Un nuevo informe denuncia abusos y crueldad en el centro de detención familiar del ICE de Dilley

Niños que hablan de depresión, familias que denuncian comida en mal estado y atención médica insuficiente, detenciones que se extienden por meses: ese es el panorama descrito en un nuevo reporte sobre el centro de detención familiar de Dilley, Texas. Un análisis publicado por Human Rights First y la organización RAICES concluye que el encierro de familias migrantes en Estados Unidos ha derivado en un sistema marcado por abusos estructurales, condiciones deficientes y vulneraciones sistemáticas de derechos. El documento, titulado A New Era of ICE Family Prisons (Una nueva era de las cárceles familiares del ICE), se enfoca en las operaciones en Dilley, donde actualmente se concentra este modelo.

Basado en entrevistas con decenas de familias, trabajo legal y documentación directa, el reporte sostiene que prácticas como detenciones prolongadas, acceso limitado al asilo y el uso de amenazas de separación familiar por parte del ICE forman parte de un patrón generalizado, no de casos aislados. “Nuestros hallazgos dejan claro que no existe absolutamente ninguna forma segura ni respetuosa con los derechos para que el DHS encarcele a familias y niños”, afirmó Robyn Barnard, directora de incidencia en temas de refugio de Human Rights First, una organización apartidista enfocada en los derechos humanos.

“El abandono sistemático, la denegación del debido proceso y los daños sancionados por el Estado bajo la Administración Trump constituyen una crisis humanitaria para los niños migrantes y sus familias”, señaló Fais Al-Juburi, codirector ejecutivo de RAICES (Centro de Educación y Servicios Jurídicos para Refugiados e Inmigrantes), organización que promueve la justicia para migrantes.

Los hallazgos coinciden con investigaciones recientes que han documentado el impacto humano de estas políticas. Un reportaje de ProPublica, basado en entrevistas con niños detenidos en Dilley, recoge testimonios que reflejan el deterioro emocional provocado por el encierro. “Desde que llegué a este centro, lo único que siento es tristeza y, sobre todo, depresión”, declaró Ariana Velasquez, de 14 años, tras semanas detenida junto a su madre. Otro menor, Gustavo Santiago, de 13 años, expresó la incertidumbre compartida por muchos: “Siento que nunca saldré de aquí. Solo pido que no se olviden de nosotros”.

EL PAÍS también recogió testimonios similares desde el centro. En una declaración al periódico, una joven detenida junto a su familia, resumió las condiciones del lugar: “No nos tratan como humanos”. La joven describió escasez de atención médica, dificultades para acceder a alimentos y el impacto emocional en los menores, incluidos episodios de ansiedad y pesadillas constantes.

Las denuncias sobre atención médica deficiente, alimentos en mal estado y condiciones insalubres también aparecen en testimonios más extensos. Un reportaje de The Texas Tribune documentó el caso de una familia egipcia detenida durante más de nueve meses, una de las estancias más largas registradas en Dilley. “Esta detención prolongada ha destruido y sigue destruyendo nuestras vidas. Nos está matando poco a poco por dentro”, escribió para el medio uno de los hijos adolescentes en una carta. La familia describió alimentos con moho y gusanos, falta de atención médica adecuada y un deterioro progresivo de su salud mental.

Estos relatos coinciden con los hallazgos del informe de Human Rights First, el cual identifica fallas estructurales en el funcionamiento del centro. El análisis sostiene que muchas familias permanecen detenidas más allá de los límites establecidos por el acuerdo Flores, que en general restringe la detención de menores a unos 20 días, y que el gobierno ha intentado debilitar ese marco legal en tribunales.

El documento también detalla obstáculos sistemáticos para ejercer su derecho a solicitar asilo. Según el reporte, algunas familias enfrentan procesos acelerados sin acceso adecuado a representación legal o sin comprender completamente sus opciones, lo que aumenta el riesgo de deportaciones indebidas. En otros casos, describe presiones directas para que acepten la expulsión, incluyendo advertencias relacionadas con la posible separación de sus hijos.

De igual forma, el informe recoge denuncias recurrentes sobre atención médica insuficiente, retrasos en tratamientos y falta de seguimiento, especialmente en casos que involucran a menores. Estas deficiencias, señala, no son incidentales, sino consistentes con un modelo de detención que prioriza el control migratorio sobre el bienestar de las familias.

Además, el análisis pone énfasis en el impacto psicológico del encierro. La incertidumbre sobre el tiempo de detención, el miedo a la deportación y las condiciones del entorno contribuyen, según el reporte, a niveles elevados de ansiedad, depresión y estrés en niños. En algunos casos, los investigadores documentaron regresiones en el desarrollo infantil y cambios de comportamiento asociados al confinamiento prolongado.

Otro punto central del informe es que una parte significativa de las familias detenidas no corresponde al perfil de “recién llegados” en la frontera, sino a personas que ya vivían en Estados Unidos, algunas durante años, con redes familiares y procesos migratorios en curso. Esto, argumenta, amplifica el impacto del encierro, al implicar la ruptura abrupta de entornos escolares, laborales y comunitarios.

El centro de Dilley, operado por la empresa privada CoreCivic, se ha convertido en el eje de este sistema. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los detenidos reciben atención médica, alimentos y condiciones adecuadas, el informe concluye que estas garantías no se cumplen de forma consistente en la práctica.

A partir de estos hallazgos, Human Rights First y RAICES sostienen que no existe una forma de detención familiar que sea compatible con estándares básicos de derechos humanos. En su lugar, proponen alternativas como la liberación supervisada y el acceso efectivo a representación legal, señalando que estas medidas han demostrado ser más eficaces para asegurar la comparecencia en procesos migratorios sin recurrir al encierro.