Florida inicia una operación para detener a más padres y tutores de los menores migrantes no acompañados

La localización de migrantes indocumentados es una de las mayores dificultades con las que las autoridades migratorias de Estados Unidos se han topado para aumentar las detenciones y posteriores deportaciones en esta segunda Administración Trump. Una iniciativa en Florida, con la supuesta seguridad de los niños migrantes como objetivo, pretende ser la punta de lanza para enfrentar esa dificultad y aumentar los arrestos. El mes pasado se puso en marcha en el Estado del Sol la bautizada como Verificación de Seguridad de Menores No Acompañados, que el Departamento de Seguridad Nacional espera extender al resto del país.

La medida implica que las fuerzas de seguridad locales se sumen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) en la tarea de supervisar los hogares que han dado acogida a los niños que ingresaron solos de forma ilegal en Estados Unidos. Desde el Departamento de Seguridad Nacional se justifica que se trata de una iniciativa para luchar contra la trata y explotación de los menores, aunque los críticos denuncian que es una argucia de la Administración para deportar a más personas. Con el acuerdo cobra impulso la caza y captura de los migrantes indocumentados, ya que muchos de los patrocinadores no tienen un estatus legal para residir en el país.

La nueva alianza con las fuerzas del orden “representa el compromiso del ICE de proteger a los niños vulnerables del abuso y la explotación sexual mediante la colaboración con las fuerzas del orden públicas asociadas bajo la sección 287(g). El objetivo principal de esta iniciativa es realizar verificaciones de bienestar a estos niños para garantizar su seguridad y evitar su explotación”, dice el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.

Los defensores de los migrantes, sin embargo, consideran que la seguridad de los niños es solo una excusa, una ramificación más de las políticas adoptadas para lograr la mayor deportación de la historia. “Ha habido muchas informaciones del Gobierno sobre patrocinadores no investigados y casos horribles de abuso de trata, pero esto parece un discurso deshonesto”, opina Mary Miller Flowers, directora de políticas y asuntos legales de la organización The Young Center, dedicada a la defensa de los menores.

El Departamento de Seguridad Nacional hace referencia a 450.000 niños que aseguran fueron entregados durante la Administración de Joe Biden a patrocinadores sin haber realizado la revisión pertinente y aportan ejemplos de delincuentes que el ICE ha detenido al realizar los controles de los hogares. Uno de ellos es el de un guatemalteco arrestado en Texas por trata de personas y violación; la menor no acompañada, de 14 años, estaba embarazada de su patrocinador. Otros casos apuntan a delitos como tráfico de drogas, violencia doméstica o asalto con armas de fuego.

“A muchos de los niños que cruzaron la frontera sin compañía se les permitió ser acogidos por patrocinadores que eran contrabandistas y traficantes sexuales”, afirmó Tricia McLaughlin, portavoz del departamento.

En los controles ya realizados por el ICE, los agentes han detenido a personas que no eran delincuentes y cuya falta solo es estar indocumentados, dejando a los menores en una complicada situación. La iniciativa de Florida anticipa un aumento de los niños que se quedarán sin cuidadores.

Los expertos reconocen que pueden darse casos de abuso y explotación por parte de patrocinadores, pero no es común. Los menores, al llegar solos a Estados Unidos, son entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Esta agencia busca algún familiar o conocido que quiera hacerse cargo de ellos, pero tienen que pasar varios controles antes de entregárselos. En muchos casos son los propios padres, si ya se encuentran en el país, quienes los recogen.

Desde que comenzó la cruzada contra la inmigración de Trump, sin embargo, la Administración ha aprobado muchas medidas que obstaculizan que los familiares se hagan cargo de ellos. “El Gobierno ha implementado políticas que básicamente hacen imposible que una persona indocumentada patrocine a un niño”, explica Miller. Una de ellas es que los adultos que quieran hacerse cargo de los menores tienen que declarar su estatus migratorio, dejándoles vulnerables a la deportación. La obligatoriedad de personarse para recoger a los menores, como las citas en los tribunales, se ha convertido en una emboscada para detenerlos. Se han dado casos de niños que están en custodia que piden a sus padres que no los recojan para evitar que sean arrestados.

“Tenemos el ejemplo de una niña que viajaba en un coche con su amiga y la familia de esta cuando el ICE los detuvo a todos. La niña quedó bajo custodia. Sus padres viven al final de la calle, pero ahora tendrán que pasar por este proceso de verificación, que incluye pruebas de ADN. Implica tener documentos de trabajo formales y una identificación estadounidense, pero la mayoría de las personas indocumentadas no tienen el documento de identidad adecuado. Antes se podía comprobar la identidad con un pasaporte extranjero, pero ya no”, explica Miller.

Datos del HHS muestran que en octubre solo se entregaron 106 niños a tutores, una cifra muy inferior a los más de 8.000 que se entregaban mensualmente al final del mandato de Biden. El periodo que los niños pasan ahora en los centros de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados se ha disparado. Las nuevas reglas han hecho que el tiempo medio de estar bajo custodia sea ahora de casi seis meses, cuando el año pasado era de 30 días.

La situación actual ha propiciado que muchos niños que tienen padres o familiares en el país queden clasificados como menores que carecen de patrocinadores adecuados y se queden bajo custodia federal hasta que cumplan 18 años, edad a partir de la cual pueden ser transferidos al ICE.

La perspectiva de quedarse en un centro encerrados, donde las condiciones para su salud física y emocional no son las adecuadas, es un caldo de cultivo perfecto para que los niños prefieran volver a los países de los que huyeron. La Administración Trump no solo persigue expulsar a los adultos indocumentados, sino que también quiere engrosar la lista de deportados con los menores. Con ese fin, ha aprobado medidas como eliminar la representación legal de los niños en los tribunales de inmigración, donde tienen que defender sus peticiones de asilo solos. Además, están ofreciendo a los niños mayores de 14 años que están bajo custodia 2.500 dólares para que se autodeporten.

“Es una tormenta perfecta. No puedes hablar con tu familia, estás atrapado en un centro de detención federal y cuando llegas a la corte, no tienes representación legal. Así que si tienes 16 años, llevas seis meses bajo custodia y no tienes un abogado, 2.500 dólares parecen una buena opción”, apunta Miller. “Eso no tiene nada que ver con la seguridad infantil. Tiene que ver con aumentar las cifras de deportaciones masivas y deshacerse de estos niños, porque muchos de ellos tienen solicitudes legítimas de protección, y ni siquiera quieren escucharlos”, agrega.