El derecho a la ciudadanía por nacimiento: qué sigue tras el fallo del Tribunal Supremo y lo que hay que saber

La Administración Trump se acaba de anotar una importante victoria con el reciente fallo del Tribunal Supremo, que le permite reformular, aunque sea temporalmente, el proceso de otorgamiento de la ciudadanía en Estados Unidos. La orden entrará en vigor hasta dentro de 30 días, según declararon los jueces en su dictamen, lo que abrirá un intenso debate a nivel nacional sobre la constitucionalidad de la medida.

La sentencia de la corte se produjo tras anular los límites de los jueces federales para congelar políticas del Ejecutivo en todo el país, una poderosa herramienta que en el pasado ha bloqueado los planes de Gobiernos demócratas y republicanos. De esta manera, la orden ejecutiva firmada por Trump, que pone fin a la práctica de extender la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, se aplicaría el próximo mes en los 28 Estados que aún no han impugnado la medida.

El caso surgió a raíz de una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, el primer día de su segundo mandato, que aparentemente invalidó el principio conocido como ciudadanía por nacimiento, que ha formado parte de la Constitución durante más de 150 años. El decreto provocó impugnaciones legales inmediatas por parte de 22 Estados liderados por demócratas, organizaciones de defensa de los inmigrantes y mujeres embarazadas preocupadas por la posibilidad de que a sus hijos no se les otorgara automáticamente la ciudadanía.

El juez federal de Seattle, John C. Coughenour, bloqueó temporalmente la orden ejecutiva. “Llevo cuatro décadas en el tribunal. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en este”, declaró el magistrado, quien no dudó en calificar la política del republicano como “manifiestamente inconstitucional”. Otros dos jueces federales de Maryland y Massachusetts se le unieron en la suspensión y extendieron sus órdenes a todo el país, incluso a Estados que no habían interpuesto impugnaciones.

¿Qué sigue?

Aún no se tienen todos los detalles de cómo se aplicará la medida. Sin embargo, el presidente Trump celebró la decisión del Supremo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, y se refirió a ella como “una victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho”. El mandatario también enfatizó que seguirá “luchando” para acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de los inmigrantes en situación irregular.

Activistas y defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes en Estados Unidos no han tardado en pronunciarse en contra de la decisión judicial, remarcando la disparidad de derechos que producirá entre la población. El presidente y director ejecutivo de Global Refuge, Krish O’Mara Vignarajah, declaró a The New York Times que estamos en “un momento profundamente preocupante no solo para las familias inmigrantes, sino también para la uniformidad legal que sustenta nuestra Constitución”. Según un reciente estudio de NPR/Ipsos, solo el 28% de los estadounidenses apoya negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes, y poco más de la mitad se opone.

Impugnaciones a la orden de ciudadanía por nacimiento siguen pendientes en los tribunales de apelaciones de una veintena de Estados, y la Administración Trump ya prometió que, en caso de perder, solicitará una revisión ante los jueces del Supremo, pero resulta poco probable que la corte decida sobre el asunto durante el nuevo curso judicial que comienza en octubre. Aunque la fiscal general, Pam Bondi, se mostró “confiada” de que los magistrados darán la razón a la Administración de Trump.

“Este ha sido un problema de ambos partidos que ha durado cinco mandatos presidenciales… y ha terminado hoy”, afirmó la fiscal en la misma rueda de prensa, enfatizando que lo alcanzado por el republicano fue una aspiración de sus predecesores en el cargo como George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden.