Autoridades locales y estatales impiden al ICE convertir almacenes en centros de detención

Además de en las protestas callejeras que se multiplican por el país y en los debates en el Congreso de Estados Unidos, la batalla contra la agenda migratoria de Donald Trump se está librando en un campo logístico. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está teniendo dificultades a la hora de encontrar dónde alojar a los miles de detenidos con los que ha atestado los centros de detención. El Departamento de Seguridad Nacional ha salido de compras para convertir almacenes en lugares de reclusión y construir nuevos centros en parcelas vacías, pero sus planes no han sido del todo bienvenidos. Los ciudadanos se han manifestado contra la presencia de instalaciones del ICE en sus localidades, alcaldes demócratas y republicanos se han opuesto a la ubicación en sus jurisdicciones, propietarios de los edificios y tierras se han negado a vendérselos y legisladores de varios Estados han sacado adelante propuestas para prohibir la instalación de nuevos centros de detención.

En Nuevo México, la gobernadora Michelle Lujan Grishan firmó la semana pasada la Ley de Seguridad del Inmigrante, que, además de prohibir que los organismos públicos celebren acuerdos para detener a personas por infracciones de inmigración, obliga a rescindir cualquier acuerdo existente de este tipo, vetando que se utilicen propiedades públicas como centros de detención del ICE. Angélica Rubio, una de los legisladores demócratas propulsores de la nueva ley, llevaba 10 años intentando que se aprobara. Solo la oposición que ha despertado la agresividad de las políticas de Trump ha propiciado su aprobación. “Las deportaciones se han hecho más violentas y más visibles y eso creo que es lo que cambió los corazones de los legisladores, que cada año no nos dejaban pasar esta ley. Ver lo que ha pasado en Minnesota, Chicago y Los Ángeles, y saber que nosotros somos parte de ese sistema fue lo que hizo que la consiguiéramos aprobar”, afirma Rubio en una conversación telefónica.

Nuevo México cuenta con tres centros de este tipo, que según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han facilitado "un sistema de abusos, con casos documentados de uso excesivo de aislamiento, atención médica deficiente, falta de agua potable y alimentos, y cinco muertes bajo custodia en los últimos años”. Los republicanos han advertido que el cierre de los centros supondrá despidos y pérdida de ingresos, y el fiscal del condado de Otero, donde se encuentra uno de ellos, ya ha avisado que demandará a la legislatura.

Rubio explica que no se espera que los tres centros activos cierren, pero desde el 20 de mayo ya no podrán mantener a los migrantes que se encuentran encerrados por faltas civiles de inmigración, no por delitos penales. Rubio reconoce que el Estado no tiene control sobre el ICE, pero confía en que la prohibición de permitir el uso de sus instalaciones disminuya las redadas en el Estado. “No le podemos decir al Gobierno federal que no puede continuar las deportaciones. Ellos van a seguir adelante y van a ver otros modos de cómo hacerlo, pero tomamos la decisión de que nosotros no queremos que usen nuestros recursos”, señala.

También en Kansas City, en Misuri, donde el Gobierno planeaba ubicar uno de los mayores centros de detención, el consejo municipal aprobó en enero una resolución que prohíbe durante cinco años la construcción de estas instalaciones en la ciudad. En Maryland, el condado de Howard ha revocado el permiso de construcción de un centro de detención privado que estaba siendo reacondicionado en Elkridge, a unos 16 kilómetros de Baltimore. Las obras de remodelación estuvieron en marcha durante meses sin que se supiera que el complejo era para uso del ICE. Nada más conocer el destino que se le iba a dar, el responsable del condado anunció que impulsaría una normativa para bloquearlo.

Las necesidades del ICE se han disparado desde que comenzó la campaña contra los migrantes de Trump para conseguir la mayor deportación de la historia. Según los últimos datos federales publicados, a mediados de enero más de 75.000 migrantes estaban detenidos por el ICE, casi el doble de los 40.000 que había cuando el republicano asumió el cargo un año antes. En ese tiempo, el número de centros de detención utilizados por el ICE se ha duplicado, llegando a 225 instalaciones repartidas en 48 Estados y territorios. La mayor parte de este crecimiento se produjo a través de contratos existentes con los sheriffs locales o mediante acuerdos para utilizar camas disponibles en las cárceles de condado. Pero el hacinamiento en los centros de la agencia migratoria, donde los detenidos han relatado condiciones inhumanas, con falta de asistencia médica, alimentación insuficiente y malos tratos, se ha convertido en un problema mayor conforme aumentan las detenciones.

Para aumentar el número de camas disponibles, el Ejecutivo cuenta con un presupuesto aprobado de 45.000 millones de dólares, incluido en la “grande y hermosa ley” de Trump aprobada el verano pasado. En diciembre, The Washington Post adelantó que la Administración tiene un plan para la renovación de almacenes industriales en los que albergar a más de 80.000 detenidos. El año pasado se reabrieron prisiones que estaban inactivas, reconvirtieron secciones de bases militares y se construyeron campamentos de tiendas de campaña en regiones remotas. Algunos de los nuevos centros planeados son tan grandes que podrían albergar hasta 8.000 detenidos a la vez, según una hoja de cálculo del Departamento de Seguridad Nacional con más de 20 posibles ubicaciones, que fue verificada por la cadena NBC. La prisión federal más grande de Estados Unidos, por ejemplo, tiene capacidad para unos 4.000 reclusos.

No se vende al ICE

Dos proyectos recientes, en Oklahoma City y en Salt Lake City (Utah), se han visto frustrados porque los vendedores, propietarios privados, se han echado atrás. En ambos casos, los alcaldes han celebrado la retirada.

En Salt Lake City, el almacén iba a tener una capacidad para 7.500 personas. El mismo día que los disparos de un agente migratorio acabaron con la vida del ciudadano estadounidense Alex Pretti en Minneapolis, la alcaldesa demócrata, Jenni Wilson, manifestó: “Me alivia profundamente saber que el Grupo Ritchie no venderá ni alquilará un almacén en Salt Lake City que estaba designado como posible centro de detención del ICE”. Por su parte, el alcalde de Oklahoma City, el republicano David Holt, agradeció a los propietarios haber roto las conversaciones de venta del almacén con la agencia y pidió “a todos los propietarios de inmuebles en Oklahoma City que demuestren la misma preocupación por nuestra comunidad en los próximos días”.

La oposición de la población no ha sido suficiente en otros lugares. El ICE ha cerrado recientemente adquisiciones en Maryland, Pensilvania y Arizona. En este último Estado, en la ciudad de Surprise, el Departamento de Seguridad Nacional ha pagado más de 70 millones de dólares por un almacén de una extensión equivalente a siete campos de fútbol americano. La alcaldía ha declarado que desconocía las gestiones que se estaban realizando para la transacción y subrayó que, en cualquier caso, no tenían poder para impedirlo. “Si bien no participamos en las operaciones del ICE, tampoco podemos interrumpirlas ni impedirlas”, dijo en un comunicado.

El ICE también ha pagado 102 millones de dólares por un almacén del condado de Washington, en Maryland, y 84 millones por uno en el condado de Berks, en Arizona.

La adaptación de almacenes, construidos para el almacenamiento y la distribución de mercancías, en centros de detención plantea muchas dudas sobre su idoneidad. Los locales carecen de la infraestructura necesaria, como sistemas de ventilación y control de temperatura, para acoger a miles de personas. Las instalaciones de detención requieren acceso al transporte, suministro de agua, alcantarillado, energía, personal, atención médica y servicios de emergencia.

Las preocupaciones alcanzan a las propias filas del Partido Republicano. El senador republicano de Mississippi, Roger Wicker, envió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el 4 de febrero para oponerse al proyecto de un centro del ICE en Byhalia: “El centro de detención del ICE tendría una capacidad superior a las 8.500 camas. La infraestructura de servicios médicos y sociales existente en Byhalia es insuficiente para atender a una población de detenidos tan numerosa. Establecer un centro de detención en este lugar supondría una carga significativa para los recursos locales”. Miembros de la comunidad se reunieron con activistas y una organización local para instar al propietario de las instalaciones de Byhalia a no cooperar.

También el proyecto de reconvertir una cárcel de Hudson, en Colorado, ha provocado las protestas de las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, porque el centro se ubicaría a más de 40 minutos de Denver y es inaccesible para las personas que no disponen de un coche.

En la ciudad de Hutchins, Texas, los residentes se manifestaron el miércoles pasado para expresar su preocupación por los rumores de la instalación de un centro del ICE, que podría albergar a más personas que la población total de la ciudad (unas 8.000). Funcionarios de Hutchins declararon que no han recibido solicitudes, permisos, ni comunicación directa de ninguna agencia federal en relación con los planes para un centro de detención, pero señalaron que no podrían evitarlo porque no tienen competencia en materia federal.

El Departamento de Seguridad Nacional lanzó un comunicado el 30 de enero confirmando los planes de expansión. “Las fuerzas del orden del [departamento] están llevando a cabo operaciones policiales en todo el país para garantizar la seguridad de los estadounidenses. No debería sorprender que el ICE esté realizando arrestos en varios Estados de Estados Unidos y que esté trabajando activamente para ampliar su capacidad de detención. Gracias a la Ley de Presupuesto Integral, el ICE cuenta con nuevos fondos para ampliar sus instalaciones de detención y mantener a estos delincuentes fuera de las calles estadounidenses antes de que sean expulsados ​​definitivamente de nuestras comunidades”, publicó.