Un alto cargo del Departamento de Justicia sugirió ignorar los fallos judiciales contra las deportaciones: “Que se jodan”

Un alto cargo del Departamento de Justicia (DOJ) sugirió a sus subordinados que ignoraran las órdenes judiciales que impedían las deportaciones de migrantes en plena cruzada antiinmigrante de la Administración Trump, según ha denunciado un abogado que hasta abril trabajaba en la agencia federal. En una carta escrita por sus abogados y dirigida al DOJ, Erez Reuveni, que fue director adjunto de la Oficina de Litigios de Inmigración, pidió que se abra una investigación sobre la actuación de su superior, Emil Bove III, por haber instado a desobedecer los fallos de tribunales. Bove se presenta este miércoles ante el Senado para ser nombrado juez de un tribunal de apelaciones federal.

Reuveni, que trabajó 15 años en el departamento, fue suspendido de su cargo y posteriormente despedido después de que admitiera en un tribunal que el Gobierno había cometido un error al deportar al salvadoreño Kilmar Abrego García a una megacárcel en Centroamérica. En la carta de 27 páginas, que fue revelada por The New York Times, ofrece numerosos detalles y acusaciones nuevas sobre el funcionamiento interno del DOJ bajo el presidente Donald Trump.

En el documento, Reuveni afirma que, Bove les dijo a sus subordinados que “se jodan” los tribunales y que ignoraran cualquier orden que implicara frenar las deportaciones. Otros altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se habrían mostrado dispuestos a obstruir a los jueces o mentirles. Según explican sus abogados, Reuveni se sorprendió porque “nadie en el liderazgo del Departamento había sugerido jamás que el Departamento de Justicia pudiera ignorar flagrantemente órdenes judiciales”.

La denuncia se refiere a varios casos, entre ellos, el de los aviones que despegaron el 15 y 16 de marzo con más de 200 venezolanos y salvadoreños a bordo rumbo a El Salvador. El Gobierno de Trump se acogió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportarlos sin un juicio previo y posteriormente encarcelarlos en una infame prisión en el país. Cuando estaban en el aire, un juez federal ordenó su regreso, pero la Administración aseguró que era demasiado tarde para traerlos de vuelta.

Las afirmaciones de Reuveni dejan en entredicho la defensa del Ejecutivo. Según su versión, Bove “enfatizó a todos los asistentes que los aviones debían despegar, pasara lo que pasara”. Después mencionó “la posibilidad de que una orden judicial impidiera dichas deportaciones antes de que pudieran llevarse a cabo”. Fue en esa ocasión cuando, según Reuveni, Bove declaró que “el Departamento de Justicia debería considerar decirle a los tribunales ‘que se jodan’ e ignorar cualquier orden de ese tipo”. Reuveni “percibió que los demás en la sala parecían atónitos y observó miradas incómodas y nerviosas entre la gente. El silencio se apoderó de la sala”, según el relato.

“El abogado de la agencia del [Departamento de Seguridad Nacional, o DHS] informó al señor Reuveni por teléfono que la dirección del [DOJ] había aconsejado al DHS que desembarcara los vuelos en El Salvador”, escribieron los abogados. Añadieron que más tarde Reuveni “tuvo claro que el DHS y el DOJ estaban recibiendo instrucciones contrarias de otra persona para tomar medidas que violaban las órdenes judiciales”.

En abril, el juez James Boasberg halló causa probable para declarar en desacato a la Administración por desafiar su orden de que los aviones regresaran. Un tribunal federal de apelaciones le ha impedido tomar medidas adicionales.

El abogado representaba al Gobierno en el caso civil de Abrego García, deportado a El Salvador aunque tenía una protección judicial que lo prohibía. En la audiencia con la jueza Paula Xinis, de Maryland, sobre la deportación del salvadoreño, Reuveni reconoció que no entendía las razones por las que había sido expulsado y que había sido un error. Ante la petición de su superior de que presentara nuevas alegaciones que mostraran que Abrego García era un terrorista, Reuveni se negó a mentir, según su relato. El presidente Trump, la fiscal general, Pam Bondi, y altos funcionarios de la Casa Blanca le criticaron públicamente y fue despedido.

Nominado para un tribunal de apelaciones

En los últimos meses, se han registrado tensiones entre los trabajadores del DOJ que han puesto en evidencia las decisiones de los líderes políticos que Trump ha nominado para el departamento.

El informe de Reuveni se envió el martes, un día antes que Bove testifique ante el comité judicial del Senado para una nominación a un tribunal federal de apelaciones, previsto para este miércoles.

El superior de Bove, Todd Blanche, criticó que Reuveni hiciera las declaraciones un día antes de la nominación y las calificó de “falsedades supuestamente hechas por un exempleado descontento y luego filtradas a la prensa, violando así sus obligaciones éticas”.

El principal demócrata del comité, Richard J. Durbin, de Illinois, declaró que las acusaciones de Reuveni “no solo demuestran el incumplimiento del señor Bove de sus obligaciones éticas como abogado, sino que sus actividades forman parte de un patrón más amplio del presidente Trump y sus aliados para socavar el compromiso del Departamento de Justicia con el Estado de derecho”.