La CEOE expresa su “preocupación” por la imposición a las telecos de atender en catalán

La CEOE observa con “preocupación” el pacto al que ha llegado Junts per Catalunya con el Gobierno a través del Ministerio de Consumo para que las grandes compañías que operan en España tengan que atender al cliente en catalán y en los demás idiomas cooficiales cuando así se requiera. El compromiso afecta a aquellas empresas que tienen una plantilla de más de 250 trabajadores o una facturación superior a los 50 millones de euros.

“A la vista de la información publicada en los medios y en espera de conocer el texto y alcance concreto del pacto alcanzado por Junts y el Gobierno, respecto al Proyecto de Ley de Atención a la Clientela, CEOE muestra a priori su preocupación por el aumento de la carga burocrática que puede suponer, en contra de la necesaria reducción que venimos defendiendo en España y en el ámbito de la UE", indican fuentes de la gran patronal española.

Desde CEOE también protestan “por el incremento de los costes operativos y de adaptación y por la pérdida de competitividad que implicaría para las empresas españolas”. “Asimismo”, agrega la CEOE, “queremos mostrar nuestra inquietud por el impacto sobre la eficiencia y la calidad del servicio que implicaría la adopción de obligaciones respecto a las lenguas cooficiales en empresas sin implementación en sus respectivos territorios”.

Por su parte, DigitalES, la patronal que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, MasOrange, Vodafone y Dgi, entre otras) apoya las mejoras del Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, pero ve “efectos contraproducentes” en la introducción de una enmienda que obligue a atender en todas las lenguas oficiales, ya que sería “redundante e incoherente con el resto del articulado”, según ha señalado este miércoles en un comunicado.

La Asociación Española para la Digitalización considera en un comunicado que algunas enmiendas, “lejos de mejorar el servicio, podrían generar efectos contraproducentes” y recuerda que las empresas de DigitalES ya garantizan los derechos lingüísticos de los ciudadanos a través de distintos canales de atención.

El director general de DigitalES, Miguel Sánchez, insiste en que “obligar a ello supondría una carga desproporcionada, especialmente en sectores con alta rotación y en regiones donde no existe suficiente disponibilidad de profesionales con ese perfil”. Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que Junts anunciara este martes un acuerdo con el Gobierno para “blindar” el catalán en ese proyecto de ley, que ha recibido 234 enmiendas y que se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso.

No obstante, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 señaló que la posibilidad de reclamar en el servicio de atención al cliente en lenguas cooficiales solo se contemplaría en las grandes empresas que ofrezcan sus productos o servicios en esos territorios. Sin embargo, PSOE y ERC han dejado abierto al debate parlamentario la extensión a todo el país de la obligación para las grandes empresas de prestar la atención al cliente en catalán y el resto de lenguas cooficiales.

Para el director general de DigitalES, la normativa “ya reconoce el derecho de los clientes a ser atendidos en la lengua de su comunidad autónoma, por lo que imponer nuevas obligaciones resultaría redundante e incluso incoherente con el resto del articulado”. Asimismo, otro aspecto que plantea revisar es la obligación de que el 95% de las llamadas sean atendidas en menos de tres minutos, pues considera que es un nivel de exigencia “excesivo” si se compara con servicios críticos.

Esta situación “obligaría a sobredimensionar plantillas en un sector con márgenes muy ajustados, lo que restaría estabilidad en el empleo e incluso podría afectar a la calidad del servicio, por lo que pide la reducción de ese porcentaje al 90%”.

En la misma línea, la patronal madrileña integrada en CEOE, CEIM, carga con dureza contra la medida: “Los empresarios de Madrid exigimos al Gobierno respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones, que tanto dañan la competitividad empresarial. Es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales”.