El Gobierno de Trump planea mantener a Kilmar Abrego García detenido a pesar del fallo judicial para liberarlo

Kilmar Abrego García, el salvadoreño que fue deportado por error a El Salvador y devuelto a Estados Unidos, debería ser puesto en libertad mientras espera su juicio por tráfico de personas, según una orden judicial dictada el domingo. A pesar de que el fallo supone un triunfo para la defensa, hay pocas esperanzas de que Abrego García quede libre. El Gobierno ya ha apelado la decisión judicial y, aunque no ganara el recurso y el salvadoreño fuera liberado, se espera que las autoridades de inmigración se harían cargo de su custodia por haber entrado de forma ilegal en el país hace años.

La jueza federal Barbara D. Holmes rechazó los argumentos presentados por los fiscales y dictaminó que Abrego García debería esperar el juicio libre, ya que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad. La magistrada contradijo así las afirmaciones del Gobierno que, desde que admitió que le había deportado por error, ha querido justificar su expulsión acusándole de ser una persona violenta y un terrorista peligroso, miembro de la pandilla criminal salvadoreña MS-13 y parte de una red de tráfico de migrantes.

“El Tribunal no puede concluir a partir de la evidencia presentada que la liberación de Abrego representa clara y convincentemente un peligro irremediable para otras personas ni para la comunidad”, escribió la jueza de distrito de Nashville, Tennessee. Homes, reconoció, sin embargo, que su fallo es “poco más que un ejercicio académico”, porque probablemente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detendrá. El miércoles 25 de junio la jueza especificará en una audiencia los términos de la puesta en libertad.

“Permanecerá bajo custodia en espera de su deportación y la orden de liberación del juez Holmes no lo liberará inmediatamente a la comunidad bajo ninguna circunstancia”, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en una solicitud de suspensión del fallo poco después de conocer la decisión judicial del domingo.

La jueza planteó entonces que el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional podrían resolver entre ellos si la prioridad del Gobierno es juzgarlo por los cargos penales o deportarlo. Holmes quiso también incidir en la explicación de los cargos que pesan sobre el detenido.

“Para que quede claro, los delitos por los que se acusa a Abrego son tráfico de personas, no trata de personas”, escribió. “Si bien ‘tráfico’ y ‘trata’ se usaron indistintamente en ocasiones durante la audiencia de detención, existe una clara diferencia entre ambos según la ley. No son intercambiables”, aclaró Holmes.

El tráfico de personas implica el transporte de migrantes que entran de forma ilegal en el país, con su consentimiento. La trata se refiere al comercio y beneficio por la explotación de las personas a la fuerza.

Abrego García fue retornado a Estados Unidos el pasado 6 de junio para enfrentar dos cargos penales: uno de conspiración para el transporte de migrantes indocumentados y otro por transporte de migrantes indocumentados. El salvadoreño se declaró inocente de los cargos en la primera audiencia, que se celebró el 13 de junio.

“Nuestros hijos han pasado tres meses sin su padre, su madre sin su hijo y sus hermanos sin un hermano. Kilmar se ha perdido cumpleaños, el Día de la Madre, la graduación de kínder de Kilmar Jr. y ha pasado el Día del Padre solo. En sus propias palabras: solo Dios sabe la oscuridad que ha experimentado en estos últimos tres meses. Solo queremos que Kilmar vuelva a casa con nosotros, donde pertenece”, declaró su esposa, Jennifer Vásquez Sura. “Ahora que la jueza ha emitido su fallo, rezamos para que Kilmar sea liberado y para que el ICE no vuelva a separar a nuestra familia. Nuestros hijos necesitan a su padre, y yo necesito a mi compañero de vida en casa. Este Gobierno ya nos ha hecho pasar por suficiente oscuridad”, añadió en un comunicado.

El caso de Abrego García se ha convertido en el símbolo de las deportaciones injustas del Gobierno de Donald Trump. Fue uno de los 23 salvadoreños que junto a 238 venezolanos fueron enviados a El Salvador el 15 de marzo sin juicio previo, invocando la anacrónica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que se ha utilizado solo en situaciones de guerra. En El Salvador, los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), la cárcel que levantó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para encerrar a los pandilleros y que se ha ganado fama de mantener a los presos en condiciones inhumanas.

La Administración Trump admitió haber cometido un error al expulsarlo, ya que Abrego García contaba con una protección concedida por un juez en 2019 que impedía su deportación al país de origen, del que huyó cuando tenía 16 años, por entender que se expondría a represalias. Su familia sufría la extorsión de la pandilla Barrio 18, que presionaba también para que Abrego García se uniera a su grupo. Llegó sin papeles a Estados Unidos y se ubicó en Maryland, donde vivía con su mujer, estadounidense, y tres hijos hasta que fue detenido y deportado por el ICE.

A pesar de haber reconocido el error, el Gobierno se negó a devolverlo a Estados Unidos, incumpliendo varias órdenes judiciales, incluida una del Tribunal Supremo. En cambio, se empleó a fondo en describirlo como un delincuente y un miembro del MS-13, sin aportar ninguna prueba. La familia y los abogados han negado siempre que Abrego García tenga vínculos con las pandillas criminales.

Su caso provocó varias protestas en Estados Unidos y llamamientos de parte de líderes políticos y sociales que exigían su regreso.

La construcción de un caso

A cambio, el Gobierno de Trump fue construyendo en secreto un caso penal en su contra para retornarlo y detenerlo nada más pisar suelo estadounidense. Las acusaciones que pesan sobre él se basan en un vídeo de 2022 de un control de tráfico. Abrego García fue interrogado por agentes cuando conducía un coche con nueve hombres latinos en Tennessee. Los agentes consideraron entonces sospechoso que ninguno de los ocupantes llevara equipaje, a pesar de que dijeron que se trasladaban para realizar un trabajo. El incidente no fue mayor y Abrego García continuó el viaje hacia Maryland.

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional le han descrito como un criminal violento y le han culpado de haber traficado también con armas y drogas y de haber abusado de las mujeres que traficaba, aunque no ha presentado cargos sobre ello.

“El fallo del juez confirma lo que hemos dicho desde el principio. Kilmar nunca debió ser deportado y no debería estar en la cárcel hoy”, declaró Lydia Walther-Rodríguez, jefa de Organización y Liderazgo de CASA, la organización que se ha involucrado en su defensa. “El Gobierno intentó justificar retroactivamente una deportación ilegal presentando nuevos cargos, pero la jueza dictaminó que no tienen la facultad de mantenerlo encarcelado. Ahora es el momento de que el Gobierno deje de agravar la injusticia y permita que Kilmar regrese con su familia”, apuntó.

Además del juicio penal, hay un caso civil abierto en Maryland contra el Gobierno por la deportación de Abrego García. La jueza de distrito Paula Xinis ha autorizado una investigación sobre desacato porque la Administración desobedeció las órdenes de retornar al salvadoreño y de informar sobre las gestiones emprendidas para conseguir su vuelta.