Medio centenar de venezolanos deportados a El Salvador entraron legalmente a Estados Unidos

Desde el 15 de marzo unos 260 hombres se encuentran encarcelados en la prisión de alta seguridad Cecot, en El Salvador. Llegaron allí porque el Gobierno de Estados Unidos los detuvo y trasladó sin una orden judicial y en secreto. La Administración Trump sostiene que son criminales peligrosos, pero la mayoría de ellos carece de antecedentes penales. Un informe ha revelado que, además, al menos 50 de ellos entraron en Estados Unidos legalmente, aunque el Gobierno asegura que su ofensiva antiinmigración está dirigida contra los indocumentados.

“Estas personas llegaron a los Estados Unidos con permiso previo del Gobierno estadounidense, fueron examinados antes de su llegada, no violaron ninguna ley migratoria estadounidense y el Gobierno los envió sin el debido proceso a una prisión extranjera”, concluye el informe realizado por el instituto Cato, un think tank de Washington.

Para elaborarlo y, debido a la falta de transparencia del Gobierno, Cato ha recopilado la información aportada por las familias, corroborada por documentos oficiales de entrada, declaraciones de testigos y comentarios del Gobierno sobre ellos.

Uno de los migrantes legales contaba con una visa temporal y cuatro tenían una autorización obtenida a través del programa de refugiados de Estados Unidos porque sufrían persecución en sus respectivos países. Los otros 45 habían programado citas con las autoridades a través de CBP One, la aplicación desarrollada por la Administración de Joe Biden para evitar las entradas ilegales y eliminada por la Administración de Donald Trump. De ellos, 24 obtuvieron libertad condicional en Estados Unidos, donde podían vivir y trabajar legalmente hasta dos años, mientras que los otros 21 fueron detenidos en el puerto de entrada.

La mayoría de los liberados encontró trabajo como albañiles, instaladores de tuberías, cocineros y repartidores. También se incluyó entre los deportados a un entrenador de fútbol, ​​un maquillador, un mecánico, un veterinario, un músico y un empresario. Según Cato, tenían un total de 44 hijos a su cargo.

Los detenidos fueron metidos en un avión sin saber cuál era el destino y tampoco se les proporcionó, ni a sus familias y abogados, información sobre los cargos que pesaban sobre ellos. La cadena CBS News publicó una lista con los nombres de los deportados, pero el Ejecutivo no los ha confirmado.

Cato reconoce que no pudo encontrar información en línea de un tercio de los deportados. “Quizás nadie en sus familias sabe que están desaparecidos, o quizás tienen demasiado miedo de hablar. Del 48% de los 174 sobre los que tenemos información, desconocemos cómo cruzaron a Estados Unidos”, dice el informe.

El Gobierno se apoyó en una obsoleta ley de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportarlos, argumentando que pertenecían a las pandillas criminales la venezolana Tren de Aragua y la salvadoreña MS-13. La aplicación de la ley, que solo se ha usado en tiempos de guerra, ha sido temporalmente bloqueada por el Supremo.

Los tatuajes que culpan

Todos los migrantes que entraron legalmente han negado pertenecer a las pandillas y solo dos parecen haber tenido alguna condena penal en Estados Unidos, ambas por delitos menores relacionados con drogas.

A falta de pruebas y de condenas, las autoridades migratorias han basado su acusación de pertenencia a las pandillas en los tatuajes y la ropa que usan. Al menos 42 de los deportados fueron identificados como pandilleros principalmente por sus tatuajes, que, según han evaluado expertos, no se atribuyen a los grupos criminales y son bastante comunes entre la población.

Según MPI (Migration Policy Institute), documentos gubernamentales internos, distribuidos a agentes de bajo rango para ayudarles a identificar los llamados tatuajes del Tren de Aragua, contenían imágenes aleatorias tomadas de internet de todo el mundo. “La operación estuvo plagada de errores y descuidos, que enviaron a personas inocentes a una de las peores prisiones del mundo”, ha señalado Aaron Reichlin-Melnick, abogado del MPI. El Cecot (Centro de Confinamiento de Terroristas) es la cárcel que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, construyó para encerrar a los que presuntamente son pandilleros y es conocida por las deplorables condiciones en que se mantiene a los presos y las violaciones de los derechos humanos.

Andry Hernández, maquillador, fue deportado a El Salvador después de que un agente del Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) determinara que sus tatuajes, que tenían una corona sobre las palabras mamá y papá, probablemente eran tatuajes de pandillas. Como señaló una investigación de New Yorker, Hernández proviene de un pueblo venezolano famoso por su festival anual del Día de los Reyes Magos, que utiliza una corona como símbolo.

También el futbolista profesional venezolano, Jerce Reyes, fue enviado a El Salvador a pesar de no tener antecedentes penales, porque los agentes de ICE determinaron que su tatuaje de un balón de fútbol con una corona, era evidencia de una conexión con el Tren de Aragua. La persona que tatuó a Reyes afirmó que el tatuaje era en honor a su equipo de fútbol favorito, el Real Madrid, que tiene un logo similar.

El caso que más indignación ha causado entre los deportados al Cecot es el del salvadoreño Kilmar Abrego García, después de que el propio Gobierno reconociera que fue enviado por error, ya que contaba con una protección judicial que lo impedía. Este caso ha llegado al Tribunal Supremo, que ha pedido su regreso a Estados Unidos, pero aún sigue abierto y sin señales de que la Administración Trump quiera enmendar sus errores.