“Nos tratan como si no fuéramos humanos”: menores migrantes denuncian las deplorables condiciones de los centros de detención

“El lugar donde duermo es en realidad una celda. Hace muchísimo frío. El baño no tiene puerta y el suelo está muy sucio. Es muy vergonzoso no tener privacidad para usar el baño”. Es parte de la declaración de una niña de 16 años que refleja las condiciones que sufren los menores en los centros de detención para migrantes de Estados Unidos. Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han recopilado testimonios de niños y sus familias para denunciar el trato que se da a los menores que llegan, con o sin sus padres, en busca de asilo. Confían en que la crudeza de las declaraciones sirva para frenar la moción de la Administración Trump, que quiere eliminar la protección que los menores tienen asegurada —al menos sobre papel— con el Acuerdo Flores.

Ambas partes acudirán el 8 de agosto a una audiencia ante la jueza de distrito Dolly M Gee, de Los Ángeles, que probablemente decidirá si pone o no fin al Acuerdo Flores, que desde 1997 garantiza unas condiciones mínimas para el bienestar de los niños. Según la normativa, las instalaciones donde se aloje a los menores deben ser “seguras e higiénicas” y se les debe proporcionar “acceso a baños y lavabos, agua potable y alimentos… con control adecuado de temperatura y ventilación”.

El presidente Donald Trump considera que ya no es necesario que el Acuerdo Flores siga vigente, porque “no favorece el interés público”, según la moción que su Gobierno presentó en mayo. La Administración afirma, además, que la situación es muy diferente, pues cuando se aprobó la norma hace 27 años no había tanta inmigración como ahora, y que las condiciones dentro de estos centros “han mejorado sustancialmente” desde aquel entonces.

Los testimonios de los niños y sus familiares, sin embargo, dibujan un escenario muy diferente. En los centros controlados por la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), apodados “hieleras” por las bajas temperaturas en que se mantienen, los detenidos duermen hacinados sobre finas colchonetas de yoga, comparten baño con más de una veintena de personas, en muchos casos sin puerta, y no tienen acceso a la luz natural. A cambio, les mantienen la luz artificial encendida las 24 horas del día y los despiertan por la noche para comprobar las tobilleras de control que les colocan. La pésima alimentación y la falta de acceso a las medicinas hacen que muchos enfermen, según relatan los padres.

“Solo podía bañar a mi hija una vez cada dos semanas, porque esos eran los únicos momentos en que el agua de la ducha estaba tibia”, declara una madre. “Cuando mi hija enfermó, un miembro del personal médico me dijo que era mi culpa que mi hija estuviera enferma, porque fue mi decisión traerla aquí. Cuando pedí medicamentos, el personal nos dijo que fuéramos a casa y que los conseguiríamos allí”, relata otra.

La niña que firma la declaración con la que comienza esta pieza —no se identifica por protección— llegó con su madre y dos hermanos pequeños en abril a Estados Unidos para pedir asilo a través de la aplicación de citas CBP One, ya extinta por el Gobierno de Trump. Después de un arduo viaje en el que tuvieron que atravesar cloacas, la madre se entregó a la policía fronteriza, que la esposó y condujo a toda la familia al centro de detención en Chula Vista, en California, a unas siete millas de la frontera con México.

“Todavía estábamos empapados, sucios, con frío y mal olor... Hablaban en inglés pensando que no entendemos las groserías que dicen, pero yo entiendo bastante inglés (…) Escuché a un oficial decir de nosotros: ‘Huelen a mierda’, a lo que otro oficial respondió: ‘Son una mierda’. Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”, declaró la joven. En cinco días no pudieron dejar la celda.

El límite de 72 horas, sobrepasado

Una de las recomendaciones que recoge el Acuerdo Flores es que los menores no deben pasar más de 72 horas en los centros de detención del CBP, pero cada vez se retiene a más niños durante períodos prolongados. Los abogados de los menores denuncian que con frecuencia, se transfiere a los niños a los recientemente reabiertos Centros de Detención Familiar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para semanas adicionales de detención, donde se “reinicia el cronómetro” del tiempo que los niños pasan bajo custodia.

“Los niños son particularmente vulnerables al trauma causado por la confusión, la crueldad y la privación endémicas de la custodia de la CBP”, sostienen el National Center for Youth Law y Children’s Rights, las organizaciones que han recopilado las declaraciones.

“Las instalaciones de la Patrulla Fronteriza no son un lugar para retener a nadie durante días, y mucho menos a niños o personas con necesidades médicas vulnerables”, dijo el American Immigration Council en un comunicado cuando se conoció el fallecimiento de una niña que estaba bajo custodia del CBP en 2023. Anadith Danay Reyes Álvarez, quien sufría de anemia de células falciformes y enfermedad cardíaca, murió el 17 de mayo de ese año en un centro de detención de Texas, donde llevaba nueve días encerrada junto a sus padres. Investigaciones posteriores han revelado que el personal médico no hizo caso de las peticiones de los padres, que pidieron llevarla al hospital al ver el agravamiento de su hija. Anadith sufrió fiebre alta y dolores en el pecho y el abdomen, entre otros síntomas, según dijeron los abogados de la familia, que en mayo pasado presentó una demanda por homicidio culposo.

Solo en el pasado mes de abril, 213 menores superaron las 72 horas de detención recomendada y 14 niños estuvieron encerrados durante más de 20 días, según datos recopilados por las organizaciones demandantes. Se ha registrado el caso de un niño que estuvo más un mes retenido en un centro del CBP. “Eso es una locura”, afirma Scott Bassett, abogado de Amica, una organización que ofrece servicios legales a los menores migrantes no acompañados.

Precisamente para estos últimos se aprobó inicialmente el Acuerdo Flores, que luego se amplió a todos los menores. El nombre lo tomó de una niña salvadoreña de 15 años, Jenny Lisette Flores, que en los años ochenta cruzó la frontera sola. Fue retenida en un centro junto con adultos desconocidos y sometida a registros corporales.

El acuerdo, que Trump quiere eliminar tras intentarlo y no lograrlo durante su primera presidencia, debía ser temporal, hasta que la legislación recogiera las mismas garantías para los menores, pero la ley nunca llegó. El Gobierno de Joe Biden aprobó en 2024 una nueva regulación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), del que depende la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), a donde se trasladan los menores no acompañados. La Administración demócrata también quiso eliminar parte del Acuerdo Flores, porque la nueva normativa ya recogía algunas de las mismas protecciones para los niños que llegan solos, pero las organizaciones de defensa de los menores se opusieron.

Sin juguetes y sin moverse

El Acuerdo Flores requiere que los menores no acompañados sean transferidos en un plazo no mayor de 72 horas a la ORR, donde las condiciones son mejores: los niños reciben servicios educativos, religiosos y juegos, que les estaban vetados en las instalaciones del CBP.

“No había ni un solo juguete. Ni siquiera se les permitía saltar, moverse ni jugar entre ellos. ¿Se imagina tener tres años y que le dijeran que no se moviera durante cinco días? Los agentes pasaban por la habitación y, si los niños se movían, les decían que si no paraban, se los llevarían”, contó un padre en las declaraciones que se presentaron a la jueza Gee.

Amica trabaja con los menores que se encuentran en la ORR, a quienes asesora y ofrece defensa legal en sus casos de asilo. La Administración Trump también ha intentado cancelar los servicios legales para estos menores, pero un juez ha obligado a que la financiación para que puedan tener abogados continúe temporalmente. Bassett explica el riesgo de dejar a los niños sin representación legal ante la corte de inmigración, como quiere el Gobierno: “Una de las cosas más frustrantes es que casi todos estos niños cumplen los requisitos para ganar sus casos. Solo con un abogado, con alguien que sepa qué hacer, podrían quedarse aquí. El problema es que el sistema es tan complejo para ellos que no pueden hacerlo sin un abogado”.

Para reducir el número de menores de los que hacerse cargo, la Administración ha empezado a ofrecer la deportación voluntaria, ya que no pueden ser deportados directamente por la CBP. “Pero incluso la salida voluntaria puede ser muy confusa para los niños. Es algo que debemos asesorar legalmente”, añade Bassett.

El regreso a los países de los que huyeron, donde la mayoría vivió situaciones traumáticas, no es muy atractivo, pero las condiciones con las que se les recibe en los centros de detención tampoco son las más apropiadas para la infancia. “No podemos jugar. Solo dormimos, comemos, lloramos y esperamos”, resume uno de los niños.