Casas abandonadas para gente sin casa: el plan de México que convertirá a Alejandra en dueña de su vivienda

Su casa es tan pequeña que basta dar una zancada desde la puerta de entrada para situarse en la siguiente vivienda, idéntica a la suya, pero de otro color. Por el marco de esa puerta asoma Alejandra Gálvez, de 45 años, con su bastón de hierro: malhablada, alegre y generosa, una fuerza de la naturaleza. La vida es ruda pero yo lo soy más, dice con el cuerpo. Alejandra viene de Coatzacoalcos, en Veracruz, y ha atravesado media República antes de acabar en Huehuetoca, en el populoso Estado de México. Desde hace 10 años vive en una casa que invadió después de rentar otra en la que la dueña entraba cuando quería y sin avisar. “Yo veía la casa y veía que nadie llegaba y un día dije: ‘Chinga, ahí me meto. A la malagueña”, ríe. Entonces solo estaba el puro “cascarón”, como han bautizado a las casas que han sido abandonadas primero y desvalijadas después: un espacio de tres por diez con un puñado de paredes y un techo. Sin puertas, ni luz, ni agua, ni nada que lleve al rastro de un hogar. Ella lo convirtió en uno, poco a poco, con ayuda de sus conocidos:

—Yo te pongo el cableado por 200 pesos, pero ¿dónde vives?

—Hasta El Dorado, Huehuetoca.

—¿Y eso dónde está?

—Ya cerquita del infierno, pendejo.

Alejandra, que desde que se accidentó con una moto sobrevive con una pensión de incapacidad de 3.200 pesos cada dos meses, recuerda las obras, los precios y el sudor de cada pequeña reforma de una casa que no es suya, pero que podría llegar a serlo. El Gobierno de Claudia Sheinbaum se ha propuesto abordar la monumental crisis de vivienda que atraviesa México y, parte de ese plan integral, que comenzó tímidamente en el sexenio anterior, consiste en regularizar a quienes viven, como Alejandra, en viviendas que pasaron a ser propiedad del Infonavit porque hace años que nadie las paga.

Hay al menos 842.000 unidades en situación irregular en todo el país, de las que la dependencia solo sabe que el crédito que concedió para su adquisición ha quedado sin pagar. Si ahora están habitadas, si quienes las habitan son los dueños originales o un tercero, si están abandonadas, desvalijadas o apropiadas por el crimen organizado, es un misterio. La Secretaría de Bienestar ha comenzado a elaborar un censo, casa por casa, para comprobar quién y en qué condiciones ocupa cada una.

En realidad, detrás de esa dramática cifra se esconde una mayor: el INEGI cifra en más de seis millones el número de viviendas deshabitadas en todo el territorio, con independencia de si fueron sufragadas por el Infonavit y de cuáles fueron las razones que llevaron a sus dueños a abandonarlas o a dejarlas sin ocupar. Son aproximadamente el 20% de todas las viviendas levantadas en México, es decir, una de cada cinco. Eso, en un país con un déficit habitacional de nueve millones de casas, ya sea porque hay que construirlas o porque hay que rehabilitarlas, según el informe sobre vivienda de la Secretaría de Desarrollo Territorial de 2024.

Ese paradójico amasijo de cifras tiene su origen en la disociación entre las políticas de vivienda y las del ordenamiento territorial. “Estamos construyendo casas, no ciudades, y esa es una de las causas del problema de vivienda que tenemos hoy”, resume Fernanda Lonardoni, representante de ONU-Hábitat en México, Cuba y Centroamérica. En México, la separación se produjo, sobre todo, entre los años 90 y la primera década de los 2000. Las grandes constructoras edificaron miles de viviendas en terrenos baratos pero alejados de los trabajos, los servicios públicos y el transporte, puro pasto para el crimen organizado, que se ha adueñado de muchas de esas zonas.

Tanto es así que, en algunas de las cerradas de los fraccionamientos, los equipos de censores de la Secretaría ni siquiera han podido pasar, según relatan ellos mismos, porque el “administrador”, quien de facto se ha hecho con el control de los edificios, no les ha permitido el acceso. “Va a tener que venir alguna autoridad para poder terminar el trabajo”, confiesa una de las censoras de Huehuetoca: hay cientos de viviendas que están quedando sin registrar. De las que han logrado visitar, dicen: “La mayoría están pagando engañados a alguien que dice ser el dueño y en realidad no lo es”.

La expansión urbana sin intervención del Estado para decidir dónde se debía construir se ha traducido en un paisaje desolador sobre el terreno. El fraccionamiento donde vive Alejandra Gálvez ilustra a la perfección las décadas de descomposición social en las que ha derivado esa mala planificación, que a la especulación inmobiliaria suma el abandono institucional, y que ha dejado a su paso enormes campos de viviendas minúsculas, uniformes y más “cerquita del infierno” que de cualquier otra cosa. Desplazarse hasta Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México, cuesta desde estas zonas unos 50 pesos: son 100 pesos al día para quien llega a diario a trabajar, mientras en la capital el transporte público cuesta 10 veces menos.

Entre Huehuetoca y Zumpango, en los alrededores del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), se concentra gran parte de las viviendas irregulares del Estado de México, una de las regiones donde el problema es más acuciante: son 10.600 en el primer municipio y casi 19.000 en el segundo. El Dorado, el fraccionamiento de Alejandra, es uno de los que califican como “foco rojo”, por la inseguridad y por la cantidad de unidades “emproblemadas”.

Cuando llegaron los censores a contarle el plan de regularización, a Alejandra se le abrió el cielo. “La verdad, no sabía si creerlo, si reírme o si ponerme a llorar. Tanto que le he sufrido, y nunca pensé que me llegaría el día en el que pudiera tener la casa”, se emociona la veracruzana, que perdió a su marido y a su hijo ―asesinado uno, muerto en un accidente el otro― y vive con dos perritas que rescató del basurero, Catalina y Pulguita.

Alejandra se ha abierto camino a base de golpes y paciencia. Ahora, además de cobrar su pensión, cuida coches desde primerísima hora en el centro de Huehuetoca a cambio de una propina. “Y antes, cuando podía, hacía gelatinas o cafés y los vendía. Ya con eso sobrevivía”, relata. Con ese dinero le fue invirtiendo a la casa y ahora sueña con hacerle un segundo piso, “para que entre el aire a todo lo que da”, y para que sus sobrinos puedan ir a visitarla. También quiere regularizar sus facturas. “Yo prefiero hacer mis pagos. Si tú quieres, poco a poco, pero irlos pagando, porque a final de cuentas yo vivo en la casa, es a mí a quien le sirve”, razona.

El proyecto del Gobierno que permitirá, en principio, que desarrolle todos esos planes, tiene un precedente similar en el sexenio anterior. “Nosotros nos centramos en la frontera norte para ir recuperando zonas urbanas. Hicimos programas en Mexicali, en Ciudad Juárez y en Reynosa, y también en el Estado de México”, explica Carlos Martínez, exdirector del Infonavit. En total, lograron recuperar unas 25.000 viviendas, dice, de las que el 67% fueron revendidas a quienes las habían comprado originalmente pero las habían perdido por no poder pagarlas. El ambicioso objetivo de Sheinbaum es recuperar 600.000.

Joaquín Santiago: un crédito legal y nadie a quien reclamarle por los servicios

Las preguntas retóricas se amontonan en el fraccionamiento donde reside Joaquín Santiago, en Zumpango, a 20 kilómetros del AIFA. “Nos dijeron que habría trabajos, ¿cuáles?“, ”Si tienes dinero vas al hospital, ¿y si no?“, ”Iba a haber muchas áreas para niños, ciclovías, alberca... ¿Dónde están?“. Joaquín, de 35 años, llegó con su mamá al recinto de Santa Isabel después de toparse con la publicidad que las grandes constructoras desplegaron en Ecatepec, el municipio más poblado del Estado de México, adonde se había mudado para trabajar desde la región mixteca oaxaqueña. ”Yo me decidí por Homex porque nos ofrecía muchas ventajas, pero no se cumplió ninguna", dice.

Era 2013 cuando consiguió su crédito con el Infonavit y 2020 cuando perdió la esperanza de que la constructora acabara las obras. Ahora, las casas habitadas como la suya conviven en la misma hilera con las que se han convertido en poco más que un basurero. También con todas aquellas que la empresa dejó sin terminar: bloques de cemento uniformes y repletos de puro aire. El dichoso cascarón. Las consecuencias de que dejaran el trabajo a medias son monumentales: ninguna autoridad local reconoce el fraccionamiento como parte de su municipio, por lo que no hay quien provea servicios públicos como el agua, ni tampoco a quien reclamarlos. Este recurso lo compran en pipas privadas: 150 pesos el tanque, y no siempre limpia. ¿Y si ese mes no te alcanza? Vuelven las preguntas retóricas.

La existencia de fraccionamientos no municipalizados es un problema especialmente presente en este Estado, explica el exdirector del Infonavit. “A diferencia de otros países, donde primero se urbaniza y luego llega la empresa y pone las casas, en México esos años fue la constructora quien ponía todo, porque el municipio no tenía recursos para hacerlo”, elabora. “El problema es que los mandatos de los alcaldes eran más cortos que las obras, y quien las recibía no era quien las había aprobado, y muchas veces no las recibieron, o bien porque la constructora las había dejado sin terminar o bien porque el municipio no se podía comprometer a mantener los servicios”, concluye: “Se volvió un tema de gran frustración social, porque los vecinos reclamaban y cada uno les derivaba al otro”.

Joaquín da buena cuenta de ello. “Aquí nadie nos respalda, ni el municipio ni Homex, que ya ni existe. Nos quedamos en el olvido y ya”, claudica. Para todos menos para el crimen: a las 10 de la noche están todos en casa, y a las 11 comienzan a escuchar las balas, pero no se ve ni una patrulla por las calles.

Quienes, como él, pagaron su crédito confundidos por la publicidad engañosa, conviven pared con pared con quienes invadieron sus casas, como Alejandra. Dos realidades que se tocan no solo en la vida cotidiana sino también en los efectos del plan de regularización. “Para mí sería excelente”, sostiene Joaquín: “Mejoraría demasiado el entorno, porque nos haríamos más responsables”. Los que no son dueños de sus viviendas son más reticentes a cooperar cuando hay que reunir dinero para hacer alguna reparación, pero también se benefician de ello. Hacerlos partícipes de la comunidad, dice, sería la mejor forma de lograr que se involucraran: “Para nosotros sería lo mejor que nos podría pasar”.

50 años de políticas de vivienda deficientes

La gigantesca bola a la que ahora se enfrenta el Gobierno, que también se ha propuesto construir un millón de casas nuevas y facilitar modalidades de alquiler social y no solo de compra, se ha ido formando poco a poco a lo largo de las últimas décadas. México se centró en los años 70 en hacer un país de propietarios, “hasta el punto de que más del 80% de la población llegó a ser propietaria de su vivienda”, dice Carla Escoffié, abogada especializada en derecho a la vivienda, pero esa cifra escondía muchos problemas, como la ausencia de acceso a los servicios y al transporte. Aun así, completa, “siguieron apostando a los créditos públicos, que además excluyen a las personas de la economía informal, que son la mayoría en el país”.

El resultado de ese planteamiento “es la acumulación de un buen número de errores administrativos, de un sistema financiero muy perverso y de un aprovechamiento de las empresas vivienderas que produjeron esas unidades habitacionales”, enumera Alejandro Suárez Pareyón, arquitecto de la UNAM. En suma, apuntala Fernanda Lonardoni, de ONU-Hábitat, “la vivienda se ha ido transformando en uno de los pilares de nuestros sistemas financieros”: “No hay nada que nos deje más conectados a un banco que una vivienda”.

Ese modelo estalló en México, las vivienderas quebraron y fue quedando un reguero de casas abandonadas por lejanía o malas condiciones, y de deudores que no podían hacer frente a los créditos. Cuando el Gobierno quiso hacerse cargo por primera vez de ello, a partir de 2014, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, lo hizo a través de los denominados juicios masivos del Infonavit, procesos que incluían miles de casos al tiempo en los que el Instituto demandaba a los deudores y, eventualmente, se quedaba con la titularidad de las casas impagadas. “Lo que sucedió es que el Infonavit estaba peleando en un juzgado de Nayarit una casa que se había dejado de pagar en Cancún, y la persona que vivía en Cancún jamás se enteró del juicio. Fue una estrategia muy perversa”, explica Carlos Martínez. El Gobierno actual cifra en 373.000 los afectados por estos procedimientos masivos.

Aunque el Ejecutivo ha promovido la invalidez de estos procesos que acumulan numerosas irregularidades, hasta la fecha ningún tribunal los ha desestimado. De ellos salen muchas de las viviendas que pasaron a ser propiedad del Infonavit y que ahora el instituto quiere devolver, mediante reventas flexibles o rentas sociales, a los antiguos acreditados u otras personas que puedan hacer uso de ellas. Las condiciones de cada vivienda son diversas y no todas serán tan fáciles de recuperar: las que fueron abandonadas hace 15 años por falta de transporte, por ejemplo, pueden ser más sencillas de rehabilitar si los accesos han mejorado en este tiempo. Más difícil será recuperar aquellas que quedaron vacías por problemas en la estructura, pues requerirán más inversión. En cualquier caso, dice Lonardoni, “también hay un coste en la no acción”: “Los países que tuvieron iniciativas para avanzar hacia la regularización no tuvieron como resultado la reproducción de la informalidad, al contrario”.