El reclutamiento de mercenarios colombianos aumenta por la proliferación de las guerras

Un grupo de expertos de la ONU sobre mercenarios ha alertado este viernes de un aumento del reclutamiento de mercenarios colombianos por la proliferación de guerras en el mundo. El organismo ha finalizado una visita a Colombia de más de una semana, en la que ha hecho uno de los primeros diagnósticos oficiales de esta problemática en el país: calcula que son más de 10.000 los ciudadanos —casi todos exmilitares y expolicías— reclutados en el extranjero durante los últimos 11 años, por ofertas que oscilan desde los 2.000 hasta los 6.000 dólares mensuales. Una gran parte de la contratación ocurre a través de redes sociales, medios informales que permiten una contratación engañosa.

“La proliferación de conflictos en el mundo ha aumentado la demanda y, por ende, la oferta. Hay una demanda muy diversificada, que los colombianos están llenando”, ha señalado la experta portuguesa Joana de Deus Pereira en una rueda de prensa en Bogotá. La académica se ha referido específicamente a la escalada del conflicto en Oriente Próximo, así como la prolongación de guerras como la de Sudán o la invasión de Rusia a Ucrania.

Durante la visita del grupo de Naciones Unidas, que duró del 16 al 27 de marzo, el Ejecutivo colombiano firmó la ley 2569, que ratifica el convenio internacional sobre la utilización de mercenarios y con la que se espera prohibir el reclutamiento y la financiación de esta actividad. La normativa había sido aprobada en diciembre por el Congreso y faltaba solo la firma del presidente Gustavo Petro para su entrada en vigor. Los expertos han agradecido la invitación hecha por el Gobierno para analizar la situación. “Esperamos que otros países hagan lo mismo”, indican.

Los exmilitares colombianos son muy apetecidos en el mercado mundial de mercenarios, ha confirmado la presidenta del grupo, la sudafricana Michelle Small. “Tras los procesos de desmovilización de las FARC y los paramilitares, Colombia se encontró con un gran número de personas entrenadas para el combate para la vida civil. Los hay de todas las edades y procedentes de diferentes etnias, incluyendo de las comunidades indígenas. Muchos proceden de entornos económicamente desfavorecidos”, ha afirmado la relatora. La principal motivación de los reclutas es económica, con sueldos que superan con creces los bajos salarios de reitro militar en Colombia. Las ofertas vienen de empresas de seguridad privada, de ejércitos nacionales y organizaciones paramilitares.

Pese a las ofertas que suman miles de dólares, la delegación de la ONU advierte de que también ha crecido el reclutamiento predatorio o engañoso: compañías que pagan mucho menos de la cantidad ofrecida, o contratos con puestos de trabajo falsos. “Este tipo de reclutamiento puede constituir explotación laboral y trata de personas”, ha explicado Small. Varios colombianos han denunciado ser víctimas de ello: lo han hecho algunos de los que luchan en Sudán para una agrupación paramilitar mientras entrenan a niños soldados para la guerra, o lo hicieron en su momento aquellos que mataron al presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Las redes sociales complejizan aún más esta problemática. “Las plataformas como Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y WhatsApp son canales de reclutamiento habituales, ya que son de fácil acceso y difíciles de rastrear”, ha añadido la delegada. EL PAÍS ha comprobado desde 2024 que gran parte del reclutamiento a países como Ucrania, Rusia o México ocurre a través de grupos de WhatsApp o de comunidades en Facebook. Muchas veces son espacios creados por los mismos exmilitares que buscan a otros colegas para combatir codo con codo en el exterior.

A pesar de los elogios que formuló el grupo hacia el Ejecutivo, su informe preliminar alerta de varios fallos en el control estatal de esta problemática. Por un lado, considera que “hay una capacidad limitada de los recursos financieros y humanos, junto con una supervisión débil y la falta de presencia en zonas remotas o rurales” que frena el trabajo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Según el conteo de Naciones Unidas, en el país hay cerca de 1.300 empresas de seguridad privada con más de 400.000 empleados, sin tener en cuenta aquellas compañías informales y al margen de la ley, que no son supervisadas, pese a que “casi todos los sectores de la sociedad colombiana recurren a la seguridad privada”. Los expertos también deploran que haya más de 60.000 armas sin licencia en circulación, además de un incremento en el desarrollo de tecnologías bélicas como los drones, que se expanden sin el control estatal.

El grupo de la ONU también ha manifestado su apoyo a las familias de los mercenarios y voluntarios de guerras en el extranjero. Más de 600 familias buscan activamente noticias de sus familiares: muchas reportan la muerte, la desaparición o el secuestro de los suyos. El Gobierno colombiano, recalca el informe, ha tenido grandes dificultades para acceder a esta información a través de los canales diplomáticos con los países receptores. Este diario habló a finales del año pasado con una decena de familias cuyos padres, hermanos y esposos viajaron a Ucrania para nunca regresar. La repatriación de los cuerpos y su entierro en Colombia es un alivio que reciben muy pocas familias, pues la mayoría nunca aparecen o son enterrados en suelo enemigo, dificultando su hallazgo.

La situación es igual de compleja si los colombianos fueron contratados por fuerzas paramilitares, como en Sudán, o por cárteles, como en México. La delegación internacional ha admitido que no “tiene certeza” de las cifras de muertos y han instado a los países a que trabajen más en la identificación de los soldados extranjeros caídos en combate.

El grupo de expertos presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sus conclusiones finales en un informe detallado el próximo septiembre.