Indignación por la propuesta del Gobierno de Trump de eliminar el ‘habeas corpus’ como en la II Guerra Mundial

Que el Gobierno de Donald Trump está desafiando las leyes y la Constitución para hacer realidad su sueño de llevar a cabo la mayor deportación de la historia no es nuevo, pero la última ocurrencia del republicano ha vuelto a hacer saltar las alarmas. La más reciente amenaza a la Constitución que el Ejecutivo tantea es la eliminación del habeas corpus, expresión en latín que garantiza un debido proceso judicial para evitar los abusos de poder.

El jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó el viernes que el presidente busca maneras de ampliar su poder legal para deportar a migrantes. Para lograrlo, dijo que la Administración está considerando suspender el habeas corpus, el derecho constitucional de las personas a acudir a los tribunales para impugnar legalmente su detención por parte del Gobierno. “La Constitución es clara, y por supuesto es la ley suprema del país, en cuanto a que el privilegio del recurso de habeas corpus puede suspenderse en caso de invasión”, dijo Miller. “Diría que es una opción que estamos considerando activamente”, afirmó.

“Sé que están pasando muchas cosas y que Miller dice muchas cosas incendiarias (y descaradamente falsas). Pero me parece que esto eleva la temperatura a un nivel completamente nuevo”, advierte Steve Vladeck, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown en Substack.

La Constitución permite que el habeas corpus sea suspendido solo cuando “en casos de rebelión o invasión, la seguridad pública lo requiera”. La última vez que se suspendió fue en 1941, tras el ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial.

El habeas corpus se incluyó en la Constitución como una importación del derecho consuetudinario inglés. En 1679 se aprobó la ley para garantizar que el rey liberara a los presos cuando su confinamiento no estuviera justificado. Las contadas veces en que se ha suspendido en Estados Unidos ha contado generalmente con la autorización del Congreso, algo que sería casi imposible hoy en día, dadas las estrechas mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado.

La indignación y las críticas en medios políticos y sociales no se han hecho esperar. La senadora de Minesota, Amy Klobuchar, aseguró en la red social X que “el Congreso no va a revertir el habeas corpus. Y no, el presidente no puede hacerlo por sí solo”. Lee Kovarsky, profesor de derecho en la Universidad de Texas y experto en habeas corpus, advirtió en la cadena CNN que, si esta garantía se llegara a suspender, sería un “desastre histórico nacional”. “El Gobierno podría simplemente detenerte, y no habría recurso alguno”, declaró. “Obviamente, lo harían para intentar detener a ciertos extranjeros, pero no hay razón para que se limite a ellos”.

El Ejecutivo ha utilizado continuamente la expresión “invasión” para referirse a la entrada de migrantes en los últimos años. Agarrándose a ello, ha aplicado la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, para deportar a cientos de migrantes venezolanos y salvadoreños, a quienes ha acusado de pertenecer a las pandillas criminales del tren de Aragua y la MS-13, a la cárcel del Cecot, en El Salvador, sin un proceso judicial. El Tribunal Supremo ha bloqueado la aplicación de la norma y tribunales de Nueva York, Colorado, Texas y Pensilvania también se han pronunciado en contra de su uso.

Sin los recursos necesarios

A pesar de las numerosas redadas ejecutadas por todo el país y que se han saldado con la deportación de unas 142.000 personas, según los datos del Gobierno, la Administración no cuenta con los recursos necesarios para alcanzar el objetivo de expulsar en torno a un millón de migrantes indocumentados al año.

Trump, quiere que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) contrate a 20.000 agentes más para ayudar con las deportaciones masivas. El reclutamiento de los efectivos se haría en las agencias locales y estatales, además de contar con exagentes y miembros de otras agencias federales. La orden está incluida en el Proyecto Regreso a Casa, que incluye tanto recompensas como amenazas a los migrantes para que los migrantes se autodeporten, facilitando así el trabajo a la Administración.

Los nuevos contratados se sumarían a los 6.000 agentes de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que son quienes están realizando las detenciones.

La ayuda local y estatal se ha considerado imprescindible desde que se anunciara la mayor deportación de la historia de Estados Unidos, por lo que desde el Gobierno se han impulsado los acuerdos 287 g, que obligan a las autoridades locales a colaborar con ICE. Hasta el 9 de mayo, la agencia migratoria ha firmado 531 acuerdos de este tipo en 38 Estados, según los datos oficiales. La colaboración más productiva se produjo a finales del mes pasado en Florida, en una operación en la policía local ayudó a ICE a detener más de 1.100 migrantes en todo el Estado.