iniciativa en otro día simbólico, el 1 de mayo de 2025, día del Trabajo. Anunció que a partir de esta semana comenzarían las mesas de diálogo para la implementación de la reforma. “No se puede hacer (la reducción) de un día a otro, pero lo importante es ver cómo lo vamos a hacer y que sea un acuerdo que nos permita que haya mejores condiciones para los trabajadores”, dijo frente a los principales líderes sindicales. Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, dijo entonces que “no es el momento”. La posición de la patronal se centró durante las negociaciones en flexibilidad y una implementación gradual. Tras cinco meses de negociaciones con los empresarios y los líderes sindicales, Sheinbaum presentaba ante el parlamento una iniciativa de consenso.

La fórmula definitiva tiene el respaldo de las patronales y los grandes sindicatos. “Estamos a favor, era muy importante la implementación gradual para que sobre todo las pequeñas empresas tuvieran tiempo de adaptarse”, subrayan desde Coparmex. Pese al consenso en grandes términos, los tiras y afloja no cesaron durante la presentación parlamentaria. El PRI, que se subió al carro de la reforma original, la más ambiciosa, puntualizó antes de votar que apoyaría el nuevo texto, pero recordó que ya estaba listo un dictamen aprobado tres años antes por todas las fuerzas políticas que volvieron a votar este febrero.

Los más críticos apuntan a una victoria de la patronal que quería evitar a toda costa los dos días libres por semana obligatorios. Ya que de ese modo tendría que pagar horas extras, por ejemplo, la jornada de los sábados. De hecho las horas extras son otro de los puntos más delicados, al aumentar de 9 a 12 el máximo permitido. Siguiendo la fórmula que adelantó Slim hace tres años, la flexibilidad que concede la reforma podría suponer que por vía de las horas extras, debidamente pagadas, que la jornada superen incluso las 50 horas.