El fin del TPS amenaza a miles de haitianos en Miami: “Regresar a Haití es una sentencia de muerte”

Cuando Jonese Dérious piensa en el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos, no ve un debate político, sino la posibilidad real de perder todo lo que ha construido con años de esfuerzo, incluyendo su hogar y el futuro de sus hijos. Dérious, una madre soltera de dos niños estadounidenses, es una de los cientos de miles de personas que podrían quedar atrapadas en un limbo migratorio tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin al TPS para Haití.

“Esto es un desastre para mí. Soy la única que responde por mis hijos. Trabajo para pagar las cuentas y no tienen a nadie más. No tengo familia en Haití. Mi padre falleció cuando yo ya estaba aquí. Mis hijos lloran cada vez que les digo que tenemos que pensar con calma, porque no sabemos qué va a pasar”, dice Dérious, de 52 años.

Durante años, Dérious limpió habitaciones de hotel, pero luego hizo un curso de crupier y ahora trabaja en un casino al norte de Miami. Hace tres años se compró una casa en Port St. Lucie, al norte de Palm Beach, en la costa este de la península, donde los precios eran más accesibles. Asegura que entre su trabajo y su casa paga unos 15.000 dólares al año en impuestos. “Trabajamos muy duro para esto, y merecemos un trato mejor. Vinimos buscando una vida mejor. Si mi país estuviera bien, no habría venido”, señala.

A finales del mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que Haití ya no cumple con los requisitos para el TPS, que expira el 3 de febrero de 2026. El Gobierno sostiene que permitir que los haitianos permanezcan temporalmente en Estados Unidos es “incompatible con los intereses nacionales” e instó a los beneficiarios que no cuenten con otra vía legal a “prepararse para salir del país”, incluso mediante la autodeportación a través de la aplicación CBP Home, que hasta fin de año ofrece un pasaje gratuito y 3.000 dólares.

La decisión afecta a 350.000 haitianos, la mayoría radicados en el sur de Florida, que se han quedado sin opciones claras para regularizar su estatus tras la reciente suspensión de otros beneficios migratorios como la naturalización, la residencia y el asilo para ciudadanos de una lista de países en la que figura Haití. En Miami, la decisión ha generado alarma entre familias, empleadores y líderes comunitarios.

En el condado Miami-Dade vive la mayor diáspora de haitianos en Estados Unidos. Los primeros haitianos se refugiaron en el sur de Florida desde la década de 1960, huyendo de la dictadura de François Duvalier, una tendencia que se intensificó en los años setenta y ochenta, durante el mandato de su hijo, Jean-Claude Duvalier. Los haitianos transformaron áreas urbanas enteras, como el vecindario Pequeño Haití (Little Haiti), al noreste de Miami, creando un enclave de enorme impacto cultural y demográfico. Se estima que en el condado viven unas 130.000 personas nacidas en Haití y cerca de 300.000 con raíces haitianas. El creole es el tercer idioma más hablado en Florida, después del inglés y español, y aparece en las boletas electorales y comunicados oficiales del condado Miami-Dade.

El TPS es un programa migratorio que permite vivir y trabajar legalmente a personas de países que se encuentran en condiciones excepcionales, como conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias graves. La nación caribeña cuenta con TPS desde el terremoto del 2010, que dejó cientos de miles de muertos y heridos y más de un millón de desplazados. La designación se revisa periódicamente y se renueva en períodos de 18 meses. La última extensión la hizo el expresidente Joe Biden en agosto de 2024, con vigencia hasta febrero de 2026.

Haití atraviesa una crisis profunda de inseguridad, hambre y colapso institucional. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, pandillas armadas controlan amplias zonas del país, incluida gran parte de la capital. La violencia ha forzado el desplazamiento de más de un millón de personas, según organismos de derechos humanos, mientras los esfuerzos internacionales no han logrado estabilizar la situación. Un informe de Human Rights Watch de junio documentó miles de muertes por la violencia de las pandillas, además de cientos de heridos y secuestros. Aunque la ONU desplegó una fuerza multinacional de seguridad financiada en parte por Estados Unidos, no ha logrado contener la crisis, según la organización.

Graves consecuencias para la economía

En el sur de Florida, líderes comunitarios y empresariales advierten que el fin del TPS tendrá consecuencias inmediatas. Paul Christian Namphy, director del Movimiento Red de Acción Familiar (FANM), una organización comunitaria de abogacía con sede en Miami, sostiene que “sin el trabajo de los inmigrantes aquí, sin esta mano de obra, sería imposible el funcionamiento de la economía de Florida”.

Namphy señala que “decir que es contrario al interés nacional” que los haitianos permanezcan en Estados Unidos “no puede estar más lejos de la verdad”. “Los haitianos contribuyen miles de millones de dólares cada año a la economía de Estados Unidos. Pagan miles de millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Estos trabajadores son esenciales para la economía de Florida y del país”, agrega.

Namphy fue uno de los activistas, políticos y líderes comunitarios que se reunieron a comienzos de diciembre en el Complejo Cultural del Pequeño Haití, al noreste de Miami, para condenar la decisión del Gobierno, calificándola de injusta y peligrosa para miles de familias que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante décadas.

Las consecuencias económicas en Miami-Dade serán graves, advierte Candice Mondesir, de la Cámara de Comercio Haitiano Americana, quien señala que muchos inmigrantes haitianos en el sur de Florida trabajan en sectores críticos, como la salud, educación, construcción, los servicios y el comercio minorista. “El impacto del fin del TPS será significativo”.

“Estas personas llevan muchísimos años aquí, tienen casas, negocios, pagan Seguro Social, impuestos. ¿Qué va a pasar con sus planes de retiro y 401(k), sus ahorros, su Seguro Social?”, señala.

Leslie Frane, vicepresidenta ejecutiva del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), que representa a unos dos millones de trabajadores, especialmente del ámbito de la salud, señala que los haitianos “son trabajadores esenciales que sostienen nuestra economía, especialmente en el cuidado domiciliario, los hogares de ancianos y los hospitales, donde la escasez de personal está llevando” a las familias y el sistema al límite.

“Despojar a inmigrantes trabajadores de sus permisos de trabajo no solo perjudica a las familias haitianas, sino que también afecta a los pacientes, a los empleadores y a las comunidades que dependen de su atención. Merecen dignidad y estabilidad, no miedo ni incertidumbre. La manera en que la Administración Trump los ha tratado es despreciable”, agregó.

Sin un país al que regresar

Más allá del impacto económico, la incertidumbre está teniendo un costo emocional profundo. Farah Larrieux, una empresaria haitiana de 46 años que tiene TPS, trabaja como organizadora comunitaria con un grupo de beneficiarios que dice “están deprimidos porque no saben qué van a hacer”.

“Muchas de estas personas ya no identifican a Haití como su país. Muchos han perdido sus hogares; otros escaparon de intentos de asesinato”, dice Larriex, quien lleva 20 años en EE UU. “Todas estas personas están aquí porque se vieron obligadas a venir, porque un grupo terrorista se ha apoderado del país. Vinieron para salvar sus vidas. Para muchos, regresar a Haití ahora es, en la práctica, una sentencia de muerte, convertirse en objeto de extorsión y secuestro”.

Para ella, la decisión trasciende cualquier debate. “Esto no es política pública, esto es crueldad y racismo. Porque Trump cree que puede hacer lo que quiera porque se trata de haitianos. Cree que Haití es —disculpe el francés— un ‘país de mierda’, que puede mentir sobre nosotros y que no habrá consecuencias. Para él, el pueblo estadounidense no va a preocuparse; nadie va a preocuparse por los haitianos. Tenemos que informar, educar y crear conciencia en el pueblo estadounidense sobre la situación”, agrega.

“Aquí no estamos hablando de Haití, estamos hablando de Miami”, resume Larrieux. “De hospitales, aeropuertos, hoteles, escuelas y comunidades que dependen de estas personas todos los días”.

En junio, el DHS trató de acortar por seis meses la última extensión del TPS, señalando que la situación en Haití había mejorado lo suficiente como para que sea seguro regresar, pero el juez federal de San Francisco Edward Chen bloqueó el intento en septiembre y dijo que revocar las protecciones enviaría a esas personas “de regreso a condiciones tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen”. En el caso de Haití, el departamento pide evitar viajar a la nación debido a la grave situación de inseguridad, incluidos secuestros, actividades terroristas y disturbios sociales.

Para Namphy, la respuesta pasa por una solución política de fondo: “Necesitamos una reforma migratoria que permita a la gente seguir viviendo y trabajando aquí legalmente. La economía lo necesita y las personas también lo merecen”.

Subraya además que la responsabilidad recae ahora en los líderes electos. “Hay personas de origen inmigrante en el Congreso, en el Senado, en la Legislatura de Florida, en el condado de Miami-Dade y en las municipalidades. Tienen que decidir si van a apoyar a sus constituyentes, que hoy están en peligro, o si van a hacer la voluntad de quienes nos quieren hacer daño. Y si no deciden apoyarnos, en la próxima elección elegiremos a alguien dispuesto a hacerlo”.