El ruego del padre que el ICE no oyó: “Tengo una hija con síndrome de Down y autismo y una esposa con cáncer, no me deporten”

Suena el teléfono, es papá, que se ha vuelto tan pequeño como la pantalla del celular, y que está lejos, en un sitio llamado Lima, en Perú. “¡Ashley, mi bebé!”, saluda el padre a la hija, con una voz que entra lejana al apartamento de Miami Gardens donde por años vivieron juntos. La niña está concentrada en la música que sale de su tablet, no le hace caso. “¡Ashley, mi chinita linda!”, le vuelve a decir el padre, pero la niña actúa como quien no lo oye, mientras se empieza a dar golpes en el cuerpo. “¡Chinita, no te des así!”, le ruega el padre, que parece, de momento, no solo haber perdido toda autoridad, sino pasar como un desconocido para la hija. La madre se echa a llorar. El padre también. Imaginan que Ashley, adaptada a que Walter Marcelino Chao la llevara a la escuela, o la abrazara antes de dormir, ahora no lo reconoce. Si le ponen un video de Walter lanzándole mimos, Ashley voltea el rostro. Si la llama para ver cómo amaneció, le da la espalda. “No sabemos ahora cómo procesa sus ideas”, dice el padre. En realidad, nadie asimila aún que haya sido deportado por el Gobierno de Estados Unidos, luego de implorar a las autoridades que, por favor, no permitieran que dejara a su familia sola.

María Choque, la madre de Ashley, de 56 años, tenía 39 cuando le confirmaron no solo que estaba embarazada, sino que la bebé nacería con síndrome de Down. Los doctores le recomendaron interrumpir el embarazo. María se resistió. “Si Dios me bendijo con un niño, a mi edad, yo iba a seguir con mi proceso”, dice. Pero los doctores insistían en que abortara, hasta que Walter los enfrentó. “Le dije a una doctora: mire, a usted esto no le importa, usted no la va a mantener, y si ese ser que viene en camino sale con cinco brazos y ocho cabezas, no es su problema, es mi hija”.

Ashley nació en 2008 con un diagnóstico de síndrome de Down y uno de autismo. “Han sido 17 años entregados a ella”, dice la madre. La niña no habla y también sufre de convulsiones, que han empeorado desde que el padre no está en casa. Es la señora María quien la levanta del suelo si se cae, quien la lleva al baño, la viste y la acompaña en el bus escolar a una escuela especial, labores que antes compartía con Walter. Una vez, hace ya tiempo, María entró a su cuarto y vio a Ashley abrazada con fuerza al padre encima de la cama. “Dije, señor, si algún día me tienes que llevar, llévame a mí, pero mantenlos a ellos juntos”.

Al quien se llevaron las autoridades migratorias fue al esposo, dejando en la casa un vacío sin fondo. Cuando Walter, de 60 años, llegaba después de su jornada como chofer de Uber o Lyft por las grandes avenidas de Miami, Ashley se adelantaba a lanzarse encima de él. Era, cuentan, puro besos, puro abrazos. La niña no podría traducir en palabras el hecho de que el padre no esté, pero María la ha encontrado sentada al pie de la escalera con la vista perdida, como si esperara eternamente por alguien. “Me mira como diciendo: ¿cuándo va a llegar mi papá?”. A veces María la consuela: “¿Sabes qué?”, le dice. “En algún momento papá va a regresar. Y ella se me queda mirando”.

Todos los días, a las cinco de la mañana, Walter llama religiosamente a su esposa y le pregunta cómo amaneció ella y cómo durmió la niña. Por momentos Walter se rompe y le confiesa a María que es demasiado para él: “Extraño la vida que tenía allá”. Fueron 25 años en Miami, tiempo de sobra para convertirse en el desconocido que ahora es en su propio país. Perú lo recibió como a un extraño. “Lima ha crecido tanto comercialmente, antes no habían tantos negocios, tanta gente, han cambiado las rutas, han ampliado las calles, hasta el día de hoy no me acostumbro, no lo reconozco. Salvo alguna amistad, muy poca gente se acuerda de mí”.

A veces se asoma a la ventana de la casa familiar a la que regresó y repasa uno a uno sus temores: los gastos de María y Ashley, que ahora dependen de las ayudas del Gobierno; el pago mensual de la renta; lo mucho que debe trabajar la madre limpiando casas; el cuidado de la niña y el cáncer. María fue diagnosticada con un cáncer metastásico grado cuatro en el fémur, después de que el ICE lo encerrara a él en un centro de detención.

“María es el ser humano con el que he convivido treinta años. Nos teníamos los tres. Es como si me hubiesen cortado los brazos”, dice Walter, casi disculpándose por estallar en llanto. “Trato de sentirme bien, pero no puedo. Sé lo que está enfrentando mi esposa y uno aquí. Es espantoso. Es como si te amarraran las manos y te dejaran solo el cuello para mirar”.

“Las amo, cuídense”

El 30 de diciembre del 2025, mientras Walter pasaba los días retenido en el centro de detención de Alligator Alcatraz, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), María entró al salón de cirugías del Hospital Jackson Memorial, de Miami. Tres años antes, le habían extirpado los senos a causa de un cáncer de mamas, que ahora había aparecido en el fémur derecho. María se lo calló, dice que no quiso preocupar a Walter, de por sí estresado por el encierro y la psoriasis que le estaba brotando en el cuerpo.

A pesar de que el doctor le recomendó permanecer ingresada dos días tras la operación, la madre se negó a quedar hospitalizada. Con fiebres y escalofríos regresó a la casa, sin tener a alguien que pudiera pasar la noche con Ashley. El esposo sólo supo de su enfermedad cuando ya había sido deportado, casi un mes después. “¿Por qué no me dijiste nada?”, le reclamó. “Porque no queríamos preocuparte. Porque teníamos la ilusión de que regresaras”.

Walter siempre había regresado. María, creyente de Dios hasta la médula, soñó por esos días que estaba de paseo por el centro comercial Bayside y que los agentes del ICE pasaban a su costado sin verla. La lectura para ella era clara: Dios los había vuelto invisibles a los ojos de los agentes de migración. Pero la mañana del 17 de noviembre de 2025 fue la última junto a su esposo. “Desayunamos y me dijo que regresaba para el almuerzo. Y no regresó más”.

Walter se presentó ese día, como cada año, ante las autoridades migratorias en las oficinas de Miramar. Habían llegado a Estados Unidos desde Lima con sendos visados de turistas: él en el 2000; ella un año después. Se habían instalado en Miami y apostado por otra vida: ella limpiando casas; él en una compañía de venta de pescados. En el 2007, mientras revisaba el maletero de su auto a las afueras de su trabajo, unos oficiales del ICE le apuntaron con una pistola en la espalda. Estaban buscando a alguien, no era él, pero las autoridades cargaron con varios de los trabajadores indocumentados del lugar.

Walter estuvo 15 días en detención, hasta que la compañía pagó 15.000 dólares para que saliera bajo fianza. “Lo querían, lo estimaban mucho”, asegura María. En el 2011, cuando ya Ashley había nacido, al padre le dieron una orden de deportación tras perder su caso de asilo político. Desde entonces iba cada año a presentarse ante las autoridades de Miramar. En una ocasión les explicó a los funcionarios que era padre de una niña con discapacidad, y que, por favor, valoraran la opción de no expulsarlo del país. Los oficiales le otorgaron una orden de supervisión. “Hicieron todo por ayudarme”, asegura Walter.

Año tras año le mostró a las autoridades documentos que probaban que era el responsable de una niña con síndrome de Down y autismo. “Siempre veían el caso, lo revisaban y me dejaban ir porque estaba dedicado a mi hija”, cuenta. Hasta ahora. Las reglas durante el último año y medio, bajo la Administración de Donald Trump, han sido lapidarias. La orden fue la de capturar a la mayor cantidad de migrantes posibles, tanto así que en el año fiscal 2025 el total de expulsiones del país fue de 442.637, según cifras oficiales del Gobierno.

Esta vez llegó a Miramar y una oficial le dijo que no podía irse. “Señora, por favor, llevo años presentándome sin ningún problema, puede revisar los récords, el pago de mis impuestos, tengo una niña con discapacidad, no habla, es síndrome de Down y la mama está en remisión por un cáncer de mamas, no me deporten”, le dijo. La oficial hizo una pregunta: “¿la niña es ciudadana americana?” El padre le respondió que sí. “Y esa fue la última vez que hablé con un oficial de migración, hasta que me subieron a un avión tres meses después”.

Las autoridades estadounidenses le han colgado el cartel de criminal a todo el migrante que han podido capturar, sin detenerse a evaluar casos individuales. La abogada Liudmila Marcelo, que trabaja en el sur de Florida, explicó a EL PAÍS que las personas con orden de deportación bajo supervisión ante el ICE y que además tienen familiares inmediatos ciudadanos o residentes con graves problemas de salud, pueden apelar al recurso de la Forma 246 llamada “Application for Stay of Deportation or Removal” o “Paro a la Deportación”. “Esta forma debe venir acompañada de evidencias como récords médicos, declaración del familiar ciudadano o residente explicando en detalle cómo le afectaría la ausencia de esta persona si se hace efectiva la orden de deportación, evidencia de pago de impuestos, cartas de recomendación, récords policiales y pasaporte vigente, entre otras”.

La abogada explica que, en años anteriores, el ICE otorgaba estos paros a la deportación “por un período de un año, después del cual la persona debía presentar otro y así seguía bajo su orden de supervisión, con su permiso de trabajo y apoyando a su familia”. No obstante, en los últimos meses la situación ha sido diferente. “Se ha visto que el ICE niega estas solicitudes más frecuentemente, o simplemente no dan respuesta. Si la persona está detenida, es mucho menos probable que den respuesta antes de que sea deportada, aunque legalmente deberían darla antes de efectuar la deportación”.

A Walter, con una corte pendiente, ni siquiera le dio tiempo de presentarse ante un juez. El 28 de enero de 2026 lo subieron a un avión en Texas, que horas después aterrizó en Guayaquil, Ecuador. Eran unos cincuenta ciudadanos peruanos que, tras una escala de dos horas, esposados de manos, llegaron a un aeropuerto militar de Lima. Su país no ponía reparos para recibirlos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 1.060.000 ciudadanos peruanos residen en los Estados Unidos, de los cuales unos 300.000 viven en situación migratoria irregular. Aunque no hay cifras de cuántos migrantes peruanos ha deportado el Gobierno de Donald Trump en el último año fiscal, las autoridades peruanas hablan de unos 12.000 indocumentados retornados al país desde el año 2022.

En los oídos de María aún resuena la frase de Walter el día en que cargaron con él. “Me llevaron preso”, oyó decir a su esposo en una llamada rápida. “Las amo, cuídense. No dijo nada más”.

“Yo no cometí ningún crimen”

Suena el celular en la casa de Miami Gardens y esta vez no es Walter, sino el doctor, que le ha advertido a María que debe presentarse con urgencia en el hospital, a causa de un aumento de las enzimas hepáticas. Puede que tenga el hígado inflamado o dañado. María le dice que lo siente, pero no puede irse así y dejar a la niña sin nadie que la cuide.

María y Walter son de los que creen que la gente se asusta con la desgracia ajena. Los pocos conocidos se han distanciado. “Piensan que uno los va a llamar para pedir dinero”, dice María. Una prima desapareció el día en que le pidieron dejarle un poder para cederle la patria potestad de Ashley, en caso de que algo le sucediera a su madre. “Comprendemos que es difícil asumir la potestad de un ser humano con discapacidad. Pero en realidad la condición humana es esa. Cuando no les haces falta, o no sirves para nada, te dan la espalda”, dice Walter.

Fue un amigo de hace décadas quien se mostró dispuesto a asumir la responsabilidad de enviar a la niña a Perú ante la ausencia de la madre. Walter quiso adelantarse: “Si María quedaba detenida o pasaba algo, mi hija quedaba prácticamente a merced del Estado, en un orfanato. Ese es nuestro temor. No quiero que mi hija vaya a ningún centro de detención”.

La otra posibilidad, que sería un regreso definitivo de toda la familia a Perú, no es una opción que estén valorando. El propio Walter no ha logrado conseguir trabajo desde que llegó a vivir con su madre enferma en el distrito Chorrillos. “Tengo 60 años y he llegado a un lugar donde no me conocen, donde para un muchacho joven es difícil conseguir trabajo, imagínate para una persona como yo”. Tampoco, dice, hay vida para una niña con discapacidad en su país, ni ayuda como la que reciben en los Estados Unidos.

Contra cualquier lógica, una fe sigue sosteniendo a la familia. “Confío en que algo pase con Walter, porque esta niña necesita a su papá”, dice María. Él aún no encuentra explicación para el hecho de que lo hayan separado así de los suyos. “Yo no cometí ningún crimen, lo único que hice en 25 años en ese país fue mantener a mi familia”, dice Walter. María tiene guardado aún el último pijama que usó su esposo y que se quitó en la mañana en que paró en las manos del ICE. “No lo he lavado, ahí lo tengo, quiero ver a mi esposo en Miami con ese pijama puesto”. María piensa que va a volver, ha sido una vida entera juntos. Cree que no puede ser de otra manera.