La Administración Trump planea detener a los refugiados que no hayan obtenido la ‘green card’

El Departamento de Seguridad Nacional ha lanzado un memorando por el que insta a los agentes federales de inmigración a arrestar a los refugiados que aún no han obtenido una tarjeta verde (la green card de la residencia permanente) y detenerlos indefinidamente para volver a evaluar sus casos. El nuevo planteamiento anula las políticas aplicadas hasta ahora y es un duro golpe contra la migración legal.

Según la legislación estadounidense, los refugiados deben solicitar el cambio de estatus al año de estar presentes en Estados Unidos, pero no hacerlo no implicaba su detención. Decenas de miles de refugiados que llegaron al país de forma legal huyendo de la persecución que sufrían en sus países se verán afectados por la nueva práctica y podrían llegar a ser deportados. El memorando, firmado por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, y el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, justifica la reevaluación de los refugiados por la necesidad de detectar riesgos para la seguridad nacional y el fraude, para lo que cree necesario “localizar, arrestar y poner bajo custodia al extranjero”.

El texto lo ha presentado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un caso judicial que se libra en Minnesota por la demanda interpuesta en enero por varias organizaciones contra la detención de refugiados que las autoridades federales realizaron durante la Operación PARRIS. Desde el 8 de enero, agentes armados del ICE recorrieron casa por casa arrestando a miembros de la comunidad de refugiados de Minnesota y los enviaron a centros de detención en Texas. Allí, muchos refugiados fueron sometidos a intensos interrogatorios sin acceso a un abogado, y luego liberados en las calles de Texas sin dinero ni identificación, según sus defensores. El 28 de enero el juez de distrito John Tunheim emitió una orden de restricción temporal que paró las detenciones de refugiados en Minnesota hasta el 25 de febrero. Este jueves celebra una audiencia para el caso.

“Cuando un refugiado es admitido en Estados Unidos, la admisión es condicional y está sujeta a una revisión obligatoria después de un año”, indica el memorando, que señala que los refugiados detenidos pueden permanecer bajo custodia “mientras dure el proceso de inspección y examen”. La confusión sobre el proceso, las barreras lingüísticas y la pérdida de la correspondencia por el cambio de domicilio son algunas de las causas que pueden dificultar la solicitud del cambio de estatus.

Los refugiados deben demostrar que fueron perseguidos o temían ser perseguidos en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. Para conseguir el estatus y su ingreso en Estados Unidos, se someten a un riguroso proceso de selección, que suele durar varios años.

El ataque contra los refugiados forma parte de la cruzada contra la inmigración implantada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato. El primer día de su regreso a la Casa Blanca, el republicano paró el programa de refugiados e incluso canceló las solicitudes que ya habían sido aprobadas para los extranjeros que se disponían a ingresar en Estados Unidos. Su Administración luego reabrió el programa para los sudafricanos blancos, quienes, según dijo, enfrentan persecución basada en la raza en su país de origen. En 2024 llegaron unos 100.000 refugiados a Estados Unidos. En 2025 se estableció el límite para este año fiscal en 7.500.

“Este memorando forma parte de un esfuerzo amplio y concertado para despojar a los refugiados de su estatus legal y hacerlos deportables. Este Gobierno, sin duda, no se detendrá ante nada para aterrorizar a las comunidades de refugiados, y en realidad a todos los inmigrantes, mientras pisotea nuestros derechos constitucionales”, ha declarado Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), uno de los demandantes.

Según el DHS, la revisión de los refugiados admitidos recientemente del hemisferio occidental “ilustran los fallos” de las políticas anteriores, porque de los 31.000 refugiados admitidos de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela entre 2021 y 2024, el USCIS afirma que había un 10% de pruebas de preocupación por la seguridad, “incluida la pertenencia a pandillas, que no se tuvieron en cuenta”, y que solo el 47% de los casos tenían pruebas contundentes de representar un peligro para la seguridad.

Las organizaciones de defensa de los refugiados han alertado de la gravedad de la nueva política y de los efectos que puede tener en la comunidad de refugiados. “Este memorando se elaboró ​​en secreto, sin ninguna coordinación con las organizaciones que atienden a los refugiados. Es una traición a nuestros valores y a nuestros compromisos legales, y causará un daño inmenso”, declaró Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS, una de las agencias de refugiados más antiguas del mundo. “Tenemos la obligación moral y legal de exigir que el DHS revoque esta medida de inmediato”, indicó.