La Administración Trump quiere despojar de la nacionalidad estadounidense a los migrantes con delitos civiles
El Departamento de Justicia envía un memorando para priorizar la desnaturalización por delitos como el fraude para obtener Medicaid, el seguro de enfermedad público


La Administración de Donald Trump quiere impulsar la retirada de la nacionalidad estadounidense a extranjeros que hayan cometido delitos, según un memorando enviado por el Departamento de Justicia a los empleados que trabajan en la división civil. Con fecha del 11 de junio, la carta insta a los fiscales a priorizar la desnaturalización de los migrantes que se pueden incluir en varias categorías de delitos, dejando un amplio margen para el criterio de los abogados del Estado.
Los delitos por los que se podrá despojar de la nacionalidad se juzgan por la vía civil, por lo que los acusados no tienen derecho a contar con un abogado, como sería el caso en la vía penal. Cerca de 25 millones de inmigrantes eran ciudadanos naturalizados hasta 2023, según datos del Instituto de Política Migratoria.
El fiscal general adjunto Brett A. Shumate, quien firma la carta, escribió en el memorando que la desnaturalización será una de las cinco principales prioridades de la agencia. “La división civil priorizará y promoverá al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas”, declaró.
El documento enumera varias categorías de delitos que pueden provocar la retirada de la ciudadanía. Representar un peligro para la seguridad nacional; participar en torturas, crímenes de guerra u otras violaciones de derechos humanos; ser miembros de carteles de droga; traficar con personas y cometer delitos sexuales son algunos de ellos. Pero también se incluyen delitos de naturaleza financiera, como cometer fraude a los programas de seguro médico Medicaid, el seguro de enfermedad público, o Medicare, para personas de 65 años o más y jóvenes con incapacidades. La lista es larga y lo que más preocupa a los críticos es la vaguedad de algunas categorías y la libertad que se otorga a los fiscales para juzgar quiénes pueden ser objeto de la desnaturalización, lo que puede dar lugar a una amplia arbitrariedad.
“Estas categorías no limitan la capacidad de la división civil para procesar un caso en particular, ni se enumeran en un orden de importancia particular. Además, la división civil se reserva la facultad de procesar casos fuera de estas categorías según lo considere apropiado”, dice el memorando.
La desnaturalización fue una técnica ampliamente usada durante la era del senador Joseph McCarthy, a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, cuando se ordenó una masiva persecución de todas las personas a las que se les encontrara el más mínimo vínculo, real o no, con el comunismo.
Durante la presidencia del demócrata Barack Obama, la desnaturalización se extendió. La introducción de herramientas digitales permitió revisar solicitudes de ciudadanía y descubrir casos fraudulentos, en los que los solicitantes habían mentido sobre sus condenas penales o su pertenencia a grupos ilegales. En el primer mandato de Trump se amplió para incluir delitos civiles.
El caso de Elliott Duke
Un caso reciente ocurrió el pasado 13 de junio, cuando un juez ordenó la revocación de la ciudadanía de Elliott Duke, un veterano militar estadounidense originario del Reino Unido que fue condenado por distribuir material de abuso sexual infantil.
En 2012, mientras servía en Alemania, Duke comenzó a recibir y distribuir material de abuso sexual infantil por correo electrónico e internet, según el Departamento de Justicia. Duke admitió haber distribuido el material antes de solicitar la nacionalidad en Estados Unidos.
“Si comete delitos graves antes de convertirse en ciudadano estadounidense y luego miente sobre ellos durante su proceso de naturalización, el Departamento de Justicia descubrirá la verdad y lo perseguirá”, dijo Shumate. Duke había renunciado a su nacionalidad británica para obtener la estadounidense, por lo que se ha convertido en apátrida.
El debate sobre la desnaturalización y su impulso ha llegado a apuntar al candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. El inesperado ganador de las primarias demócratas nació en Uganda y creció en Nueva York. El 26 de junio, el representante de Tennessee, Andy Ogles, envió una carta a la fiscal general, Pam Bondi, pidiendo que despoje a Mamdani de la nacionalidad estadounidense por apoyar a grupos terroristas. Según Ogles, Mamdani simpatizaba con un grupo que apoyaba a la organización palestina Hamás. Durante la campaña a las primarias, el demócrata abogó por luchar contra el antisemitismo y la islamofobia.
Los expertos en leyes de inmigración han expresado serias preocupaciones sobre la constitucionalidad de la iniciativa del Departamento de Justicia y sobre cómo afectará a las familias de ciudadanos naturalizados y, en particular, a los niños que han obtenido la ciudadanía a través de sus padres.
La desnaturalización es solo el último paso de la Administración Trump de su campaña antiinmigrante y de su deseo de redefinir quién es estadounidense. El magnate obtuvo la semana pasada el respaldo del Tribunal Supremo en su puja por eliminar el derecho a la nacionalidad por nacimiento, que recoge la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, y que estaría orientado a los niños que nacen de padres indocumentados. Aunque el alto tribunal no se pronunció directamente sobre el asunto, dio la razón al republicano para que los fallos de tribunales inferiores no puedan bloquear sus decisiones a nivel nacional, lo que abre la veda para que el derecho por nacimiento se elimine en algunos Estados.
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