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El detenido por disparar a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington es un refugiado que colaboró con la CIA en Afganistán

Rahmanullah Lakanwal entró en Estados Unidos hace cuatro años tras la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Kabul

Rahmanullah Lakanwal
Jesús Sérvulo González

Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, condujo su coche durante 42 horas de costa a costa de Estados Unidos con la intención de cometer un ataque. Recorrió los cerca de 4.500 kilómetros que separan Bellingham, la ciudad donde vivía con su mujer y sus cinco hijos, al norte de Seattle, y Washington con un revólver Smith & Wesson del calibre 357 con seis balas en la recámara. Lakanwal es el hombre detenido por la Policía tras disparar y herir de gravedad a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental el miércoles por la tarde junto a la transitada estación de metro de Farragut West, próxima a la Casa Blanca. Ha sido acusado de posesión de arma de fuego y se le imputan tres cargos de agresión con intención de matar mientras estaba armado.

Las autoridades creen que Lakanwal actuó solo y viajó con un plan en la cabeza para lanzar el ataque. Era la víspera de Acción de Gracias, la festividad más popular del país. La capital bullía, miles de estadounidenses se preparaban para hacer las últimas compras. Eran las 14.15 cuando el sospechoso cruzó la esquina de la calle 17 con la calle I, una zona frecuentada por turistas y funcionarios federales, dada la proximidad con la Casa Blanca. Se encontró a un grupo de la Guardia Nacional, parte del despliegue de tropas ordenado por Donald Trump para combatir lo que considera la “emergencia criminal” de la capital. Al ver a los militares, Lakanwal abrió fuego: un soldado recibió un disparo y cayó al suelo. El agresor se inclinó para volver a apretar el gatillo contra el militar abatido. Posteriormente, se giró para herir a otro miembro del ejército, antes de ser detenido tras un intercambio de disparos con otros guardias en el que resultó herido.

Retrato de Rahmanullah Lakanwal, el afgano detenido por atacar a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.

Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, son los dos voluntarios de la Guardia Nacional que resultaron heridos en el tiroteo. Se encuentran en estado crítico en el hospital y aunque han superado las intervenciones quirúrgicas, su situación sigue siendo grave, según el relato que ha hecho la fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en una rueda de prensa junto al director del FBI, Kash Patel.

“Dos guardias uniformados fueron emboscados en un ataque descarado y dirigido, un pistolero solitario abrió fuego sin provocación, estilo emboscada”, describió Pirro, que no ha proporcionado detalles sobre los motivos del ataque a bocajarro contra los miembros de la Guardia Nacional. “Es demasiado pronto”, aseguró la fiscal ante las preguntas de los periodistas. “Estamos investigando diferentes áreas, pero no estamos listos para confirmarlo”, agregó. Pirro apostilló que el tiroteo ha sido considerado como un “ataque selectivo”. Patel describió el caso como una “investigación de terrorismo en curso”, sin ahondar en sus explicaciones.

Lakanwal, nacido en la provincia de Khost, en el sureste de Afganistán, fue colaborador de la CIA durante la época de la lucha contra los talibanes, según el relato de las autoridades. El director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que el detenido trabajó con una unidad militar aliada en Kandahar, durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán. Ratcliffe no detalló el cometido que tenía Lakanwal en aquel periodo.

El sospechoso empezó a trabajar como guardia de seguridad en 2012 y poco después, ya en el ejército afgano, fue reclutado por la CIA para las operaciones coordinadas, según el relato de la agencia AP.

Varios medios estadounidenses explican que el detenido sirvió en Kandahar en las Unidades Cero controladas por la CIA, compañías del servicio de inteligencia afgano. Se trataba de fuerzas paramilitares integradas por militares afganos, pero controladas por la CIA, entrenadas para realizar incursiones nocturnas contra presuntos objetivos talibanes. Eran conocidas como escuadrones de la muerte por sus métodos crueles y despiadados y han sido acusadas de asesinatos generalizados de civiles por grupos de derechos humanos como Human Rights Watch.

Las Unidades Cero jugaron un papel clave en la precipitada retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Aseguraron los alrededores del aeropuerto de Kabul mientras los diplomáticos y los últimos miembros del ejército estadounidense abandonaban la ciudad en plena ofensiva de los talibanes por reconquistar el país.

El diario estadounidense señala que un amigo de la infancia del detenido reveló que padecía problemas de salud mental y que estaba traumatizado por las operaciones en las que participó en Afganistán. Insiste en que era inestable y fumaba marihuana con frecuencia.

Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021 tras la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Kabul. El Gobierno de Joe Biden había puesto en marcha un proyecto para no dejar en manos de los talibanes a los afganos que habían colaborado por el ejército. El programa de acogida, conocido como Operación de Bienvenida a los Aliados, permitió repatriar a Estados Unidos a cerca de 76.000 afganos por razones humanitarias, según recoge The New York Times. Casi un millar de refugiados fueron trasladados al condado de Whatcom, al noroeste del país, cerca de Bellingham. Allí tiene su sede World Relief, una organización humanitaria que ayuda a los refugiados durante sus primeros 90 días en Estados Unidos.

Cargos de terrorismo

La fiscal general Pam Bondi ha asegurado este jueves en una entrevista en la cadena Fox News que el Departamento de Justicia pretende acusar a Lakanwal de delitos de terrorismo, por los que podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua. La fiscal general explicó que los cargos dependerán de si alguna de las víctimas fallece como consecuencia de las heridas de bala. “Haremos todo lo posible para solicitar la pena de muerte”, ha dicho.

El director del FBI, Kash Patel, ha explicado que la agencia ha entrevistado a varios testigos y que investiga varias localizaciones en la capital y en varios lugares de la Costa Oeste. “Durante los registros, nos hemos incautado de numerosos dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles, portátiles, iPads y otros materiales que se están analizando en este momento”, ha comentado.

Trump compareció de forma extraordinaria el miércoles por la noche para pronunciarse sobre el ataque. Desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, acusó en un discurso con tintes xenófobos a Biden, su antecesor, de la tragedia, criminalizó a los inmigrantes y exageró descaradamente sobre el número de refugiados que entraron durante la presidencia del demócrata. “Ahora debemos volver a examinar a cada uno de los extranjeros que entraron a nuestro país procedentes de Afganistán”, afirmó.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, escribió el presidente en su red social, Truth, justo antes de difundirse la noticia del suceso. “Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”.

Como respuesta al tiroteo, el presidente estadounidense ordenó el miércoles el envío de otro contingente de 500 miembros de la Guardia Nacional a Washington. Unos 2.300 efectivos están desplegados en la capital desde el pasado verano en virtud de una orden ejecutiva dictada por Trump, bajo la justificación del combate contra las altas tasas de criminalidad de la capital, a pesar de que las cifras de delitos en la ciudad son las más bajas en 30 años. Los miembros de la Guardia Nacional también están participando en las redadas contra inmigrantes.

La presencia de la Guardia Nacional en algunas ciudades gobernadas por los demócratas se ha convertido en un asunto de política nacional. La oposición lo ve como un ejercicio de intimidación y abuso de poder, porque en teoría los soldados no tienen jurisdicción en las ciudades. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, manifestó su rechazo al despliegue de los uniformados. “Estos jóvenes deberían estar en casa, en Virginia Occidental, con sus familias”, declaró.

La semana pasada, Jia Cobb, jueza federal en Washington, decidió que la Administración Trump no podía mantener el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, después de que el Gobierno local recurrió la orden del presidente en los tribunales. Cobb puso en suspenso su fallo durante tres semanas para dar tiempo a la Casa Blanca a retirar a las tropas y a apelar la decisión. Tras el trágico suceso de este miércoles, el Ejecutivo pidió a Cobb que dejara sin efecto su decisión.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Corresponsal en Washington. Ha sido redactor jefe de Economía y Negocios. Antes, contó las consecuencias de la crisis financiera y de los años de los ajustes presupuestarios. Aprendió el oficio durante su paso por la información local de Madrid.
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