Una iraní adoptada por un militar de Estados Unidos hace 50 años enfrenta la deportación: “La guerra lo hace aún más peligroso”
Recibió una orden de expulsión tres semanas antes de que Estados Unidos atacara Irán. Su caso ejemplifica el drama de personas que fueron acogidas de niños y que, por no haber recibido la nacionalidad, pueden ser deportadas


Cuando creía que la perspectiva de verse deportada a Irán no podía ser peor, el país que considera el suyo, Estados Unidos, empezó la guerra. “Todo esto es una locura. Es surrealista. Definitivamente es más peligroso para mí ahora”, afirma Buttons, el apodo que le pusieron de pequeña por sus grandes ojos negros y que prefiere usar una mujer iraní para no ser identificada.
El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán añadió más horror al sombrío panorama que se le avecina si se cumple la orden de deportación que el 7 de febrero le llegó de parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “No me imagino ir en estas circunstancias, ya han matado a seis militares estadounidenses”, apunta, recordando que ella es hija de un soldado estadounidense, lo que pesaría en su contra al llegar a Irán. Además de ser mujer en un país donde las mujeres han sido despojadas de sus derechos y de religión cristiana en un Estado musulmán.
Le queda la esperanza de que el conflicto armado que el Gobierno de Donald Trump ha iniciado en Irán y que ya tiene repercusiones en todo Oriente Próximo le favorezca de alguna manera en su caso, porque no entiende que se pueda “enviar a alguien a un país que están bombardeando y, lo que es peor, a alguien que no tiene ninguna familia allí”.
La notificación del DHS justifica la orden de deportación por haber sobrepasado el tiempo de su visa de turista. Lo cierto es que su visa probablemente venció hace medio siglo, el tiempo que lleva viviendo en Estados Unidos. Nacida en Irán y huérfana, un oficial militar estadounidense y su mujer la adoptaron en 1972 cuando tenía solo dos años. Con tres años sus padres adoptivos la subieron a un avión con destino a Estados Unidos y con cinco años ya tenía los papeles de la adopción regularizados.
A partir de ahí su vida fue como la de millones de estadounidenses. “Crecí en una familia estadounidense con un prisionero de guerra, un oficial de la Fuerza Aérea, que se sacrificó por este país. Me eduqué en las escuelas de aquí, pasaba los domingos en la iglesia con mi familia cristiana y mi único idioma es el inglés”, sostiene en una conversación telefónica con EL PAÍS. “Recibir una carta que me diga ‘no le vamos a permitir identificarse como ciudadano estadounidense’ es realmente doloroso. Es muy triste que este país me dé la espalda después de 50 años de pagar impuestos y contribuir como ciudadana en mi comunidad”, lamenta esta mujer que vive en California y trabaja en el sector de la salud.
Aunque ya ha pasado la cincuentena, fue solo hace 18 años cuando se enteró de que no podía obtener un pasaporte como estadounidense. Recopilando papeles que tenían sus padres, ya fallecidos, descubrió que habían solicitado su naturalización, pero, hasta ese momento, no tenía los papeles en regla. Ella sostiene que es ciudadana estadounidense y que un problema administrativo de pérdida de documentos por parte de las autoridades es responsable de su situación actual.
Su caso no es el único, porque se deriva de un vacío legal que existió hasta el año 2000 y que dejó a miles de personas que fueron adoptadas en el exterior sin la nacionalidad estadounidense, a pesar de que llegaron siendo muy pequeños y no han conocido otra patria. En esa época, los padres debían solicitar la naturalización de sus hijos, pero muchos desconocían la obligatoriedad. En consecuencia, algunos ni saben que se encuentran en esa situación, pero, al fin y al cabo, esa traba burocrática no les ha impedido vivir como estadounidenses.
“Históricamente, era común que los padres adoptivos estadounidenses usaran visas temporales para traer a sus hijos, pero esas visas caducaban antes incluso de que se concluyera el proceso de adopción. Ello requería cambiar su estatus a la residencia permanente, un paso que los padres solían pasar por alto, lo cual les ha bloqueado la vía a la ciudadanía”, explica Joy Alessi, de la Campaña de Derechos de Adoptados, una organización que lleva años luchando por sus derechos.

Solo para los nacidos después de 1983
El Congreso de Estados Unidos se hizo eco del problema que ello suponía y, en el año 2000, aprobó la Ley de Ciudadanía Infantil, por la que se otorga la nacionalidad automáticamente a los niños extranjeros que son adoptados fuera del país por padres estadounidenses. Con una salvedad: la ley no tiene carácter retroactivo y solo se aplica a los menores de 18 años. Es decir, quedan fuera todos los nacidos antes del 27 de febrero de 1983.
“Ahí fue cuando me enojé porque dije: ‘¿Cómo pudieron hacer esto también?’. Decir: ‘Bueno, la mitad de ustedes obtendrán la ciudadanía y recibirán todas las promesas de una política de adopción, pero el resto seguirá preocupado por el ICE, y relegados a un segundo plano”, recuerda Buttons.
Aunque la salvedad parece injusta, en la práctica, los miles de afectados nunca se habían sentido amenazados. Solo ahora, con una Administración como la de Trump, hostil a los extranjeros y que se ha impuesto como prioridad lograr la mayor deportación de la historia, corren el peligro de ser deportados por indocumentados. “Existía la sensación de que podíamos ignorarlo, que nunca sería un gran problema. Pero ahora estamos en un momento en el que tenemos una población vulnerable, potencialmente, de ser deportada. Son personas que han vivido aquí toda su vida, estadounidenses a todas luces, y ,debido a esta laguna legal, carecen de la seguridad y la protección que deberían tener”, explica Hannah Daniel, directora de relaciones gubernamentales de World Relief y que durante años abogó por los derechos de los extranjeros adoptados desde la Comisión de Ética y Libertad Religiosa (ERLC).
Este grupo lleva años presionando a los congresistas para que aprueben una legislación que incluya a las personas adoptadas que se quedaron excluidas de la ley del año 2000. Todos los años se presenta en el Capitolio, pero no pasa. Según Daniel, hay dos motivos principales que frenan su aprobación. Uno es que algunos legisladores recelan de dar la nacionalidad a quienes formen parte del grupo y hayan cometido algún delito (una mínima parte). El otro factor, en su opinión, más extendido entre los congresistas, es la falta de voluntad política y de urgencia de este tema. “Cuando me reunía con miembros del Congreso y su personal para hablar de ello, lo que solía escuchar era: ‘Bueno, entiendo por qué necesitamos hacer esto, pero esta gente nunca será deportada. Esto nunca será un problema real’. Y ahora lo es”, señala.
La mujer que enfrenta la deportación a Irán lleva años pidiendo que la consideren como ella misma se reconoce: estadounidense. Es muy activa en su empeño y ha tocado muchas puertas, desde el Departamento de Estado a representantes, senadores, personal de inmigración… pero no ha conseguido ningún apoyo. A pesar de ello, nunca pensó que enfrentaría la deportación. “Siempre sentí que me dejarían en paz porque nadie me había puesto en proceso de deportación. Y, obviamente, nunca pensé que eso pasaría, porque no soy un delincuente. No infringí la ley. Cuando lo escuché en la televisión, y lo repitieron una y otra vez: ‘Estamos persiguiendo a los delincuentes’; no pensé que me afectaría. No sé qué pasó para que decidieran intentar deportarme”, manifiesta.
Ya desde la campaña de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 y hasta hoy, cuando ya han pasado 13 meses de su segundo mandato, Trump ha repetido hasta la saciedad que su campaña contra la inmigración se enfoca en los criminales, “lo peor de lo peor”. La realidad es que en los centros de detención del ICE se hacinan personas que nunca han cometido un delito y la mayor parte de los deportados carece de antecedentes legales. En su lista de perseguidos para deportar ahora entran también quienes fueron traídos de niños y vivieron toda su vida como estadounidenses. El grupo más numeroso es de origen coreano, pero hay personas de unos 50 países diferentes.
“Quieren verlo desde la perspectiva de la inmigración, pero, en realidad, se trata de una política de adopción fallida”, subraya Buttons. Ya tiene prevista la primera cita judicial para su caso. El juez ha entendido el riesgo que corre y ha aceptado la petición de que la audiencia se realice de forma virtual. Teme que en las siguientes citas tenga que presentarse en el tribunal, sabiendo que los agentes del ICE acechan las cortes para cazar a los migrantes. “Vine aquí como resultado de la decisión de dos gobiernos de darle un hogar a un huérfano. Y luego este país decidió incumplir sus promesas o no respetar las leyes de adopción. Ese es el mayor problema que la gente debe comprender, que gran parte de la política de adopción es un fracaso”, apunta.
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