“El sistema apesta. Este trabajo apesta”: una abogada del ICE admite ante un juez que la agencia incumple órdenes judiciales

Una frase lanzada en voz alta dentro de una sala federal de audiencias se ha convertido en la representación del estado actual del sistema migratorio estadounidense. “El sistema apesta. Este trabajo apesta”, dijo Julie Le, abogada del Gobierno federal, ante un juez visiblemente exasperado por el incumplimiento reiterado de órdenes judiciales durante la ofensiva migratoria de la Administración Trump en Minnesota.

Le, abogada adscrita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y asignada desde enero a la oficina del fiscal federal en Minnesota, compareció el martes ante el juez de distrito Jerry Blackwell para explicar por qué el Gobierno había ignorado plazos y órdenes que exigían la liberación inmediata de varios inmigrantes detenidos durante la llamada Operación Metro Surge en Minnesota. Según el tribunal, se trataba de personas sin antecedentes penales que nunca debieron haber sido arrestadas y cuya puesta en libertad fue retrasada durante días, pese a órdenes claras y reiteradas.

“Una orden judicial no es consultiva ni condicional”, advirtió Blackwell durante la audiencia en St. Paul. “No es algo que una agencia pueda tratar como opcional”. El juez subrayó que detrás de cada incumplimiento hay personas privadas de su libertad, esposadas y encarceladas, incluso después de que un tribunal haya ordenado su liberación.

La comparecencia se produjo tras una cadena de fallos similares señalados también por el juez federal Patrick Schiltz, quien semanas antes había acusado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de violar 96 órdenes judiciales en 74 casos distintos. Schiltz llegó a ordenar al director interino del ICE, Todd Lyons, que compareciera personalmente para explicar por qué no debía ser declarado en desacato, aunque canceló la audiencia después de que el organismo liberara al detenido en cuestión. “Eso no pone fin a las preocupaciones del tribunal”, escribió entonces.

La abogada Le explicó que se había trasladado desde su puesto como abogada del ICE en tribunales migratorios a la Fiscalía federal el 5 de enero para ayudar a gestionar una “ola” de recursos de habeas corpus presentados por personas detenidas. Desde comienzos de año, se han registrado más de 600 peticiones de este tipo en Minnesota, una cifra que empezó a dispararse en diciembre con el inicio de la operación federal.

Según Le relató ante el juez, cumplir las órdenes judiciales se ha convertido en una tarea que exige atención permanente y una cadena interminable de correos electrónicos, advertencias y amenazas de renuncia para conseguir que otras agencias reaccionen. “Me gustaría que me declarara en desacato para poder dormir 24 horas”, dijo en la audiencia, visiblemente afectada. También admitió no sentirse adecuadamente entrenada para el papel que estaba desempeñando y describió la falta de coordinación y directrices claras dentro del DHS y el ICE.

La abogada aseguró que había llegado a presentar su renuncia, pero decidió quedarse porque no había nadie disponible para reemplazarla. Relató que, tras lograr la liberación de un menor detenido, se convenció de que podía generar cambios desde dentro. “Estoy aquí porque intento asegurarme de que la agencia entienda lo importante que es cumplir todas las órdenes judiciales”, afirmó.

El juez Blackwell optó por no declarar en desacato ni a Le ni a la fiscal Ana Voss, su coabogada en el caso, pero dejó claro que su preocupación principal es el respeto al Estado de derecho. “Mi objetivo no es amenazar”, dijo. “Lo que queremos es cumplimiento, porque al otro lado hay alguien que no debió ser arrestado”.

Voss, por su parte, atribuyó parte del problema a fallos operativos, falta de formación y deficiencias en la comunicación interna. Reconoció que nunca había visto en su carrera un nivel semejante de incumplimiento por parte del Gobierno federal. Voss figura entre los varios fiscales que han presentado su dimisión en las últimas semanas por preocupaciones éticas, aunque no ha dicho cuándo abandonará el cargo.

Las declaraciones de Le trascendieron rápidamente la sala del tribunal. Horas después, la cadena NBC News informó de que su comisión temporal en la Fiscalía federal había sido cancelada. Ni el DHS ni el Departamento de Justicia ofrecieron explicaciones inmediatas.

Todo ocurre mientras la Operación Metro Surge continúa en Minnesota, con miles de arrestos desde diciembre y protestas masivas en Minneapolis y otras ciudades. La operación ha estado marcada por episodios de violencia, incluida la muerte de Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses, durante actuaciones de agentes federales, lo que ha intensificado el escrutinio político y judicial. Este miércoles, el zar de la frontera, Tom Homan, anunció que 700 agentes federales se marcharán del Estado después de que las autoridades locales comenzaran a cooperar con el Gobierno federal.