Trump hace del asilo un mecanismo cada vez más inalcanzable en Estados Unidos

Mientras miles de ciudadanos salen a las calles para protestar por las masivas deportaciones, el Gobierno de Trump busca la forma de aumentarlas. Eliminar el asilo, o reducirlo a mínimos es parte de la ofensiva. La última maniobra es instar a los jueces de inmigración a que aceleren la desestimación de los casos. Según ha revelado la cadena NBC, el Departamento de Justicia ha enviado a un memorando a los magistrados para que acepten con celeridad las peticiones de desestimación que presenten los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de forma oral.

“Las decisiones orales deben completarse dentro del mismo espacio de audiencia el día en que concluyen los testimonios y los argumentos”, recoge el memorando, con fecha del 30 de mayo. El documento también dice a los jueces que “no se requiere documentación o información adicional” para conceder las desestimaciones. Si el caso de asilo es rechazado, el migrante quedaría a expensas de los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que esperan afuera de las cortes para detenerlos y deportarlos.

El asilo es el mecanismo por el que quienes son perseguidos por su nacionalidad, raza, religión, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social pueden ser admitidos en Estados Unidos. Los migrantes pueden solicitarlo al cruzar la frontera. Otros extranjeros, que llegaron con permisos temporales, como el TPS (estatus de protección temporal) o el parole humanitario, ambos programas cancelados por el Gobierno, optan por pedirlo antes de que venzan sus licencias. El asilo ofrece una vía para obtener tarjetas de residencia permanente e incluso la ciudadanía.

Los casos son difíciles de ganar, pero varias medidas adoptadas por el Gobierno Trump han disparado la denegación de las solicitudes. En marzo, un 76% de ellas fueron rechazadas, de acuerdo con datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse. “En un mes, los jueces de inmigración aceleraron las denegaciones de asilo a un ritmo récord, lo que plantea preguntas sobre el futuro del sistema de asilo”, ha señalado Austin Kocher, profesor asistente de esa universidad especializado en inmigración.

Sin permiso de trabajo

El Gobierno también planea eliminar el permiso de trabajo para los solicitantes de asilo, lo que dejaría a millones de personas y sus familias sin un medio con el que mantenerse. Así lo reveló la semana pasada la cadena CBS en una exclusiva tras haber hablado con dos fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La suspensión de los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo podría empujar a los migrantes a la economía sumergida. La legislación actual, que data de la década de los 90, les permite pedir un permiso de trabajo 150 días después de presentar su solicitud de asilo y pueden obtenerlo al cabo de 30 días. Como no es extraño que los casos tarden años en resolverse, los solicitantes pueden entre tanto tener una fuente de ingresos para mantener a sus familias.

En su primer mandato, Trump ya intentó atacar el proceso de asilo a través de los permisos de trabajo, ampliando el tiempo necesario para solicitarlo a un año, en vez de los 150 días reglamentarios. El Gobierno de Biden canceló ese cambio y reinstauró el plazo anterior.

La cruzada contra la inmigración de Trump ha supuesto que muchos de los recién llegados a la frontera sean deportados, incluso a terceros países, antes de presentar su solicitud de asilo. También se han expulsado migrantes que tenían procesos abiertos, como el caso de Daniel Lozano-Camargo, un venezolano de 20 años deportado a El Salvador, a pesar de que un juez lo había prohibido hasta que se resolviera su proceso.

“Existe la percepción de que intentar venir aquí no vale la pena, ya que es un proyecto muy arriesgado. La idea de esta Administración de disuadir a la gente parece estar teniendo éxito. Para nosotros, el precio de este éxito es la crueldad, es el maltrato a millones de inmigrantes”, critica Paul Christian Namphy, director de organización de Family Action Network Movement (FANM), una entidad de defensa de los migrantes.

Eliminar el asilo ha sido uno de los objetivos prioritarios de Trump para luchar contra lo que calificó de “invasión” de extranjeros durante la Administración de Joe Biden. El demócrata ya restringió la concesión de asilo en 2024 para defenderse de la acusación de haber permitido una política de frontera abierta, lo que redujo drásticamente la entrada de migrantes. Para disminuir los cruces ilegales, Biden aprobó varios programas que el republicano ha cancelado.

Uno de ellos fue el CBP One, cuya eliminación incluyó Trump entre la batería de órdenes ejecutivas que firmó el primer día en la Casa Blanca. Con este programa, los migrantes podían pedir citas para presentarse ante un tribunal de inmigración para solicitar el asilo. En abril, la Administración envió un correo electrónico a quienes habían entrado al país con una de estas citas, anunciando la revocación de sus permisos de residencia y trabajo. Les ordenaba que abandonaran el país inmediatamente. Casi un millón de personas llegaron al país por medio de el CBP One desde que Biden lo instauró en enero de 2023.

Directrices para los jueces

Las nuevas directrices para los jueces inciden en la presión recibida para que faciliten las deportaciones expeditas, expulsiones realizadas sin que haya una orden judicial de por medio. En abril, la Administración sacudió los tribunales de inmigración al instar a los jueces a que rechazaran las solicitudes de asilo sin necesidad de una audiencia, dejando a los solicitantes sin la posibilidad de defender su caso. Un memorando interno, firmado por la directora interina de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), Sirce Owen, les anunció los “nuevos estándares legales” que los faculta a revisar y rechazar casos de asilo “legalmente insuficientes”. Las nuevas directrices obligaron a los jueces de inmigración a tomar “todas las medidas apropiadas para resolver de inmediato los casos en sus expedientes que no tienen vías legales viables para el alivio o la protección contra la deportación”.

La Administración Trump ha culpado a Biden de permitir el abuso del mecanismo de asilo para los migrantes que huyen de sus países por otras razones que no justifican este método, como las circunstancias económicas. Aunque el expresidente consiguió reducir los encuentros en la frontera con la aplicación CBP One, los tribunales de inmigración están desbordados.

La EOIR tiene pendientes más de 3,7 millones de casos, la mayoría de asilo. Al comienzo de la primera Administración de Trump había 520.000 casos para resolver y al inicio del Gobierno de Biden aumentaron a 1,2 millones. El USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) gestiona aproximadamente 1,5 millones de solicitudes de asilo, mientras que los tribunales de inmigración tienen pendientes algo más de dos millones. Trump prometió abordar el atraso en los tribunales, pero a cambio, en febrero, despidió a una veintena de jueces de inmigración como parte del recorte de funcionarios de la Administración.

La embestida contra el asilo ha aumentado con otras medidas recientes, como la prohibición de entrada de los ciudadanos de 12 países. En la lista se encuentran Afganistán, Irán, Libia, Sudán, Yemen, Venezuela y Cuba, donde muchos de sus ciudadanos cumplían los requisitos para optar al asilo debido a la persecución que sufren en sus países de origen.