El fin del programa de reunificación familiar, otra maniobra de Trump para separar a padres e hijos

El año que entra llega para miles de migrantes que residen legalmente en Estados Unidos con un inesperado dilema: o se separan de sus familias y regresan al país del que salieron o continúan viviendo con sus seres queridos, pero en las sombras, como indocumentados, expuestos a la detención y deportación por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés). Son los ciudadanos de siete países —Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras— que ingresaron de forma legal como parte del programa Parole de Reunificación Familiar (FRP), a los que el Gobierno de Donald Trump ha dado un mes para que abandonen el país.

El 14 de enero es la fecha límite para que salgan de Estados Unidos de forma voluntaria, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cancelara el FRP el 12 de diciembre. El DHS justifica su terminación como una forma de acabar con el fraude. “Los programas FRP presentaban fallos de seguridad causados ​​por una verificación insuficiente de los antecedentes, que podían ser aprovechados por personas malintencionadas y fraudulentas para entrar en Estados Unidos, lo que suponía un nivel de riesgo inaceptable para el país”, dijo el DHS en el comunicado.

Expertos y abogados de inmigración, sin embargo, rechazan el argumento, que consideran alejado de la realidad. “Estoy seguro de que todos los programas que tenemos se prestan a abusos en algún momento. El término ‘mucho’ es lo que me hace dudar, porque no creo que haya habido el tipo de abuso del programa que mencionan”, afirma Paul Saluja, un abogado de inmigración de Charleston, West Virginia, que ha tenido clientes que se han beneficiado de él.

El FRP comenzó en 2007 para Cuba y más tarde se sumó Haití. El programa se renovó en 2023, durante la presidencia de Joe Biden, y se añadieron Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador. Unas 14.000 personas eran beneficiarias del FRP en enero de 2025, según datos oficiales. Gracias a él, los potenciales beneficiarios podían esperar la resolución de su petición de visa junto a los familiares que se encontraban en Estados Unidos, en vez de tener que esperar lejos un trámite que puede tardar años en resolverse. Hijos, hermanos y padres de residentes legales en el país recibieron la invitación de reunificación familiar, pero el proceso no era sencillo. “Decir que lo terminan para evitar el fraude es la razón que dan en el papel, pero no estoy de acuerdo con ello porque estos programas exigían muchos requisitos, el proceso es muy complejo”, sostiene Laura Flores-Perilla, abogada de Justice Action Center (JAC), una organización de defensa de los derechos de los migrantes.

Entre otros requisitos, las personas tienen que esperar a recibir una carta de invitación del Gobierno estadounidense, el solicitante (que debe residir legalmente en EE UU) tiene que demostrar que puede mantener financieramente a los beneficiarios que, a su vez, deben pasar por controles médicos y de seguridad. La Administración de Trump ha recurrido una vez más a la afirmación de que a través del programa han ingresado delincuentes en el país porque “permitía a extranjeros con antecedentes insuficientemente verificados eludir el proceso de inmigración tradicional”. El discurso ya manido de que la campaña contra los migrantes emprendida por el Ejecutivo está destinada a expulsar a los criminales del país ha quedado desmentido por las estadísticas que muestran que la mayoría de los detenidos carece de antecedentes penales.

“Algunos son hijos o cónyuges de ciudadanos estadounidenses y simplemente están intentando reunirse con sus seres queridos que se encuentran en el extranjero. Parte de la lógica detrás de este tipo de programas es que, en lugar de que las personas emprendan viajes extremadamente peligrosos, por ejemplo, hacia la frontera sur, arriesgando sus vidas y enfrentándose a todo tipo de problemas, debe existir un programa que agilice el proceso de reunificación con sus seres queridos”, explica Haddy Gassama, asesora principal de políticas de ACLU (Unión Americana para las Libertades Civiles).

La terminación del FRP exenta de ser expulsados a quienes hayan iniciado los trámites para obtener la residencia permanente o un ajuste de estatus por medio del formulario I-485 antes del 15 de diciembre. El problema es que muchos no han conseguido una cita para presentar su solicitud antes de esa fecha, por lo que deben abandonar EE UU antes del 14 de enero.

Los datos de afectados son menores que los cientos de miles que han perdido su permiso para residir legalmente en EE UU con la cancelación de otros programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario, pero la situación es igual de dramática para las familias que tendrán que separarse. La pérdida del permiso de trabajo de los beneficiarios, que en muchas ocasiones son la principal fuente de ingresos de la familia, también tendrá repercusiones económicas. “Ninguna población es demasiado pequeña para que la Administración la persiga si cree que existe la posibilidad de cambiar su estatus, detenerlos y, potencialmente, deportarlos”, apunta Gassama.

Deportados sin sus hijos

El FRP se concibió como una medida humanitaria para mantener a las familias unidas y su cancelación ofrece otra muestra de las separaciones familiares que la Administración Trump está realizando. Un nuevo informe de campo de la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR) revela que el ICE está separando a los padres de sus hijos durante las deportaciones, creando una crisis de separaciones familiares que podrían tener consecuencias a largo plazo, según advierten. El informe se realizó después de realizar en noviembre docenas de entrevistas en Honduras a ciudadanos que fueron deportados al país centroamericano. A diferencia de las deportaciones de años anteriores, “la mayoría de los padres deportados eran residentes de Estados Unidos desde hacía mucho tiempo y muchos de ellos tienen hijos con nacionalidad estadounidense”, dice el informe. Además, más de la mitad de los padres entrevistados denunciaron que no se les preguntó si querían que sus hijos fueran expulsados con ellos, incluida una madre con un bebé de dos meses. “Lo que vimos viola la política estadounidense de larga tradición de preservar la unidad familiar”, señala el informe.