La odisea de lograr la ciudadanía estadounidense bajo Trump

La ruta para convertirse en ciudadano estadounidense a través del proceso de naturalización se ha vuelto cada vez más cuesta arriba bajo la Administración de Donald Trump, que ha impuesto reglas más estrictas y suspendido estos procesos para muchos inmigrantes, que se han quedado en vilo y sumidos en la incertidumbre.

Eso fue lo que le pasó a Mailan Pacios, una inmigrante cubana de 28 años que vive en Tennessee e iba a hacer su examen de ciudadanía el 8 de enero, pero el 3 recibió una notificación de que la cita había sido suspendida. “Fue como un cubo de agua fría. Es muy doloroso que uno venga con una ilusión de salir adelante y pase esto”, dice Pacios, quien tiene dos hijos, un negocio de aire acondicionado, y asegura que nunca ha tenido problemas con la ley ni ha sido una carga pública.

Para obtener la ciudadanía estadounidense, los solicitantes por lo general deben ser residentes permanentes por al menos cinco años, y aprobar un examen que evalúa sus conocimientos de educación cívica e historia de Estados Unidos, así como su dominio del inglés, con pruebas de comprensión oral, lectura y escritura. Para prepararse, Pacios compró un curso que le costó 300 dólares que tiene ejemplos de preguntas del examen, y estudió inglés por un año en un colegio local.

“Sé que [la ciudadanía] es algo que uno se debe ganar, pero yo me he integrado a la sociedad, creo que merezco la oportunidad de examinarme”, dice Pacios.

La ciudadanía es el beneficio más importante del sistema migratorio estadounidense. Para el Gobierno, la naturalización representa la integración plena al sistema de un inmigrante que ha cumplido con una serie de requisitos legales y cívicos. Para la mayoría de los inmigrantes, es el beneficio más codiciado, que representa estabilidad y pertenencia. Cuando obtienen la nacionalidad, los inmigrantes se comprometen a defender la Constitución y participar en la vida democrática del país, que incluye deberes como servir en un jurado, defender a la nación y les otorga el derecho al voto.

Pacios asegura que como ciudadana quería votar en las próximas elecciones, en consonancia con las encuestas que muestran que los votantes estadounidenses nacidos en el extranjero participan en la política en mayor medida que el electorado general. En 2024, el 97% de los ciudadanos naturalizados señalaron que votarían, frente al 66% del electorado general, según el Brookings Institute, un think tank con sede en Washington.

Los ciudadanos naturalizados constituyen al menos el 13% del electorado de EE UU, una cifra que ha crecido a un ritmo acelerado en las últimas dos décadas, según estudios. Desde el fin de la pandemia, la cifra de naturalizaciones se ha mantenido entre 800.000 y 900.000 anuales. Aunque aún no se han publicado las estadísticas de 2025, las proyecciones apuntan a que el total volvió a situarse en ese rango.

Pero ese impulso está chocando ahora con la política migratoria del Gobierno de Donald Trump, que ha empezado a cambiar las reglas y en los últimos meses ha endurecido el proceso y alterado el sistema concebido para facilitar el acceso a la ciudadanía. Para muchos, el camino se ha vuelto más largo, más incierto o ha sido abruptamente interrumpido.

El año pasado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementó una nueva versión del examen en respuesta a una orden ejecutiva de Trump, y ahora es más riguroso. El banco de preguntas se amplió de 100 a 128, y la cantidad de preguntas durante la entrevista pasó de 10 a 20. Para aprobar, antes bastaba con responder correctamente seis preguntas, pero ahora se requieren al menos 12. El proceso también incluye ahora verificaciones de antecedentes más amplias, con visitas a los barrios y entrevistas con vecinos y empleadores para “verificar si los solicitantes cumplen con los requisitos para estar en el país, su carácter y su grado de asimilación a nuestro modo de vida”, según las autoridades.

A estos cambios se ha sumado ahora una medida aún más drástica. Tras la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington en noviembre —un crimen del que ha sido acusado un inmigrante afgano— el Gobierno suspendió todos los procesos migratorios y ordenó revisar las solicitudes ya aprobadas —incluyendo la naturalización— para las personas de una lista de países considerados de “alto riesgo” que ha ido ampliándose rápidamente. El anuncio le valió fuertes críticas a la Administración, incluso dentro de su propio partido, y provocó un desconcierto entre quienes estaban a punto de jurar lealtad al país.

El abogado de inmigración de Miami Wilfredo Allen dice que a varios de sus clientes les suspendieron sus entrevistas y ceremonias de juramentación. “Están frustrados, porque no está claro ahora qué tienen que hacer, o qué va a pasar”, apunta. Allen señala que dos de sus clientes afectados por la medida “llevan más de 15 años” en EE UU y estaban esperando llegar a la edad en que les permiten hacer el examen en español —una consideración especial para solicitantes de más de 50 años que hayan sido residentes por 20 años, o de más de 55 que hayan sido residentes por 15 años.

Doris Meissner, quien fue comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de EE UU durante la administración de Bill Clinton, dijo a EL PAÍS que las medidas parecen esfuerzos de la Administración Trump “para desalentar la naturalización y crear un clima de intimidación”.

“Eso es totalmente contrario al mandato legal de USCIS, que fue creado como parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisamente para facilitar los procesos de inmigración legal. Y, sin embargo, algunas de estas medidas se están convirtiendo en barreras de control por sí mismas, incluso cuando las personas actúan de absoluta buena fe y hacen todo lo posible por cumplir la ley y solicitar correctamente beneficios para los que son elegibles”, señala Meissner, quien dirige el Programa de Política Migratoria del Migration Policy Institute, un think tank no partidista.

“La Administración —y el propio Trump— siempre ha dicho que sus esfuerzos se dirigirían a la inmigración ilegal y a personas que han violado la ley o cometido delitos, mientras que apoyaba la inmigración legal. Lo que estamos viendo ahora no es consistente con eso en absoluto. Es muy difícil interpretar este esfuerzo como otra cosa que no sea un intento de generar un efecto disuasorio general sobre la naturalización, e incluso de presentar a quienes se naturalizan como de alguna manera no elegibles”, agregó.

Además de cancelar ceremonias y entrevistas de naturalización, la Administración ha intensificado esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados, y ha ordenado poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de quienes no sean ciudadanos —una medida que varios jueces federales han bloqueado y calificado de inconstitucional.

En paralelo, la Administración también ha reducido los apoyos institucionales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, eliminó a comienzos del año pasado el Programa de Subvenciones para la Ciudadanía e Integración, una iniciativa vigente desde 2009 que daba más de 22 millones de dólares a organizaciones comunitarias que ayudaban a los inmigrantes a prepararse para obtener la ciudadanía. La medida obligó a las oenegés a reducir personal y cancelar clases de inglés y civismo, y suspender la ayuda para llenar formularios de solicitudes.

Las autoridades han enmarcado los recortes en la agenda antiinmigrante del Gobierno de Trump, que ha puesto fin a protecciones temporales y humanitarias que permitían a cientos de miles de personas vivir y trabajar legalmente en el país, y ha promovido redadas y deportaciones masivas, incluyendo en los tribunales de inmigración a personas que seguían las reglas y acudían a sus audiencias de buena fe. También ha impulsado la creación de centros de detención de inmigrantes con nombres siniestros. La ofensiva ha dejado a cientos de miles de familias divididas, desestabilizado comunidades enteras y provocado protestas masivas que han sido reprimidas con violencia.

Grupos de derechos cívicos sostienen que el recorte fue ilegal y demandaron al Gobierno, advirtiendo que la medida dificulta aún más el camino a la ciudadanía para muchos residentes legales.

Allen, el abogado, dice que no ve muchas alternativas para sus clientes, y que si para marzo no hay indicios de que reanudarán los procesos, planea ir a la corte federal a demandar al Gobierno “para que USCIS tome decisiones en los casos que ya han hecho sus entrevistas”. Mientras tanto, recomienda seguir solicitando la ciudadanía a quienes reúnen los requisitos, porque “el proceso no ha parado todavía”.