El año en que Trump creó 1,6 millones de migrantes indocumentados

Para 2023, la estimación del Centro de Investigación Pew situaba en 14 millones el total de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Para 2024, los republicanos hicieron su campaña electoral sobre los hombros de la promesa de expulsar del país a 20 millones de migrantes ilegales. Para 2025, la cifra —en la que el Gobierno estadounidense y las organizaciones internacionales no se acaban de poner de acuerdo— ya era mucho más alta en el discurso oficial, y el presidente Donald Trump llegó a decir que sumaban 25 millones los migrantes “que no deberían estar aquí”. Entre tantas cifras discordantes e imposibles de verificar, lo que es un hecho a las puertas del 2026 es que la actual Administración ha convertido en indocumentados a 1,6 millones de personas a lo largo de este año, con una engrasada política antiinmigrante que hizo ilegales a los protegidos, quitó documentos a quienes tenían, y está expulsando a los que primero les abrió las puertas.

Ciertas frases se han hecho recurrentes en el oído de la nación: devolverle la “época dorada” a los Estados Unidos, emprender la “mayor deportación de la historia”, o expulsar a “lo peor de lo peor”. En función de esa retórica ha trabajado la Administración republicana. El mismo día de su investidura, Trump firmó una orden ejecutiva que eliminó el programa de parole humanitario, el cual había permitido la entrada al país de 530.000 migrantes desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. De la noche al día, la gente comenzó a recibir en sus bandejas de correos mensajes donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les dejaba claro que no había opción para ellos. “Usted debe salir de los Estados Unidos ahora”, se leía en los comunicados.

Ya no se trataba, como habían prometido los políticos republicanos, de expulsar a “criminales” o “ilegales” del territorio. Esos conceptos se han ido ensanchando con el tiempo. Familias enteras que habían llegado bajo la promesa de dos años de legalidad, permisos de trabajo y otros beneficios, ahora pasaban a integrar la lista de personas no deseadas en territorio estadounidense.

“Personas que llegaron al país con promesas de protección legal, como el parole, el Estatus de Protección Temporal (TPS) o los programas de reunificación familiar, quedaron, de un día para otro, en un limbo migratorio, expuestas a la detención y la deportación”, dice a EL PAÍS María Asunción Bilbao, coordinadora de campaña del American Friends Service Committee de Florida, quien insiste en que estas políticas han creado “una ruptura de la confianza entre el Gobierno de Estados Unidos y las personas migrantes”. “Estas personas actuaron de buena fe: siguieron las reglas, se registraron, entregaron sus datos, construyeron una vida, trabajaron y cuidaron de sus familias. Otras llevaban años en el país, sin estatus formal, pero también sin vivir bajo un miedo constante. Hoy, todas ellas enfrentan incertidumbre, ansiedad y separación familiar, por decisiones con motivaciones políticas que desmantelaron protecciones existentes”, sostiene.

Según la organización FWD.us, enfocada en temas de justicia penal e inmigración, para 2024 aproximadamente el 40% de la población indocumentada en Estados Unidos contaba con algún tipo de protección temporal contra la deportación, y muchos tenían acceso a permisos de trabajo. La realidad hoy es muy diferente.

Con el fin de cerrar cualquier puerta a la emigración, el Gobierno ha trabajado en varios frentes: en la medida en que fortalecía el cuerpo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con redadas y detenciones en todo el país, el Gobierno buscaba mecanismos para detener la emigración legal. A la eliminación del parole, siguieron otras políticas de esta maquinaria de expulsión. Para inicios de febrero, se anunció la eliminación del TPS, del que se beneficiaban 605.015 venezolanos, 330.735 haitianos, 51.225 hondureños, 8.105 afganos, 7.160 nepalíes, 4.920 cameruneses, 4.540 etíopes, 3.670 myanmeños, 2.910 nicaragüenses y 210 sursudanéses.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo en una conferencia de prensa en otoño que la Administración Trump había “hecho más para limitar la migración, tanto ilegal como legal, que cualquier otra Administración en la historia”. Para ello, además, el Gobierno desactivó las entradas a través de la aplicación CBP One. Miles de personas comenzaron a recibir mensajes atemorizantes. “No intente permanecer en Estados Unidos: el Gobierno federal le encontrará”, se leía en los correos electrónicos que llegaron a las 936.500 personas que entraron al país a través de la plataforma digital de citas migratorias.

“Lo que pareciera entenderse de todas estas políticas es que son basadas en el racismo y la xenofobia”, declara Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus. “No es casualidad que apunten hacia países muy pobres, o donde hay personas de piel negra, o hispanos. El saldo real es el terror, la inseguridad, la pérdida de la promesa de esperanza de este gran país, de oportunidades de trabajo, la incertidumbre de no saber qué va a pasar”.

Algunas de las decisiones que en todos estos meses ha tomado la Administración vienen justificadas por la idea de mantener la seguridad nacional de los estadounidenses. En noviembre, con la muerte de dos agentes de la Guardia Nacional tras los disparos del ciudadano afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal, llegaron más restricciones para los migrantes, entre ellas el congelamiento de trámites de residencia o ciudadanía. Este mes, se anunció la suspensión de la lotería de visas de diversidad luego de que un hombre que se había beneficiado con el programa en 2017 terminara con la vida de dos personas en la Universidad Brown.

El Gobierno también se ha jactado de haber revocado unas 85.000 visas de todas las categorías, incluyendo más de 8.000 visas de estudiante, o de la cancelación este mes del programa de Permiso de Reunificación Familiar, que afecta a más de 14.000 ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras y El Salvador. A partir del 14 de enero de 2026, estas personas que entraron al país de manera legal también formarán parte del gran grupo de indocumentados en la mira del sistema.

Algunos migrantes ponen su fe en el próximo año, otros en las elecciones de medio término y hay quien espera por el fin de la Administración Trump. No obstante, ya estas políticas dejan un saldo que, según Bilbao, “no es solo legal”, sino también “humano y social”. “De cara a 2026, es muy probable que veamos nuevos intentos de restricciones y revocaciones, afectando a más categorías de personas migrantes, incluso a aquellas que históricamente se consideraban “protegidas”, sostiene Bilbao.