La última apuesta de Petro: salario mínimo histórico, reforma laboral en marcha y ley de financiamiento por decreto

El presidente Gustavo Petro ha puesto en marcha su última gran apuesta económica a pocos días de terminar el año 2025. El plan está compuesto por al menos tres medidas que buscan mejorar las condiciones de vida de millones de personas pobres y de clase media, pero también con el fin de garantizar un respaldo masivo a un candidato que le dé continuidad al Gobierno de izquierda en las próximas elecciones a la presidencia en mayo de 2026. La triple estrategia se compone del aumento histórico del salario mínimo, del 23,8%, la implementación de la reforma laboral aprobada este año, y la declaratoria este mes de una emergencia económica para sacar por decreto una reforma tributaria que le suba los impuestos a los más ricos. Los gremios empresariales y la oposición política han reaccionado con fuertes críticas a las tres decisiones económicas.

En la noche de este lunes, Petro decretó el salario mínimo más alto de las últimas décadas en una esperada alocución presidencial después de semanas de no lograr un acuerdo entre sindicatos y empresarios. El aumento del 23,8%, siete puntos porcentuales más alto de lo que pedían los sindicatos, deja el sueldo mensual para más de dos millones cuatrocientos mil trabajadores en dos millones de pesos, incluyendo el subsidio de transporte. Uno 533 dólares. “Se llama el salario o el ingreso vital, familiar, no es individual”, dijo el presidente en una alocución, pues en este caso buscó medir los costos e ingresos de una familia de tres a cuatro personas. “De ahora en adelante que en Colombia se hable no solo de salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar”, añadió. Reconoció que esto puede tener un impacto en la inflación―“sí, va a haber una presión sobre los precios”― pero cree que es un esfuerzo por “democratizar la riqueza”.

Además de esos dos millones de pesos de salario mínimo para el 10% de los trabajadores, días antes, el 25 de diciembre, se empezaron a implementar algunos de los puntos clave de la reforma laboral propuesta por el Gobierno y aprobada por el Congreso de la República en junio de este año. Una reforma que también ha sido una victoria para los sindicatos. El cambio más significativo es el aumento de dos horas de la jornada nocturna, que implica un pago adicional para los empleados desde las 7 de la noche y no desde las 9, como funcionaba hasta ahora. El pago adicional de los festivos, que pasará en dos años de 75% al 100%, también comenzó el aumento progresivo hace unos meses. La oficina de comunicaciones de la Presidencia celebró la medida esta semana ante los trabajadores: “Cumplimos, la noche se paga como corresponde. El Gobierno del Presidente Petro cierra este 2025 cumpliendo una promesa más: la jornada laboral nocturna va ahora de 7:00 p. m. a 6:00 a. m., con un recargo del 35 % por cada hora. Esta es la justicia laboral que prometimos y que hoy se hace realidad”.

Además, el ministerio de Salud anunció en la mañana del lunes que desde 2026 se comenzará a pagar un salario mínimo a los estudiantes de medicina durante su año de internado y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. “Más de 8.000 estudiantes se verán beneficiados, con una inversión superior a 200.000 millones de pesos”, se lee en el documento. La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, opositora del Gobierno, afirmó que los nuevos derechos para los estudiantes de medicina se lograron por iniciativa del Gobierno nacional, sino por una proposición de su autoría. “Mentirosos. El pago a los internos de Medicina no fue un regalo del Gobierno. Fue una proposición de mi autoría, presentada y defendida en el Congreso, con el respaldo de todas las bancadas. El Gobierno hoy solo cumple la ley”, aseguró la congresista en un video difundido en sus redes sociales. Pero la reforma laboral en su conjunto, así que haya sido defendida por una diversidad de actores al final de su aprobación, es una norma asociada casi exclusivamente al presidente que la defendió hasta el cansancio ante la opinión pública.

A estas dos decisiones populares -el salario mínimo en máximos históricos y la implementación de la nueva ley laboral- se suma la declaratoria de una emergencia económica que busca sacar por decreto la reforma tributaria que el Congreso hundió hace pocas semanas. El estado de excepción le permite al Ejecutivo tomar medidas que usualmente deberían pasar por el Congreso, con las que espera recaudar los $16,3 billones de déficit que tiene el presupuesto de 2026. Aunque aún no se han concretado las medidas específicas, el Gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que busca aumentar los impuestos al consumo para las bebidas alcohólicas y el tabaco, gravar los patrimonios superiores a 2.600 millones de pesos y subir la carga tributaria de las empresas del sector financiero y energético, entre otras medidas. La Corte Constitucional y el Congreso debatirán en las próximas semanas la legalidad de la emergencia. Muchos expertos y ex magistrados han anunciado que la medida no tiene el sustento requerido y lo más probable es que sea derogada una vez termine la vacancia judicial.

Frente al aumento del salario mínimo, la Asociación Nacional de Industriales, (Andi) cuestionó la decisión inmediatamente. “Se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo y hasta las finanzas públicas”, dice un comunicado de la institución. El incremento salarial, añaden, implicaría $400.000 millones de gasto público adicional, justo cuando hay temor por un déficit en las finanzas públicas. La inflación, que se ha mantenido alrededor del 5% en los últimos meses, no ha logrado bajar al 3% que tiene el Banco de la República como meta. La Federación Nacional de comerciantes (Fenalco) también criticó el incremento. “La concertación laboral de este año fue una farsa y una burla con los empresarios y los colombianos”. Insisten en que el alza desmedida, mucho mayor a la inflación, puede afectar el empleo, aumentar la informalidad y poner en riesgo la competitividad del país.

Tras la noticia del nuevo salario mínimo, es probable que el Banco de la República no reduzca las tasas de interés para evitar que se dispare el costo de vida. Hoy la tasa de política monetaria está en el 9,25 %, y diversos analistas han advertido que la restricción podría subir a hasta más del 10% en 2026 si las presiones de encarecimiento se intensifican. Un informe de Bancolombia muestra un aumento del salario mínimo muy por encima de inflación y la productividad obligaría al Emisor a sostener tasas altas por más tiempo, retrasando los recortes y encareciendo el crédito para hogares y empresas. El estudio advierte que cada punto extra en el salario mínimo sobre inflación y productividad añade 0,06 puntos al IPC.

La medida también ha generado rechazo en distintos sectores políticos. La candidata a la presidencia y exalcaldesa de Bogotá Claudia López escribió en su cuenta de X horas antes de confirmarse el aumento: “El 56% de los colombianos, los informales, no tendrán ningún incremento, ni más salario, sino mayor inflación y costo de vida, pero trabajarán para que toda la clase política se enriquezca, para que el 44% más privilegiado que ellos, con empleo formal, gane mejor, mientras que los informales, que son las mayorías, se joden trabajando más y ganando menos para que los de arriba vivan sabroso. Así señoras y señores es como el gobierno del cambio profundizará la desigualdad del país más desigual del mundo”. Alejandro Gaviria, exministro de Educación de Petro, se sumó a las críticas: “Si el aumento del salario mínimo no conduce a un incremento de la inflación, ¿por qué sugerir entonces que el gobierno va a controlar los precios?“, escribió en su cuenta de X. ”Los argumentos de Petro son terraplanismo económico: charlatanería para justificar una decisión irresponsable que tendrá más temprano que tarde consecuencias adversas sobre el bienestar general".

En contraste, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, celebró el aumento en nombre de los sindicatos: “Las clases trabajadoras y los sectores populares estamos de fiesta. Si los trabajadores tienen mejores ingresos hay mejor vida para ellos, y con absoluta seguridad, mayor productividad y un jalonamiento en la economía”, dijo en un video. Petro considera que estas tres son su última apuesta para llegar al cambio social que prometió. Medidas que sin duda pueden movilizar a miles de trabajadores a tres meses de las elecciones legislativas, y a cinco de las presidenciales.