El Gobierno abre la puerta a que los ocupantes irregulares de viviendas del Infonavit puedan comprar o rentarlas

El Gobierno se ha propuesto regularizar el polémico fenómeno de las viviendas ocupadas. El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, ha abierto la puerta a que las personas que hayan ocupado una vivienda de interés social, sin contar con los documentos que acrediten la propiedad, tengan la posibilidad de comprarla o rentarla tras el abandono o desocupación de sus dueños originales. Una propuesta que ha generado un aluvión de críticas.

“Actualmente, el cálculo es de que hay 843.000 viviendas emproblemadas (sic)”, dijo el titular del organismo de vivienda esta semana. “Se les llamaba abandonadas, vandalizadas, lo cierto es que no sabíamos la condición específica de estas 843.000 viviendas; lo que sí sabíamos es que no pagan”, añadió.

“Las viviendas habitadas que están de manera irregular, la idea es que ya no haya desalojos, antes era lo que se acostumbraba”, comentó, para después proponer que los actuales ocupantes irregulares puedan acceder a un esquema de renta con opción a compra para los derechohabientes y no derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “De manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo, la casa y a los cuatro o cinco años sean ya dueños de su vivienda”, agregó.

La propuesta ha generado un aluvión de críticas. El despojo de la vivienda ha estado recientemente ocupando el foco de la opinión pública. En abril, la septuagenaria Carlota ‘N’ arremetió contra los invasores de su vivienda en el municipio de Chalco, en el Estado de México, que recibió 1.556 denuncias por este delito en 2020 (el dato más reciente), solo seguido de cerca por la Ciudad de México, con 1.418, de acuerdo a las autoridades.

Las viviendas de interés social que fueron construidas en periferias sin acceso a servicios básicos y posteriormente abandonadas han provocado un creciente problema de ocupación irregular. El dato más reciente de viviendas de interés social, adquiridas mediante programas de vivienda gubernamentales e institutos como el Infonavit o el Fovissste, para los trabajadores del Estado mexicano, revelan que en entidades como Zacatecas, el porcentaje de desocupación llega al 20%, aunque otros estudiosos estiman que la cifra puede alcanzar el 30%.

Por un lado, la urgencia de tener un lugar donde vivir y por otro, la oportunidad de hacerse de un bien inmueble son dos de los principales motivadores del despojo de vivienda. Al respecto, se han presentado varias iniciativas de ley para evitar que los propietarios de una casa o departamento puedan ser despojados de su bien, sobre todo cuando son adultos mayores. La posibilidad de que los ocupantes de una vivienda puedan comprarla plantea un nuevo dilema en la configuración de la vivienda en el país.

En ese sentido, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que la medida tiene excepciones para los casos en los que haya denuncias por despojos, los cuales, deberán investigarse. “La excepción está en que si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia donde hay un propietario”, dijo este martes desde Palacio Nacional.