Una jueza obliga al Gobierno de Trump a reanudar la defensa legal de los migrantes menores no acompañados

Una jueza federal obligó este miércoles a la Administración Trump a reanudar la asistencia legal de los menores indocumentados que llegan solos a la frontera. El fallo anula temporalmente la orden del Gobierno del 21 de marzo, que canceló la financiación del programa y obligaba a unos 26.000 niños a defenderse solos ante los tribunales de inmigración para solicitar asilo, a pesar de que muchos no entienden el inglés e incluso los hay tan pequeños que aún no saben hablar.

La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, de San Francisco, otorgó una orden de restricción temporal la noche del martes por creer que la medida del Gobierno puede violar la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, que creó protecciones especiales para los niños migrantes que no pueden desenvolverse por sí solos en un complejo sistema migratorio.

La ley exige que el Gobierno garantice “en la mayor medida posible” que todos los niños que ingresan al país solos cuenten con asistencia legal que los represente en los procedimientos y que los “proteja del maltrato, la explotación y la trata de personas”.

La magistrada prohibió además a la Administración recortar la asignación para estos fines. “El tribunal también considera que la financiación continua de la representación legal para menores no acompañados promueve la eficiencia y la equidad en el sistema de inmigración”. La decisión de la jueza extiende el plazo de financiación hasta el 16 de abril.

“Agradecemos que los tribunales reconozcan el daño irreparable que sufrirán decenas de miles de niños si no se gastan los fondos asignados. Este es el primer paso de una larga lucha. Quedan muchas batallas judiciales y mucha defensa”, reconoció Michael Lukens, director ejecutivo de Amica, que junto a Justice Action Center y otras organizaciones afectadas interpuso la demanda.

Lukans hizo las declaraciones en una conferencia de prensa celebrada afuera del Capitolio, en la que también participó el senador por Oregón Jeff Merkley, quien recordó que el Congreso ha autorizado fondos para la defensa de los menores.

“Un proyecto de ley bipartidista decía que nos aseguraríamos de que los niños tuvieran una oportunidad justa y un debido proceso, y eso es lo que se está eliminando. No debería ser necesario un proceso judicial para cumplir con la responsabilidad básica de brindar asesoramiento a los niños”, afirmó.

Los demandados, entre los que se incluyen el Departamento de Salud y Servicios Humanos y su Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), justificaron que los contribuyentes no tienen la obligación de pagar el costo de la asistencia legal directa a los niños migrantes en un momento en que el Gobierno intenta ahorrar dinero. También afirmaron que los tribunales de distrito no tienen jurisdicción sobre la rescisión de un contrato que habría expirado a finales de marzo, informa AP.

A los niños que llegan solos a la frontera se les abre un proceso de deportación y se les traslada a los refugios de la ORR. Desde allí se les busca algún familiar o patrocinador que se haga cargo de ellos y, en caso de no encontrarlo, se quedan bajo custodia de las autoridades. Los abogados les ayudan a navegar por un complicado proceso para solicitar asilo, que incluso con asistencia profesional, resulta difícil.

Experiencias traumáticas

Además de con el proceso legal, las organizaciones les asisten para defenderse ante una cultura que les es ajena y un ambiente hostil. Muchos de los niños arrastran las consecuencias de haber vivido situaciones traumáticas.

“Pueden sufrir maltrato de diversas formas en su país de origen, en el camino a la frontera o después de cruzar a Estados Unidos. Incluso una vez que se les asigna un patrocinador, el impacto de estar inmersos en un país completamente desconocido y solos puede ser considerable. He visto casos de niños de cuatro años que antes hablaban y se negaban a hablar durante semanas, o de adolescentes previamente sanos que intentaban autolesionarse sin un adulto de confianza que defendiera sus intereses”, declaró en la comparecencia ante los medios el doctor Nicholas Cuneo, profesor asistente de pediatría de la Universidad Johns Hopkins.

Otros asistentes que trabajan con los niños explicaron el daño que supondría la eliminación de los fondos, que recibe Acacia, la organización que gestiona la red de ayuda y subcontrata a otras para realizar esa la labor. El Gobierno, al cerrar el grifo, sólo permitió que continúe el programa que da información de sus derechos a los menores.

La mayoría de los niños, dicen sus defensores, cumplen los requisitos para quedarse en Estados Unidos, pero las posibilidades de ganar el pulso frente a un fiscal experto en inmigración que busca su deportación es muy pequeña si no hay un profesional que les guíe.

“Quiero representar a la joven de 14 años y a su bebé que huyeron del incesto de su padrastro en una comunidad remota que no pudo protegerla. Quiero representar al joven de 16 años que fue percibido como gay en un país donde eso significaba violencia e incluso la muerte. No quiero decirles que la promesa que hice de representarlos es una promesa que ya no puedo cumplir. Estos niños y jóvenes son sobrevivientes, pero no son abogados”, dijo Susan Reed, directora de Michigan Immigrant Rights Center, organización que lleva la representación de unos 800 niños.