Los horrores del centro familiar del ICE de Dilley, relatados por los niños detenidos: “No nos tratan como humanos”

El año pasado, Habiba Soliman debía haber entrado en la universidad para lograr su sueño de estudiar medicina en Harvard. Después de haberse graduado con honores en su escuela secundaria de Colorado Springs, donde vivía con su familia, sus aspiraciones llevaban camino de cumplirse. Ahora su mundo se ha derrumbado. “He perdido mis sueños, mis amigos, mi casa. Mi familia es lo único que me quedaba, así que perderlos también hace que mi vida ya no tenga sentido”, afirma esta joven de origen egipcio desde el centro de detención para familias migrantes de Dilley, en Texas. Habiba llegó allí con su madre y sus cuatro hermanos en junio, pero en enero, cuando creía que nada podía empeorar su situación, la separaron de su familia y la trasladaron a otra sección del centro. Habiba y su abogado creen que es una represalia por denunciar en una carta, además de la injusticia de su detención, las condiciones inhumanas que padecen los detenidos en Dilley, donde miles de niños sufren los daños físicos y mentales del encierro.

Hace ocho meses que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la llevaron allí junto a su madre y sus hermanos después de que su padre, Mohamed Soliman, lanzara en la ciudad de Boulder, Colorado, un ataque contra manifestantes que pedían la liberación de los israelíes secuestrados por Hamás y que se saldó con un muerto y varios heridos. La familia asegura que desconocía los planes del padre, que apenas se comunicaba con ellos, y las investigaciones del FBI no consiguieron pruebas de lo contrario. A pesar de haber colaborado con las autoridades en las pesquisas, dos días después del ataque, el 3 de junio, fueron enviados al centro de Dilley, donde cientos de familias están recluidas con sus hijos menores y sobreviven en condiciones que los detenidos califican de inhumanas.

El ICE justifica la separación de Habiba de su familia porque ya es adulta, pero ella sostiene que es una represalia por haber alzado su voz para exponer las deplorables condiciones del centro. De hecho, cumplió 18 años en junio, pero solo la separaron de su familia unos días después de hacer pública una carta en la que denunciaba el tratamiento que recibían los detenidos, que fue difundida por medios de comunicación y redes sociales. La separación, aunque dolorosa, no le ha hecho callar. “Ya me lo han quitado todo. ¿Qué más me pueden hacer?”, pregunta.

Según la joven, en Dilley hay que luchar para conseguir cualquier cosa: comida, ropa, medicinas... Además, denuncia los traumas que está causando entre los niños su permanencia en un lugar donde no hay escuela, ni juguetes y ni siquiera tienen acceso a asistencia médica cuando la necesitan. “No nos tratan como humanos”, cuenta. Habiba tiene dos hermanos gemelos de 5 años, una hermana de 9 años y otro hermano, de 16. “Lloran todo el día. Tienen pesadillas y se despiertan llorando por la noche. No puedo ayudar a mi madre y la veo sufriendo. No puedo ayudar a mis hermanos y los veo sufrir, no puedo ayudarme a mí misma, es muy muy duro”, lamenta.

Su abogado, Eric Lee, consiguió que pudiera visitarlos una hora al día, pero el resto del tiempo lo pasa en soledad. Uno de los gemelos de cinco años sufrió una crisis de apendicitis, con dolores fuertes, pero la persona encargada de atenderle le dijo a su madre que volviera al cabo de tres días si seguía con dolores. Tirado en el suelo por el dolor, pasaron horas hasta que, al verle vomitar, le llevaron a un médico y, finalmente, fue intervenido. Después de ser dado de alta en el hospital, conseguir la medicación que le habían recetado también fue una tarea difícil.

Lee los visitó en enero y relata la situación de los niños. “La forma en que los guardias hablan a los chicos es terrible, usan malas palabras, los tratan como si no fueran humanos. La comida no se puede comer; mi cliente de nueve años no está comiendo tres veces al día y le está afectando la mente. Cuando piden a los guardias más comida, un poco más de agua o algo, dicen cosas como: ‘No gastes mi tiempo’. La comida, a veces está congelada, y otras, tiene bichos. Los niños ruegan que les des un plátano, algo de fruta, pero no permiten que los lleves”, explica el abogado. Varias madres han contado que hay niños tan angustiados que se autolesionaban o hablaban de suicidio.

El centro de Dilley, que está gestionado por la empresa CoreCivic, estuvo años cerrado y solo reabrió a comienzos de 2025, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca. La necesidad de alojar a todos los detenidos en su campaña contra los migrantes y lograr la mayor deportación de la historia propició la reapertura de cárceles que estaban cerradas y un aumento del número de camas disponibles.

Alrededor de 3.500 detenidos, más de la mitad menores de edad, han pasado por el centro desde su reapertura. Aunque el conocido como Acuerdo Flores, de 1997, fija en 20 días el máximo tiempo que los niños deben estar detenidos en un centro migratorio, un análisis de ProPublica reveló que unos 300 menores enviados a Dilley por la Administración Trump permanecieron allí más de un mes. La publicación ha recopilado cartas de los menores que se encuentran encerrados allí. “Me dijeron que solo podía estar aquí 21 días, pero ya llevo más de 60 días despertándome y comiendo las mismas comidas repetidas”, escribió una niña venezolana de 12 años, que contó que cuando se sintió enferma y fue al médico, “lo único que te dicen es que tomes más agua y lo peor es que parece que el agua es lo que enferma a la gente aquí”.

Otra niña escribió que “conseguir cualquier medicamento, pastilla o lo que sea, lleva tiempo. Hay varios virus y la gente siempre está enferma. Suceden situaciones graves y los agentes no las toman lo suficientemente en serio; no hay consecuencias; no les importa”.

Las denuncias por las deficientes condiciones que sufren los menores en Dilley son cada vez más numerosas y el caso del niño Liam Conejo Ramos, de cinco años, que fue detenido por agentes de inmigración junto con su padre en Minneapolis, llevó el centro texano a los titulares. “Ningún niño de cinco años debería estar detenido de esa manera”, declaró tras visitar el centro el congresista demócrata Joaquín Castro, quien pidió el cierre de las instalaciones.

Los padres de Amalia, un bebé de 18 meses, también se han hecho eco de la falta de atención médica después de la crisis que pasó su hija e hizo temer por su vida. Venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro, son solicitantes de asilo y fueron detenidos cuando acudieron a un control de inmigración en diciembre. A principios de enero, Amalia enfermó con fiebre alta, vómitos y diarrea, lo que la dejó deshidratada y con dificultades para respirar. A pesar de las súplicas de los padres, no obtuvo atención médica y solo le dijeron que tomara remedios básicos para bajar la fiebre.

El 18 de enero, su saturación de oxígeno en sangre descendió drásticamente a 50, y fue trasladada al hospital, donde la ingresaron en cuidados intensivos. A Amalia le diagnosticaron covid-19, virus respiratorio sincitial (VRS), bronquitis viral y neumonía. Diez días después fue dada de alta y, a pesar de la gravedad de la enfermedad, la devolvieron al centro de Dilley, donde le confiscaron el nebulizador, los medicamentos y las bebidas nutricionales recetadas. Sus padres esperaron horas cada día en largas filas para que les dieran una de las bebidas, pero no obtuvieron el resto del tratamiento.

Elora Mukherjee, profesora de la Facultad de Derecho de Columbia y directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes, presentó una solicitud de liberación de la familia por el estado delicado de salud de la pequeña. Tras el fracaso de la petición y las apelaciones, Mukherjee presentó una demanda de emergencia ante un tribunal federal por la confirmación de un brote de sarampión en Dilley y logró su salida.

“Los niños y las familias no tienen acceso a suficiente agua potable, alimentos nutritivos y apropiados para su edad (padres e hijos han encontrado gusanos, insectos y moho en sus comidas), oportunidades educativas significativas o atención médica adecuada. Las luces están encendidas las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que dificulta que duerman. Detener a niños inmigrantes en condiciones inhumanas y degradantes es ilegal, inconstitucional y antiestadounidense. Los niños y las familias en Dilley deben ser liberados”, sostiene Mukherjee.

A Habiba y su familia un juez les concedió la libertad con fianza en septiembre, pero el Gobierno apeló y el juez dio marcha atrás en su decisión del 21 de enero argumentando que no tenían dinero y podrían huir. Gracias a las donaciones de un millar de personas, han conseguido 100.000 dólares, con los que Lee espera poder rebatir la justificación del juez. Sus profesores y vecinos han organizado protestas para pedir su liberación. “Esta detención debe parar antes de que pase algo malo. Todo el mundo tendría que levantarse y decir que detener a familias por largos periodos de tiempo debería ser ilegal. Este sitio se puede aguantar un máximo de 20 días”, dice Habiba en una de sus cartas.