Los deportados a El Salvador, cada vez más lejos de Estados Unidos

El pasado martes, la jueza Paula Dixon, de San Diego (California), desestimó la solicitud de asilo de Andry Hernández Romero, un inmigrante venezolano que llegó a Estados Unidos el año pasado en busca de asilo, alegando persecución por su orientación sexual y creencias políticas. Ahora lleva más de 75 días detenido en la cárcel de máxima seguridad salvadoreña (CECOT), tras ser deportado por la Administración Trump bajo la ley de Enemigos Extranjeros, y acusado de tener vínculos con la banda Tren de Aragua. Sus abogados y familiares han desmentido reiteradamente que Hernández Romero tenga antecedentes penales y que tenga vínculos con ese grupo y han denunciado que ha sido criminalizado por sus tatuajes.

El fallo de la corte de California se suma a otros 13 que han ocurrido en las últimas semanas —según reportes de la organización Together and Free—, que han desestimado los casos de asilo de extranjeros deportados. Varios abogados de inmigración han denunciado que estas decisiones judiciales están colaborando con las acciones del Gobierno, la falta al debido proceso y acabando con cualquier posibilidad de regreso de los deportados.

“El Departamento de Seguridad Nacional está haciendo todo lo posible para borrar el hecho de que Andry llegó a Estados Unidos en busca de asilo y se le negó el debido proceso, tal como lo exige nuestra Constitución (...) La idea de que el Gobierno pueda desaparecerte por tus tatuajes, y ni siquiera darte un día en la corte, debería causar escalofríos en todos los estadounidenses”, declaró en un comunicado Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Centro Jurídico para los Defensores de los Inmigrantes (ImmDef), una organización sin fines de lucro que representa a Hernández Romero y a otros siete deportados a El Salvador.

El venezolano, de 32 años, también es el principal demandante en una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra la actual Administración, por la deportación de más de 200 inmigrantes a Centroamérica, y que algunos analistas apuntan está llevando al país a una crisis constitucional.

“No soy miembro de una banda. Soy gay. Soy estilista”

El fotógrafo Philip Holsinger, de la revista Time, registró la llegada de los venezolanos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Allí fue testigo de las súplicas de Andry Hernández Romero, mientras lo abofeteaban y afeitaban la cabeza. “No soy miembro de una banda. Soy gay. Soy estilista”, expresó el estilista que jamás pensó que terminaría en una prisión de máxima seguridad.

Ninguno de los abogados que representan a los venezolanos recluidos ha podido establecer contacto con sus clientes, incluso en casos en los que los jueces federales han ordenado explícitamente al Gobierno que facilite dicho contacto. La abogada de Hernández Romero se enteró de su cliente había sido arrestado y enviado a El Salvador por las fotos y videos publicados en los medios de comunicación. “Es horrible ver a alguien a quien conocemos como un artista dulce y divertido, en las condiciones más horribles que pueda imaginar (...) Nos preocupa que pueda sobrevivir”, declaró la jurista a CNN. La organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario denunció el año pasado que 303 reclusos han muerto bajo custodia del Estado salvadoreño, con la agravante de que el 94% de los detenidos no estaban perfilados como pandilleros.

Dedicado al estilismo y el maquillaje durante varios años (su resumen curricular incluye labores en certámenes de belleza como el Miss Venezuela), Hernández Romero emprendió un largo viaje a Estados Unidos a través del tapón del Darién. En un paso fronterizo cerca de San Diego, obtuvo una cita para solicitar asilo. Tras la entrevista de miedo creíble, las autoridades migratorias determinaron que las amenazas contra él eran suficientes para seguir adelante con su caso, y se le permitió la entrada al país; pero solo unos meses después, los tatuajes que el venezolano tenía en ambas muñecas (dos coronas con los nombres de sus padres) fueron evidencia suficiente para que el Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) lo acusara de ser un criminal.

“Los miembros del Tren de Aragua no son fáciles de detectar. Tienen un carácter líquido que les permite adaptarse en cada entorno. Son tan sigilosos que durante años se ha puesto en duda su existencia misma. A diferencia de los carteles mexicanos, no publican videos en los que decapitan a sus enemigos. Algunas detenciones en Chile y Perú muestran a sus cabecillas como tipos discretos que no llevan tatuajes ni han adquirido la estética narco”, declaró a EL PAÍS, la periodista Ronna Rízquez, autora de primer libro sobre la banda. En este sentido, la Unión Americana de Libertades Civiles interpuso una demanda para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional siga catalogando a extranjeros como pandilleros solo por sus tatuajes o su vestimenta a través de un sistema de puntos que, con solo alcanzar la puntuación de ocho, los convierte en criminales: tatuajes de coronas o trenes suman cuatro puntos, y vestir ropa deportiva, otros cuatro. Como han dicho los expertos, estos criterios son más que subjetivos, y se alejan del debido proceso.

Sin evidencia de cargos penales o vínculos con bandas criminales

Una investigación de CBS revela que la Administración Trump mintió sobre los antecedentes penales de los más de 200 hombres deportados a El Salvador, sin control judicial gracias a la invocación de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, y con el alegato de que eran miembros de la banda criminal Tren de Aragua. El reporte cotejó documentos internos del Gobierno con expedientes judiciales nacionales e internacionales, informes de prensa y registros de detenciones que confirman que la abrumadora mayoría de los deportados no tienen condenas judiciales o incluso cargos penales.

El zar de la frontera, Tom Homan, declaró a propósito de las pesquisas que los agentes de inmigración hicieron “rigurosas comprobaciones” para confirmar que los expulsados eran miembros del Tren de Aragua, pero la investigación encontró que solo el 22% de los venezolanos de la lista tenían antecedentes penales en Estados Unidos o en el extranjero por delitos no violentos, como hurtos, robos en tiendas y allanamiento de casas; y solo una docena estarían acusados de delitos graves, como asesinato, violación, agresión y secuestro. En el caso puntual de Hernández Romero fueron sus tatuajes la única prueba para acusarlo. “Son tatuajes que no solo tienen una explicación porque se trata de alguien que trabajó en la industria de los concursos de belleza”, denunció Toczylowski.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional también dijo que las redes sociales de Hernández Romero sugerían su relación con el grupo criminal, pero basta revisar su cuenta de Instagram para cerciorarse que el implicado desde hace una década solo publica contenido relacionado con el maquillaje y el estilismo. La Administración Trump ha alegado tener en su poder pruebas contra los deportados que no podría revelar por tratarse de “secretos de Estado”, pero la abogada de Hernández Romero negó que el Gobierno supiera algo sobre su cliente que ella desconozca. “Y si así fuera, deberían seguir la Constitución, presentar esa información, y darnos la posibilidad de responder a ella”, afirmó a CBS.

Esta es la primera vez que Estados Unidos expulsa a una prisión extranjera a un grupo de inmigrantes acusados de enemigos extranjeros. Lee Gelernt, abogado de ACLU y quien lidera la lucha legal contra el envío de los migrantes al CECOT, indica que la operación es completamente “ilegal”. Por su parte, el Supremo ha ordenado al Gobierno frenar la deportación de extranjeros bajo la ley de Enemigos Extranjeros, pero la posibilidad de que los venezolanos expulsados puedan regresar es cada vez más incierta, y de ello depende que sus casos de asilo puedan ser reabiertos.

Por lo pronto, la representación legal de Hernández Romero ha impulsado una fuerte campaña por su liberación con la etiqueta #FreeAndry, y apelará la reciente decisión de la jueza. “La lucha por la justicia para Andry, nuestros otros siete clientes de ImmDef encarcelados en el CECOT y todos los hombres desaparecidos injustamente continúa hoy con renovada determinación. Seguiremos luchando hasta que Andry esté a salvo y libre”, concluyó Toczylowski.